Opinión
A la fecha se sigue observando un excesivo movimiento al interior de Puerto Williams. Preocupa gravemente la decisión de la autoridad de no detener la actividad económica, amenazando así la salud y la vida de quienes habitan en esta localidad y, en especial, de los integrantes de la comunidad yagán, quienes debido a sus condiciones de pobreza material, salud y precariedad de las viviendas, se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad frente a la pandemia.
La comunidad yagán de Puerto Williams está enfrentando hoy, por el COVID-19, una nueva amenaza a su supervivencia.
Con una población de 94 personas, esta comunidad habita hoy en esa localidad ubicada en la Isla de Navarino, en la Región de Magallanes, la que es parte del que fuera su extenso territorio ancestral en los canales al sur del Estrecho de Magallanes. Desde la década del cincuenta, los sobrevivientes de este pueblo fueron forzosamente trasladados allí por la Armada en la entonces recién creada base naval de Puerto Williams, pasando a establecerse en las márgenes de la base, en la que hoy es conocida como Villa Ukika.
No sería la primera vez que este pueblo canoero y nómade –que habitó por milenios en el extremo sur del continente, concentrándose mayoritariamente en las inmediaciones del canal Beagle– sería reasentado. La primera oleada fue aquella impulsada en la segunda mitad del siglo XIX por las misiones anglicanas (South American Missionary Society) establecidas en Ushuaia en 1869, en la costa norte del canal Beagle.
[cita tipo=»destaque»]En un comunicado urgente, la Comunidad Yagán de Puerto Williams llamó en estos días a las autoridades nacionales y regionales a reponer la cuarentena en la Isla Navarino, hasta que se haya controlado la situación, se identifiquen y aíslen las personas contagiadas; a establecer protocolos que aseguren que la actividad económica en Puerto Williams y entorno no acelere los contagios de COVID-19; y a elaborar un protocolo especial, con el consentimiento de la comunidad, para dar asistencia adecuada en caso de contagio de alguno de sus integrantes, en especial los ancianos. También pidió materializar el apoyo económico comprometido a través de Conadi para la comunidad, para satisfacer las necesidades básicas –alimentos, leña para calefacción, entre otros– de sus integrantes, cuestión que hasta ahora no se ha materializado.[/cita]
Fue en el contexto de dicha sedentarización cuando se generó el colapso demográfico de este pueblo, como consecuencia de las pestes –tifus, neumonía y sarampión, entre otras– que contraerían en las misiones producto de la llegada de naves de diversos orígenes. Así, por ejemplo, en 1884 recalaría en dicha localidad una nave argentina trayendo enfermedades que, en un par de años, causarían la muerte de la mitad de la población yagán, para entonces estimada en un millar de personas. Nuevos episodios de contagios seguirían impactando a los yagán, cuya población, como consecuencia de ello, para comienzos de siglo XX disminuyó a menos de un centenar.
Dicha experiencia traumática para este pueblo y muy cercana en su memoria, en especial en la de los ancianos, es la que alarma a la comunidad en momentos en que el COVID-19 golpea a Puerto Williams con particular fuerza y en que las acciones adoptadas desde el Estado, a todas luces, parecen ser insuficientes para prevenir un contagio masivo allí.
En efecto, de acuerdo al Ministerio de Salud, al 20 de abril había en la comuna Cabo de Hornos –en que se ubica Puerto Williams– 17 personas contagiadas por el COVID-19. Se trata, según la misma fuente, de la segunda comuna en Magallanes, luego de Punta Arenas, con mayor cantidad de contagios y de un número muy elevado, si se considera que la población total de dicha comuna asciende a solo 2.063 personas (Censo 2017).
Si bien el 23 de marzo se declaró cuarentena total en la Isla Navarino, permitiendo el acceso solo a los transportes con suministros de alimentos, medicamentos y bienes básicos para la población, el 6 de abril esta fue levantada por razones que se desconocen, siendo reemplazada por un cordón sanitario como parte del Plan de Acción Nacional del Minsal para hacer frente a la pandemia.
A pesar de ello, a la fecha se sigue observando un excesivo movimiento al interior de Puerto Williams. Preocupa gravemente la decisión de la autoridad de no detener la actividad económica, amenazando así la salud y la vida de quienes habitan allí y, en especial, de los integrantes de la comunidad yagán, quienes debido a sus condiciones de pobreza material, salud y precariedad de las viviendas, se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad frente a la pandemia.
Cabe señalar que la comunidad yagán cuenta con 10 adultos mayores, entre los que se encuentra Cristina Calderón, reconocida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como “tesoro humano vivo”, quien a sus 92 años es la última hablante de la lengua yagán, la que enseña a los menores como parte de la herencia cultural de la comunidad. Muchos de los adultos mayores presentan enfermedades pulmonares por su alta exposición al frío, debiendo recurrir al hospital de Puerto Williams, lugar hoy poco seguro, dado que fue allí donde se originaron los primeros contagios con COVID-19.
En un comunicado urgente, la Comunidad Yagán de Puerto Williams llamó en estos días a las autoridades nacionales y regionales a reponer la cuarentena en la Isla Navarino, hasta que se haya controlado la situación, se identifiquen y aíslen las personas contagiadas; a establecer protocolos que aseguren que la actividad económica en Puerto Williams y entorno no acelere los contagios de COVID-19; y a elaborar un protocolo especial, con el consentimiento de la comunidad, para dar asistencia adecuada en caso de contagio de alguno de sus integrantes, en especial los ancianos. También pidió materializar el apoyo económico comprometido a través de Conadi para la comunidad, para satisfacer las necesidades básicas –alimentos, leña para calefacción, entre otros– de sus integrantes, cuestión que hasta ahora no se ha materializado.
Cabe hacer presente que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala, en su artículo 7, que las personas indígenas tienen “derecho a la vida, la integridad física y mental… y la seguridad de la persona” y que los pueblos, como sujetos colectivos, tienen “el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos” y a no ser “sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia”. El Estado chileno, al suscribir esta declaración, se comprometió a adoptar todas las medidas para hacer posible la materialización de estos derechos.
Ante la crítica realidad aquí descrita –de la que los estados de Chile y Argentina hasta hoy no se han hecho cargo de manera adecuada– cabe preguntarse: ¿qué esperan las autoridades para evitar que la trágica historia vivida por el pueblo yagán se repita nuevamente hoy con el COVID-19, acabando quizás para siempre con este pueblo y su cultura?
