Investigación
El derrumbe del clan Lavín: Fiscalía citará a declarar a Joaquín Lavín padre
La Fiscalía citará a declarar al excandidato presidencial, luego de comprobar que funcionarios contratados por su hijo en el Congreso trabajaron en las primarias presidenciales del año 2021. La indagatoria compromete a dos hermanos de Lavín León, la UDI y al consejero del Servel Jorge Manzano.
La formalización de Joaquín Lavín León –hoy en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber– dejó varias aristas abiertas que deberían profundizarse en el transcurso de la investigación, entre ellas, una acusación por delitos electorales contra el exparlamentario de la UDI, que acaba de anunciar la Fiscalía Oriente.
La indagatoria busca aclarar el uso indebido de bases de datos del Servel en la plataforma SocialTazk, la aplicación web que Lavín León financió con aportes del Congreso Nacional y que utilizó con fines comerciales en campañas electorales de candidatos de la UDI, incluida la de su propio padre, Joaquín Lavín Infante, en las primarias del año 2021.
Si bien existía información sobre el uso de SocialTazk en la campaña de Lavín padre, la Fiscalía incorporó nuevos antecedentes que estrechan lazos entre el progenitor y su hijo, tras revelar la participación de siete funcionarios del equipo parlamentario de Lavín León en la campaña de su padre. Los trabajadores, por cierto, fueron financiados con dineros provenientes del Congreso Nacional.
Considerando estos nuevos antecedentes, la investigación escalaría desde el desaforado parlamentario hasta Joaquín Lavín Infante, alcanzando de paso a otros dos miembros del clan familiar, María Estela y Juan Pablo Lavín León, dueños de la encuestadora Panel Ciudadano, debido al intercambio de bases de datos del Servel utilizadas en SocialTazk con su hermano Joaquín.
Fuentes del Ministerio Público aseguraron a la Unidad de Investigación de El Mostrador que Joaquín Lavín Infante será citado a declarar en la causa que tiene a su hijo imputado por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencia y falsificación y uso de malicioso de instrumento privado mercantil, cuyo perjuicio fiscal se estima en más de 220 millones de pesos.
La acción judicial marcaría el derrumbe político de la familia que tuvo a Joaquín Lavín Infante a punto de llegar a La Moneda en dos ocasiones, a Joaquín Lavín León como parlamentario en tres periodos y a su esposa, Cathy Barriga, como alcaldesa de Maipú hasta junio de 2021, pero además la trama que empezó en la comuna del poniente de Santiago hoy amenaza con extenderse a otros miembros del clan familiar.
Primaria del año 2021
Todos los caminos llevan a SocialTazk, la plataforma de marketing político que Joaquín Lavín León desarrolló con fines electorales y que prestó servicios a más de 70 candidatos de la UDI, incluido el exalcalde de La Condes y padre del exparlamentario investigado por la Fiscalía Oriente. Para entender su verdadero alcance es necesario precisar algunas cosas.
SocialTazk es una plataforma destinada al almacenamiento y manejo de bases de datos, lo que permitía enviar mensajerías masivas durante campañas electorales. El “emprendimiento” del exparlamentario, desarrollado en conjunto con su asesor Felipe Vásquez, habría sido financiado –según apunta la Fiscalía– con fondos del Congreso Nacional.
La investigación que encabeza la fiscal Constanza Encina ha revelado que el proyecto buscaba generar una base de datos para ser usada por candidatos de la UDI en campañas políticas. El propio Lavín León –incluso– admite en correos electrónicos que esperaba “contar con este recurso (la plataforma) principalmente para las primarias del 2021”. El dato no es menor, pues confirma que el objetivo central era usar la plataforma en la campaña en que su padre compitió con Sebastián Sichel.
Según fuentes cercanas a la UDI, SocialTazk estaba incorporando bases de datos de campañas de concejales –una suerte de marcha blanca– con miras a la primaria de Joaquín Lavín Infante. “Esta situación demuestra que la carrera presidencial venía armada de antes y que lo que se estaba desarrollando, en el fondo, era un negocio familiar financiado con platas del Congreso y que tenía como objetivo final una eventual senatorial de Lavín León”, explica la misma fuente.
