Opinión
Lo más preocupante es que las cuantiosas inversiones en mantenimiento e inversión en equipamiento militar, se realizarán sin existir una sola modificación en el actual sistema de gestión de las compras militares. Hoy, si bien el Ministerio de Defensa a nivel central autoriza las compras de armas, todo el proceso de gestión de la compra –licitaciones, contratos, vínculo con los proveedores– está en manos de cada una de las ramas castrenses. Si se aprueba la norma tal cual se presentó, se asegurará a dichas instituciones cuantiosos recursos para adquisiciones, sin establecer un cambio en el proceso de la gestión de las compras, lo que constituye un riesgo significativo para las propias Fuerzas Armadas.
El Gobierno acaba de enviar un paquete de indicaciones para establecer un nuevo esquema de financiamiento de la compra de material bélico de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el Senado se encuentra discutiendo un proyecto de ley que se inició en la primera administración de Sebastián Piñera y que provocó serias dudas en los senadores de oposición que integraban la comisión de Hacienda.
Las nuevas indicaciones consideran algunos tímidos avances en materia de control civil sobre el funcionamiento de las adquisiciones, pero en lo sustantivo el modelo establecido en dictadura –donde las instituciones armadas mantienen altos niveles de autonomía– no se altera ni un ápice.
Así, para los parlamentarios se planteará un fuerte dilema: el costo de eliminar la Ley Reservada del Cobre implicará una importante gama de concesiones que mantendrán a las Fuerzas Armadas en una situación de privilegio. Pasemos revista a algunas de ellas:
1. Se mantiene el piso mínimo para gastos generales establecido en la Ley Orgánica de las FF.AA. aprobado por la Junta Militar en 1989 + IPC. El Gobierno no está dispuesto a eliminar esta cláusula heredada de la dictadura, que establece un piso mínimo para gastos generales. Lo anterior carece de toda racionalidad, toda vez que establece la fijación de un mínimo en virtud de un hecho político –la transición a la democracia– y no de un hito estratégico militar, como una eventual amenaza. Pero, además, se debilita la función del Congreso Nacional como una institución que es capaz de asignar y reasignar recursos de acuerdo a las políticas sectoriales definidas democráticamente.
[cita tipo=»destaque»]Es tal la magnitud de recursos involucrados en el negocio de las armas a nivel mundial, que se requiere establecer mecanismos rigurosos de control para evitar tráfico de influencias, lobby y pagos irregulares por la obtención de contratos. El modelo ideal debiese considerar una división nítida entre los que realizan los requerimientos –las Fuerzas Armadas–, aquellos que toman la decisión de la compra –los ministerios de Defensa y Hacienda informando al Congreso Nacional– y los que ejecutan estas decisiones –una agencia especializada del Estado–, pero nada de esto se contempla en el proyecto que se discute.[/cita]
2. Se establece un Fondo Plurianual para adquisiciones militares que anualmente asegura recursos por US$ 650 millones durante cuatro años (US$ 2.600 millones). Estos recursos provienen de los excedentes que la propia Ley del Cobre ha generado, que se destinarían para financiar parte de este fondo. A partir del quinto año, se establece un aporte basal o aporte mínimo del Presupuesto de la Nación, que no puede ser inferior al promedio de los últimos 6 años devengados para operación, sostenimiento e inversión en material bélico. Si entre el período 2015-2017 de Michelle Bachelet los aportes devengados se redujeron a un promedio de US$ 350 millones, con el proyecto que presenta el actual Gobierno se incrementa a casi el doble.
Aunque parecería razonable que en una primera etapa –de transición– se mantuvieran los aportes para financiar los compromisos de inversión y mantenimiento ya establecidos, no resulta lógico atar, en una ley, el porvenir de las compras militares a un piso mínimo o aporte basal, como lo denomina el Ejecutivo. De hecho, se supone que las compras de armas responden a los escenarios internacionales que el país enfrenta y, si es así, un cambio en los escenarios debiese generar cambios en las políticas de adquisiciones.
La fórmula que el Gobierno desea aprobar, establece una rigidez presupuestaria que debiese ser objeto de revisión. Como mínimo, debiese establecerse una cláusula que permita evaluar cada cierto tiempo la pertinencia de mantener aquel aporte basal tal cual está establecido.
Pero lo más preocupante de todo es que, estas cuantiosas inversiones en mantenimiento e inversión en equipamiento militar, se realizarán sin existir una sola modificación en el actual sistema de gestión de las compras militares. Hoy, si bien el Ministerio de Defensa a nivel central autoriza las compras de armas, todo el proceso de gestión de la compra –licitaciones, contratos, vínculo con los proveedores– está en manos de cada una de las ramas castrenses. Si se aprueba la norma tal cual se presentó, se asegurará a dichas instituciones cuantiosos recursos para adquisiciones, sin establecer un cambio en el proceso de la gestión de las compras, lo que constituye un riesgo significativo para las propias Fuerzas Armadas.
Es tal la magnitud de recursos involucrados en el negocio de las armas a nivel mundial, que se requiere establecer mecanismos rigurosos de control para evitar tráfico de influencias, lobby y pagos irregulares por la obtención de contratos. El modelo ideal debiese considerar una división nítida entre los que realizan los requerimientos –las Fuerzas Armadas–, aquellos que toman la decisión de la compra –los ministerios de Defensa y Hacienda informando al Congreso Nacional– y los que ejecutan estas decisiones –una agencia especializada del Estado–, pero nada de esto se contempla en el proyecto que se discute.
3. Se establece un Fondo de Contingencia que, también, proviene en parte de los excedentes generados en el pasado por la Ley del Cobre, de poco menos de US$ 1.000 millones y que está destinado a reponer material bélico en caso de catástrofes. Este fondo podrá utilizarse asimismo para adelantar pagos en caso de compras realizadas con el Fondo Plurianual, pero en este último caso deberá ser repuesta a este Fondo.
4. Se establece un Consejo Administrativo del Fondo Plurianual, que cumple funciones fundamentalmente administrativas, asociadas con la programación y control de los flujos financieros, para responder a los programas de pagos y la generación de reportes periódicos. Lo integran los subsecretarios de Defensa y Fuerzas Armadas, un representante del ministro de Defensa, uno del ministro de Hacienda y otro del Presidente de la República. En la propuesta del Ejecutivo, no se establecen inhabilidades ni incompatibilidades, como el no haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas, algo que a todas luces pareciera razonable establecer por el conflicto de interés que se genera con las diferentes ramas castrenses.
Eliminar la Ley del Cobre tiene su precio en este proyecto de ley y es mantener pisos mínimos para gastos generales, definir un aporte basal (o piso mínimo) para un fondo de compras militares, no fijar incompatibilidades e inhabilidades para ex funcionarios de las propias instituciones armadas y establecer un fondo de contingencia adicional.
Todo aquello se aceptaría, sin exigir un cambio sustantivo en el sistema de compras militares, para organizarlo de acuerdo a un estándar de control y transparencia. Menudo dilema que se enfrentará en el Congreso en los próximos meses.
