¿Dualidad de poderes en Perú?

Perú arrastra desde hace mucho tiempo un desgastante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en estrecha disputa con Keiko Fujimori, ganó las últimas elecciones pero solo lo hizo en segunda vuelta, con el apoyo de muchos que lo votaron para impedir el triunfo fujimorista. En las elecciones parlamentarias, el fujimorismo obtuvo la mayoría del Congreso unicameral. Un último dato: junto a PPK, asumieron sus dos vicepresidentes: Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz.

Las relaciones entre PPK y el Congreso partieron tensas, y se pusieron peor con el paso del tiempo. El clima político se fue enrareciendo con las revelaciones de los casos de corrupción, especialmente por las coimas de la empresa brasileña Odebrecht, pero no fue lo único, graves denuncias alcanzaron también a importantes sectores de la judicatura.

En este proceso, la mayoría del Congreso logró “la vacancia” (destitución) del presidente Kuczynski, y así asumió Martín Vizcarra. Pero la tensión continuó y, para no cansar al lector, digamos que el episodio final fue la llamada petición de confianza, que es un mecanismo constitucional en Perú, que le permite al presidente disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias.

Previamente, el presidente había presentado un proyecto de ley que permitía un adelanto de las elecciones parlamentarias y presidenciales, dado que también ofreció su propia renuncia para resolver la crisis. Pocos días atrás, el Congreso archivó esa propuesta. El Gobierno reaccionó presentando la llamada “cuestión de confianza”, mecanismo según el cual, en el caso de ser rechazada, el Ejecutivo puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones.

El 30 de septiembre, en medio de un agitado día, el Parlamento puso en tabla la cuestión de confianza, al mismo tiempo que en el Palacio de Gobierno se reunía el Consejo de Ministros. Por el dinamismo de los hechos no está claro qué fue primero, si Vizcarra disolvió el Congreso antes o después que este le otorgase la confianza, detalle que influye en la limpieza jurídica de los hechos. El presidente fundamentó su decisión en lo que denominó “denegación fáctica”.

El Congreso asumió el gesto presidencial como un golpe de Estado, como una ruptura constitucional. A renglón seguido, se aprobó la suspensión de Vizcarra de sus funciones. La mayoría decidió elegir presidenta a Mercedes Aráoz, quien convocó al diálogo en sus primeras palabras.

La situación está extraordinariamente fluida y octubre amaneció en Perú con dos presidentes.

Hasta aquí una apretadísima síntesis de la crisis, que dará para exquisitos análisis jurídicos y constitucionales, pero que, como es fácil de comprender, no puede extenderse por mucho tiempo.

Que el clima político en Perú esté polarizado no implica necesariamente que el Perú de a pie lo esté. Todas las mediciones indican un amplio rechazo al accionar del Congreso y, por ende, mucha simpatía con su disolución. Esa es la fuerza de Vizcarra: tiene la calle.

A su vez, Perú requiere orden como toda sociedad, y autoridades claras y legítimas. En este plano es vital el concurso de las Fuerzas Armadas y de Orden. En las últimas horas de la noche, los altos mandos de las Fuerzas Armadas se presentaron en Palacio. Conocemos la noticia, conocemos las fotos, pero no sabemos cuál fue el contenido de dicha conversación o si solo fue protocolar. Por su parte, el empresariado ha manifestado su preocupación por que este clima afecte la convivencia y la economía.

La decisión presidencial ha provocado movilizaciones de apoyo, en muchas de ellas con miembros de las bancadas parlamentarias a la cabeza. La mayoría del Congreso se atrincheró en la sede legislativa. Perú amanecerá con dos presidentes.

¿Dualidad de poderes?

Formalmente se podría decir que sí, pero en los hechos es Vizcarra el que controla el aparato de Gobierno. Controla al funcionariado, al presupuesto y tiene el mando de las instituciones uniformadas. Posee la iniciativa estratégica.

El Congreso se atrincheró, mejor dicho la mayoría fujimorista, el APRA y partidos menores. Las bancadas de izquierda están en la calle. La mayoría de la opinión pública simpatiza con la decisión presidencial.

La analogía con la situación venezolana viene de inmediato, pero, pese a las formas, hay mucha distancia. La crisis en Perú no es por desmorone económico, es antes que nada una crisis de legitimidad, donde las instituciones han sido corroídas por la corrupción, todos los expresidentes presos o procesados, uno suicidado. Es un dato elocuente.

Como toda crisis, no puede prolongarse en el tiempo, pero puede agravarse si no se resuelve con prontitud. Es probable que el Congreso apele a la OEA, o a sus pares en la región: al Parlamento Andino, al Parlatino, al Parlamento de Mercosur. ¿Viajarán delegaciones parlamentarias a Lima en estos días? Por cierto se afecta el capital diplomático de Perú, empezando por el Grupo de Lima, que surgió en reclamo al deterioro democrático en Venezuela.

La práctica diplomática es clara, se reconoce como Gobierno a aquel que detenta el Gobierno y el control del territorio y de la población. En esto no se verán grandes novedades, pero en la pulcritud del acto surgirán voces, amén de un florido debate constitucional.

La Constitución prevé que se realicen elecciones en cuatro meses. Si no se efectuasen en ese plazo, podría reasumir el Parlamento destituido. Mientras tanto, funcionaría una Comisión Permanente integrada por 20 miembros, elegida por el propio Congreso. Es de suponer que, en el caso que esta se instalase, aunque tiene facultades disminuidas, no será un baluarte de apoyo gubernamental.

Otro punto es que lo más probable es el atrincheramiento de los congresistas. Pueden ser desalojados por la fuerza, pero eso añadiría más ripios a la situación. Podemos tener aquí sí una situación análoga a la venezolana.

La pregunta que queda es si con esta medida se termina la crisis política, o más bien se abre un nuevo capítulo. Es una noticia en pleno desarrollo, de alcances no solo locales sino que también impacta a la región. Más allá de los ribetes políticos, tendremos consecuencias sociales (migración, aumento del desempleo ante la baja económica). También proseguirán las consecuencias de las delaciones compensadas de los ejecutivos de Odebrecht procesados en Brasil, quienes seguirán entregando nombres de personajes involucrados en sus causas.