Entre los 27 candidatos a concejales de la UDI para las elecciones municipales del año 2021, que aparecen en un listado entregado por el propio parlamentario a la Fiscalía, figuran varios cercanos a Joaquín Lavín Infante que habían trabajado como “territoriales” en campañas previas, como Beatriz Lagos, Joseph Careaga y Abigaíl Acosta –históricos colaboradores del exalcalde de Las Condes–, según detalló un reportaje previo de la Unidad de Investigación de El Mostrador.
Del total de candidatos que aparecen en los registros de SocialTazk en las diversas elecciones del año 2021, solo tres de ellos figuran rindiendo al Servel facturas de Modo 74, la empresa que administraba la plataforma de marketing electoral. Se trata de los candidatos a constituyentes Jaime Flores Sierralta y José Francisco Moreno, y del candidato a la primaria de la derecha, Joaquín Lavín Infante.
El exalcalde de Las Condes rindió al Servicio Electoral –ese mismo año– una factura de Modo 74 por “servicio de mensajería”, cancelando $3 millones a la empresa asociada a su hijo, cuyo financiamiento, según la Fiscalía, habría provenido de asignaciones parlamentarias. Siguiendo esta lógica, Lavín León habría cobrado por partida doble: con cargo al Congreso y a la candidatura de su padre.
El uso de la plataforma, de acuerdo con Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, es una estratagema que permite “modernizar” el desvío de fondos públicos. “Ya no hablamos solo de un asesor fantasma, sino de usar los gastos parlamentarios que pagamos todos los chilenos para financiar una aplicación tecnológica de recopilación de datos electorales”, señala.
A esta situación se sumaría la participación de siete funcionarios del equipo parlamentario de Joaquín Lavín León en la campaña del entonces candidato de la UDI, quienes habrían realizado funciones en la misma sede de campaña ubicada en Apoquindo 3001, en la comuna de Las Condes.
“Que SocialTazk haya cobrado tanto del Congreso como de la campaña presidencial de Lavín Infante, mientras siete funcionarios públicos trabajaban para ellos, muestra que el Congreso operó como el principal financista y soporte logístico de una campaña política familiar. El descaro es total”, agrega el experto en transparencia Juan José Lyon.
Entre los nombres que se desempeñaban como asesores del diputado y que terminaron trabajando en la campaña de Lavín Infante, destacan Shigue Ogino, Romina Molina y Carlos Vargas, este último con un rol activo en la sede del comando de campaña del entonces candidato. Ninguno de los mencionados, según pudo comprobar este medio, figura en el listado de gastos de campaña rendidos al Servel. Esta situación –de acuerdo con varios analistas– podría implicar desviación de recursos públicos y financiamiento irregular de campañas políticas.
Las mismas fuentes aseguran que son múltiples las interrogantes que el caso plantea y que –a la inminente declaración de Joaquín Lavín Infante– se sumarían otras citaciones, buscando aclarar “cuál fue el servicio que prestó Modo 74, si fueron rendidos o no, cómo se pagaron estos servicios, dónde figuran esos comprobantes y cuántas fueron las personas que trabajaron en esa campaña”.
Servel y la UDI
Antes de ingresar a la tercera jornada de formalización en su contra, el miércoles 6 de mayo, la prensa ubicada en la explanada del Centro de Justicia de Santiago le preguntó a Joaquín Lavín León sobre la posibilidad de que el caso terminara afectando a su padre, tras conocerse pagos irregulares a asesores parlamentarios que trabajaron en la primaria presidencial de 2021. “La Fiscalía, la verdad, lamentablemente tiene atribuciones para hacer lo que quiera”, dijo en la ocasión el exparlamentario.
La situación es compleja, tanto a nivel jurídico como familiar. A diferencia del uso de mensajerías que sí fueron rendidas al Servel, a través de una factura de Modo 74, la participación de funcionarios pagados por el Congreso en la campaña de Joaquín Lavín Infante no cuenta con registros que documenten su paso por Apoquindo 3001.
El escenario pone en una encrucijada al patriarca de los Lavín León, quien deberá aclarar –en primer lugar– si es que estaba informado sobre la colaboración de funcionarios del Parlamento en su campaña. Si no estaba al tanto, deberá explicar por qué algunos de los involucrados participaban activamente en los chats de la candidatura.
