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La inmunidad de Rodrigo Ubilla y Cristóbal Lira: grave opacidad en el control de los políticos

por 20 marzo, 2019

La inmunidad de Rodrigo Ubilla y Cristóbal Lira: grave opacidad en el control de los políticos
En nuestro país domina un sistema que podríamos denominar de baja responsabilidad. Nadie le cobra cuentas por su desempeño a nadie. Por consiguiente, da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Esto facilita el estancamiento de la mediocridad, la falta de ética y la corrupción. Esta no es solo un problema de los corruptos, es también un subproducto de la debilidad del sistema político. Lo anterior se profundiza por la falta de mecanismos de accountability de los políticos.
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Sorprende el silencio de La Moneda en relación con los nuevos antecedentes que vinculan al ex general José Miguel Fuente-Alba con el pago de comisiones ilegales al proveedor del Ejército Virgilio Cartoni, por parte de una concesionaria de autos de lujo, en la que uno de sus propietarios es el ex subsecretario de Prevención del Delito de la primera administración de Piñera, Cristóbal Lira, quien actualmente es uno de los principales asesores pagados del Ministerio del interior. Lo que llama la atención no es tanto el tratamiento quirúrgico y de aislamiento respecto de Fuente-Alba, sino el cerco comunicacional con relación al rol que le cabe en este caso a Lira.

Según señala una investigación de El Mostrador, las nuevas irregularidades están relacionadas con la venta de más de 100 vehículos de lujo al Ejército durante la Comandancia en Jefe de Fuente-Alba. En esta trama aparece como coprotagonista la concesionaria de autos DITEC, controlada por los empresarios Sebastián De Cárcer y Cristóbal Lira.

Una polémica parecida es la que envuelve hace días al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en relación con la compra de cuatro predios emplazados en la Comunidad (mapuche) Mariano Millahual. El último de los terrenos fue adquirido el 2012, cuando integraba el primer Gobierno de Sebastián Piñera, en el mismo cargo que hoy detenta. Dicha operación estaría –según los críticos de la misma– amparada en malas prácticas legales.

Ante estas denuncias de los medios, que afecta a dos altos funcionarios del Ministerio del Interior, las autoridades de La Moneda han guardado un discreto silencio en el caso del asesor del ministro Chadwick, Cristóbal Lira, y ha sido ambigua en relación con la situación que afecta al subsecretario de la misma cartera, Rodrigo Ubilla. Lo ocurrido da cuenta de una suerte de inmunidad de la que gozarían ambos funcionarios públicos y que va a contravía de un principio elemental de ética pública y responsabilidad política.

Esta especie de inmunidad se podría explicar por la pérdida de la capacidad de asombro de la ciudadanía frente a este tipo de casos, así como por la naturalización en la elite del tipo de actos que involucra ahora a Lira y Ubilla, pero que en ningún caso se limita solo a estos. Ciertamente esta dimensión ha sido más evidente en las dos administraciones del Presidente Piñera, producto de un mayor número de episodios de conflictos de intereses, resultado de las trayectorias personales y profesionales de los elencos de Gobierno durante estos mandatos.

Favorece lo anterior el hecho de que las instituciones como el Gobierno, la Contraloría, el Ministerio Público, el Parlamento, partidos y hasta algunos conservadores de bienes raíces –en el caso de Ubilla– actúan de manera poco satisfactoria como instrumentos de control, omitiendo u obstaculizando el control de los políticos. Estos actúan amparados por esta mal entendida inmunidad siempre en el margen, cumpliendo solo con lo aparentemente legal –el desde– y cubiertos por un manto de opacidad.

Esto no es solo un problema de ética o valores, sino que tiene que ver con un mal diseño de reglas. En nuestro país domina un sistema que podríamos denominar de baja responsabilidad. Nadie le cobra cuentas por su desempeño a nadie. Por consiguiente, da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Esto facilita el estancamiento de la mediocridad, la falta de ética y la corrupción. Esta no es solo un problema de los corruptos, es también un subproducto de la debilidad del sistema político. Lo anterior se profundiza por la falta de mecanismos de accountability de los políticos.

En esta materia los ciudadanos enfrentan problemas de información, control y posibilidad de sanción. El control democrático dependerá de que los ciudadanos dispongan de información para valorar la actuación de los gobiernos, de que les sea posible atribuir responsabilidades y de que puedan castigar o recompensar a los políticos.

Sin embargo, las instituciones del pluralismo democrático –como los medios de comunicación– apenas pueden garantizar el control de los políticos cuando el resto de las instituciones democráticas son instrumentos impotentes a la hora de que los políticos rindan cuentas. Por ahora, la inmunidad y un clima de normalización en los casos conocidos de Lira y Ubilla parecen dificultar el necesario y urgente control de los políticos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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