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Crédito: Agencia UNO (temática)
Una serie de propuestas en materia de transparencia para las FF. AA. formuló el Consejo para la Transparencia en una minuta que ya está en manos del ministro de Defensa y los presidentes de las comisiones del ramo del congreso. El corazón del plan apunta a modificar el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que entrega ciertos privilegios de secreto o reserva de información. A juicio del CPLT, el marco actual favorece la existencia de “bolsones de opacidad, que impiden la debida rendición de cuentas de parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros hacia la ciudadanía, permitiendo amparar irregularidades en su actuar”.
Una serie de oficios despachó en las últimas horas el Consejo para la Transparencia con sus propuestas para un nuevo trato en transparencia y acceso a la información de la documentación de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
La minuta, que corresponde a la presentación del Consejo para la Transparencia ante la Comisión Especial Investigadora respecto de irregularidades en contra del Ejército en procesos de adquisición, fue dirigida al ministro de Defensa, Alberto Espina, y a los presidentes de las comisiones de Defensa del Senado, Carlos Bianchi, y de la Cámara de Diputados, Manuel Antonio Matta.
El corazón de la propuesta del CPLT apunta a modificar el artículo 436 del Código de Justicia Militar bajo el argumento de que “la mantención de reglas especiales de secreto en materia de defensa constituyen bolsones de opacidad que impiden la debida rendición de cuenta de parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros hacia la ciudadanía, permitiendo amparar irregularidades en su actuar”.
Parlamentarios como el diputado socialista Leonardo Soto han planteado que el artículo 436 “es un exceso”, dado que permite “privilegios de secreto o reserva que para lo único que han servido es para que se incuben estas pequeñas redes, que no son masivas, pero que han desvirtuado la función militar y en muchas ocasiones han terminado en la justicia”.
Nueva redacción
Según la entidad fiscalizadora, el artículo en cuestión tiene una “redacción que resulta incompatible con los estándares exigidos por la Constitución Política de la República, respecto de la declaración de secreto o reserva de los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado”. Además –precisa– presenta una serie de dificultades en su aplicación e interpretación.
El Consejo propone una nueva redacción de dicha norma, de modo de fijar taxativamente los casos en los cuales se pueda denegar la entrega de información por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, “definiendo claramente lo que se debe entender por el concepto de seguridad nacional”.
Además, se sugiere incorporar al artículo 7° de la Ley de Transparencia el número de personas en planta y las dotaciones del personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas, manteniendo, eso sí, la reserva de las identidades. “El personal a contrata o a honorarios de ambas instituciones será información pública que deberá estar a disposición de acuerdo con este artículo, no rigiendo sobre ellos la reserva señalada precedentemente”, señala el Consejo.
Las otras propuestas
Otro de los ejes de la propuesta del CPLT en materia de transparencia en las FF. AA. se relaciona con el nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas, actualmente en trámite en el Congreso.
En este punto, la entidad fiscalizadora plantea expresamente que el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa “debe tener un régimen claro respecto de qué es público y qué es secreto” y que “se debe transparentar la gestión de inversiones de dicho fondo en el mercado de capitales”.
El CPLT también hizo recomendaciones en materia de gestión documental de la Fuerzas Armadas, de manera de elevar el estándar exigido, “eliminando la facultad que delega en las propias instituciones la regulación de esta materia”.
Asimismo, el Consejo plantea que se debe prohibir a las FF. AA. exigir el conducto regular de manera previa al ejercicio del derecho de acceso a la información, como ha ocurrido en algunos casos donde el CPLT ha tenido que intervenir para garantizar a funcionarios militares este derecho consagrado en la Ley de Transparencia.
