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Flexibles: un debate sobre calidad del empleo

por 9 agosto, 2019

Flexibles: un debate sobre calidad del empleo
Aun cuando en los últimos 9 años y 3 meses se registra la creación neta de más de 1 millón y medio de empleos, de cada 100 personas ocupadas, al menos 69 presentan altas probabilidades de estar bajo condiciones precarias, es decir, en una relación laboral tercerizada –subcontrato, suministro, enganche, familiar no remunerado– o una condición de ocupación como el trabajo por cuenta propia. De las personas que se encuentran ocupadas bajo esta última condición, un 77,8% está en jornada parcial y el 78,2% corresponde a trabajos no calificados.
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¿Sabía usted que en Chile –de acuerdo al INE– hay más de 860 mil personas que trabajan menos de 30 horas a la semana, pero que desean y están disponibles para trabajar más horas? Por ejemplo, del total de mujeres que actualmente tienen jornada parcial, un 45,9% quiere y está disponible para estar ocupada por más horas, lo que significa que el supuesto mercado del trabajo chileno no satisface sus necesidades de inserción, puesto que, a pesar de que las personas están disponibles y buscan más horas de trabajo a la semana, no tienen la posibilidad de obtenerlas. En el caso de los hombres, el 54,2% de quienes están en jornada parcial se encuentran en las mismas condiciones. Podemos hablar de un tipo de subempleo por insuficiencia de horas.

Estás cifras no son para nada anecdóticas. Si en Chile se analizara el desempleo utilizando indicadores complementarios, tal como se hace en Canadá o Estados Unidos, probablemente los titulares de la prensa dirían algo similar a: “Tasa de Desempleo Integral en Chile supera el 12%”, pero ¿qué es la Tasa de Desempleo Integral (TDI)?

En términos sencillos, corresponde a un indicador que incorpora la Tasa de Desempleo Abierta –la que mensualmente publica el Gobierno y que el último trimestre fue de 7,1%–, más aquellas personas que se encuentran subempleadas, para lo cual se contabiliza medio desempleado por cada subempleado, y a aquellas personas en condición de desaliento, es decir, quienes han dejado de buscar empleo de forma activa, pero se encuentran disponibles para trabajar, si se les ofreciera alguna posibilidad.

A los datos de empleo acá expuestos, siempre es bueno incorporar datos de salarios, los cuales ayudan a comprender que, con estructuras representativas débiles para los trabajadores y con altos niveles de flexibilidad, es muy difícil construir una base material suficiente para reproducir la vida, sin depender de la deuda financiera o la sobreexplotación laboral. Según la encuesta CASEN 2017, en Chile el 74,3% de las personas que trabajan recibe un ingreso líquido mensual menor a $500 mil y solo el 8,5% gana más de $1 millón líquido al mes.

Hoy en día en Chile hay 1.009.072 de personas que se encuentran desempeñando trabajos bajo subordinación y dependencia, pero sin la existencia de contrato laboral escrito. Si bien el Código del Trabajo y la doctrina laboral reconocen que, ante la ausencia de un contrato escrito, igualmente es posible comprobar una relación laboral, cabe señalar que eso perjudica –principalmente– al trabajador, pues en caso de vulneración de derechos laborales, se requiere realizar procedimientos administrativos y/o judiciales para obtener la tutela laboral.

El 17,9% de las mujeres que son trabajadoras dependientes se encuentra sin contrato escrito, mientras que para el caso de los hombres la cifra alcanza el 15,3%. Los sectores económicos donde esta situación presenta mayor incidencia, luego de los hogares como empleadores –como servicios de aseo o cuidado, entre otros, donde el 54,3% de las personas no tiene contrato escrito– son: actividades de alojamiento (25,2%), agricultura (25,2%) y construcción (18,9%).

Como si lo anterior no fuera suficiente, aun cuando en los últimos 9 años y 3 meses se registra la creación neta de más de 1 millón y medio de empleos, de cada 100 personas ocupadas, al menos 69 presentan altas probabilidades de estar bajo condiciones precarias, es decir, en una relación laboral tercerizada –subcontrato, suministro, enganche, familiar no remunerado– o una condición de ocupación como el trabajo por cuenta propia. De las personas que se encuentran ocupadas bajo esta última condición, un 77,8% está en jornada parcial y el 78,2% corresponde a trabajos no calificados. En resumen, el trabajo por cuenta propia es, por lejos, el de más bajo nivel de calificación y pocas horas, por tanto, apenas alcanza para describirlo como una ocupación de subsistencia.

Para el caso de la tercerización, son las mujeres las más expuestas a desempeñar ocupaciones con características de precariedad. Según los datos de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), en estos últimos 9 años un 57,8% de las mujeres ha accedido a un empleo asalariado mediante tercerización (subcontrato, suministro o enganche) frente a un 43,7% de hombres.

Pareciera ser que ninguna de las cifras anteriores es suficiente para el actual Gobierno. Pese a este escenario tan frágil, las autoridades insisten en que lo hace falta en materia de legislación laboral es más flexibilidad individual. Para esto se apoyan en que, supuestamente, países industrializados de Europa estarían impulsando políticas de estas características.

Con lo anterior, el Gobierno potencia un discurso a la medida del empresariado, pues si verdaderamente los países industrializados fueran referentes para las políticas públicas de trabajo, una primera cuestión sería considerar la estructura basal de la normativa de relaciones laborales que tienen dichos países, la cual se erige en gran medida sobre los acuerdos que logran impulsar trabajadores y empleadores mediante la negociación colectiva sectorial o nacional, beneficiando no solamente a trabajadores sindicalizados, sino a todos los de un sector económico y, sobre dicha base, los trabajadores pueden negociar condiciones particulares en sus empresas.

La calidad del empleo se encuentra muy ligada a la posibilidad de que los actores colectivos logren llegar a acuerdos. Desfavorablemente para los trabajadores, la libertad necesaria para que eso ocurra a nivel sectorial no existe, debido a que la base de las relaciones laborales en Chile sigue cimentada en el plan laboral de José Piñera.

A los datos de empleo acá expuestos, siempre es bueno incorporar datos de salarios, los cuales ayudan a comprender que, con estructuras representativas débiles para los trabajadores y con altos niveles de flexibilidad, es muy difícil construir una base material suficiente para reproducir la vida, sin depender de la deuda financiera o la sobreexplotación laboral. Según la encuesta CASEN 2017, en Chile el 74,3% de las personas que trabajan recibe un ingreso líquido mensual menor a $500 mil y solo el 8,5% gana más de $1 millón líquido al mes.

En conclusión, no se trata que cualquier reforma que proponga el Gobierno para el ámbito laboral precarice las condiciones laborales. Se trata de que el trabajo en Chile ya es precario y puede ser peor, si las autoridades no se hacen cargo de aquello e impiden que los propios trabajadores lo hagan, pues tanto este como los anteriores gobiernos se han quedado en propuestas para administrar la precariedad en beneficio del capital, en lugar de disminuirla.

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