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Supremazo: pleno se convoca para zanjar crisis en Corte de Apelaciones de Rancagua

por 17 abril, 2019

Supremazo: pleno se convoca para zanjar crisis en Corte de Apelaciones de Rancagua
La citación fue cursada por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito. En la instancia, los ministros analizarían la eventual expulsión a Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, investigados por irregularidades en la tramitación de sus causas. [ACTUALIZADA]
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Desde las 08:30 de este miércoles se desarrolla un pleno extraordinario liderado por un grupo de ministros de la Corte Suprema, con el objetivo de plantear la expulsión del Poder Judicial de los tres jueces de Rancagua investigados por irregularidades en la tramitación de sus causas.

La citación fue cursada por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito. En la instancia, los ministros propondrán que se expulse a Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, miembros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

De acuerdo a información de La Tercera, los supremos van a invocar el inciso tercero del artículo 80 de la Constitución, que plantea que "la Corte Suprema, por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento".

Desde el Poder Judicial consideran que esta vía será más expedita que la que se está desarrollando actualmente, en la cual la ministra Rosa María Maggi lleva adelante una investigación administrativa para aclarar las responsabilidades de estos tres jueces.

Otros coletazos

La crisis en el tribunal de alzada de la Región de O’Higgins también ha tenido otros coletazos, porque el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua decidió repetir las audiencias públicas para 11 cargos de jueces de la región.

Se trata de los cargos de jueces Letras de Rengo; Letras, Garantía y Familia de Pichilemu y Oral en lo Penal de Santa Cruz, además de los cargos de jueces de Garantía y Oral en lo Penal de Rancagua.

“Por necesidad de transparencia, tanto para los ministros suplentes que se integraron a este tribunal de alzada y los propios postulantes resulta indispensable contar con una nueva audiencia pública (…) Estas audiencias públicas ya se habían realizado, pero en ese momento estaban en funciones tres ministros de esta corte que en la actualidad se encuentran suspendidos administrativamente", informó el presidente del tribunal de alzada, Pedro Caro.

Gestiones del CDE

Por otra parte, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, llegó el martes hasta el Ministerio Público de la Región de O'Higgins para tratar la pugna entre el organismo y la Fiscalía Regional de O'Higgins por los antecedentes del caso. 

Desde el Consejo sostienen que falta información que les sea remitida, pero el ente persecutor aseguró que el 26 de marzo les proporcionaron todos los datos para que pudieran hacerse parte.

Manaud sostuvo una reunión con el fiscal regional Emiliano Arias, previa solicitud de intervención al fiscal nacional, Jorge Abbott.

En la cita, Ambos se comprometieron a traspasar nueva información desde el Ministerio Público para que el CDE analice los antecedentes para resolver sobre una eventual querella. "Vine a coordinar con el fiscal regional la entrega de antecedentes y a tratar de superar las dificultades que se habían producido hasta ahora, porque no habíamos contado con toda la información necesaria como para poder resolver presentar una querella en este caso, que es tan importante y de tanta trascendencia".

Sin embargo, Manaud considera que el caso debería salir de Rancagua. "Creo que lo más aconsejable, incluso para la fiscalía, sería que la causa se conduzca desde Santiago", dijo.

Con todo esto, la abogada procuradora fiscal (APF) Lya Hald Ramírez, es la que tiene la situación más comprometedora.

De acuerdo a Manaud, esta se inhabilitó debido a que existe "una relación de amistad con un ministro de apellido Albornoz (Marcelo), en el caso de la APF (Lya Hald). En el caso del abogado (Guillermo Lara), no recuerdo".

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