En cualquier caso, aseguran quienes conocen la indagatoria, si el exdiputado facturó al Congreso y a su padre por los servicios de mensajería, no resultaría extraño que también haya cobrado por los funcionarios/empleados de SocialTazk. “Eso abre espacio, si estos trabajos no se rindieron, a una arista sobre uso de platas negras en la campaña”, puntualiza la misma fuente.
La investigación también ha revelado la estrecha participación de Jorge Manzano, el jefe de la billetera electoral de la UDI durante el caso Penta, con el traspaso de base de datos provenientes del Servel para “alimentar” la plataforma de marketing electoral. Correos, audios y mensajes recopilados por la Fiscalía darían cuenta de la relación entre el entonces diputado y quien, desde junio del año pasado, ejerce como consejero del Servicio Electoral.
El hecho de que Manzano tenga un cargo relevante en el Servel –asegura Juan José Lyon– representa un “escenario institucional complejo”, pues “el que las pruebas de la Fiscalía conecten esta plataforma, financiada con plata del Congreso, con Jorge Manzano, entonces encargado electoral de la UDI y hoy consejero del Servel, pone en jaque la credibilidad de nuestro árbitro electoral”.
Manzano, según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, habría traspasado los padrones nacionales del Servel a Joaquín Lavín León a través de Arnaldo Domínguez, uno de los asesores más importantes del exparlamentario. “Manzano la tiene, él nos pasa siempre el padrón electoral”, explicó Domínguez en un chat del año 2023. “Con esa weá podemos ganar plata”, le responde otro asesor del Congreso.
Un informe de la PDI al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador confirma que la investigación pudo “detectar que efectivamente varios padrones electorales, con datos sensibles de la ciudadanía, se encontraban contenidos en la aplicación SocialTazk”, apunta el documento elaborado por el Departamento Forense Digital de la policía civil.
El hilo incluso podría llegar más lejos y comprometer a otros integrantes de la familia Lavín León. Tal como reveló El Mostrador en junio del año pasado, existirían indicios de que el desarrollo de SocialTazk no estuvo marcado por un interés personal de Lavín León, sino que en función de una pyme familiar montada para obtener beneficios económicos y electorales.
Correos electrónicos del exdiputado demostrarían un estrecho vínculo con dos de sus hermanos, Juan Pablo y María Estela, quienes manejan la sociedad Panel Ciudadano SpA, a través de otra empresa donde ambos comparten sociedad, ChileTendencia, dedicada al desarrollo de encuestas y estudios de opinión, rubro en que los tres hermanos no solo coinciden, sino también interactúan.
La indagatoria revela que los hermanos no solo han compartido a través de correos electrónicos diversas bases de datos de distintos distritos electorales, sino también estrategias de planificación asociadas a SocialTazk, información que incluso aparece resumida en una diapositiva con el logo de Panel Ciudadano, encuestadora asociada a la Universidad del Desarrollo (UDD).
En la descripción compartida se especifican las metas de la plataforma, señalando que la herramienta sería desarrollada para un trabajo político territorial cuyo objetivo central serían las primarias presidenciales del año 2021, donde competiría Joaquín Lavín Infante. La tesis apunta a que SocialTazk sería una plataforma más al servicio de la campaña del patriarca, sumada a las encuestas que también realizaba Panel Ciudadano.
Pese a que los rumores políticos apuntan a que la familia siempre ha operado comercialmente unida, tanto Juan Pablo como María Estela Lavín aseguraron a este medio, en un reportaje previo, que ellos nunca han utilizado una plataforma externa a Panel Ciudadano.
La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con Joaquín Lavín Infante para aclarar los alcances de la indagatoria y su eventual conocimiento respecto a la información que aparece en este reportaje. El excandidato a la Presidencia del país se excusó de participar, explicando que se encontraba de duelo tras la muerte de su padre.
Al cierre de esta edición, se supo que la UDI solicitó al Presidente José Antonio Kast destituir al juez Daniel Urrutia, a cargo de la causa en contra de Joaquín Lavín León, por haber viajado fuera del país con licencia médica. La iniciativa fue realizada pese a que la Corte de Apelaciones de Santiago decidió –hace pocos días– absolver al magistrado.
