El estilo “sin filtros” de Poduje que hoy lo tiene en tribunales

Iván Poduje llegó como uno de los “sin filtro” al gabinete de Kast. El tipo que decía lo que nadie se atrevía, que le respondía al todopoderoso ministro de Hacienda con un “Quiroz es un ministro más” sin que le pasara nada. El arquitecto que salía a terreno con casco y generaba más cobertura mediática que todos sus colegas juntos. El que lideraba las encuestas: 46,4% de aprobación en Pulso Ciudadano de abril, 55% en Cadem, primero en sentimiento digital del gabinete con 42,5% positivo según la agencia Soul. Intocable.

Hoy el ministro de Vivienda está bajo querella criminal. Y la pregunta que nadie hace en voz alta en La Moneda —pero que todos formulan en silencio— es si el ministro estrella del gobierno de Kast ya está cumpliendo su ciclo. Para otros, los cálculos son prematuros.

La trinchera judicial

Trece días después de asumir, el 24 de marzo, Poduje firmó el Ordinario N°245: paralización total de obras en El Olivar, la reconstrucción habitacional de Viña del Mar tras el megaincendio de 2024. Prohibió a funcionarios del Serviu autorizar cualquier avance. Luego instruyó la demolición de cerca de 170 viviendas, argumentando fallas estructurales respaldadas por informes del DITEC y del IDIEM de la Universidad de Chile.

El relato era imbatible: el ministro que protegía a los damnificados de las constructoras corruptas. El héroe sin filtros.

El problema es lo que vino después.

El 5 de junio, la empresa Social Arquitectura presentó una querella criminal de 168 páginas ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. El documento acusa a Poduje de falsificación ideológica de instrumento público, fraude al Fisco y de haber utilizado “el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes, y dictar resoluciones manifiestamente injustas”. El cargo más grave: la decisión de demoler estaba tomada antes de que Poduje asumiera como ministro. Todo lo que vino después —los informes técnicos, la presión sobre los inspectores del Serviu, las instrucciones por correo a funcionarios para redactar conclusiones ad hoc— fue construir el sustento documental de algo que ya era un hecho consumado.

La querella afirma que los Inspectores Técnicos de Obra fueron “presionados de forma persistente” para emitir informes de fallas graves, cuando los reportes disponibles solo establecían observaciones corregibles. Que los vecinos fueron presionados para rescindir contratos con las empresas. Que Poduje intervino en ámbitos que correspondían exclusivamente al Serviu, sustituyendo su competencia técnica con su propia voluntad.

Poduje respondió en el tono que lo caracteriza: la empresa construyó viviendas sin estudios estructurales adecuados, vulnerando normas de resistencia al fuego, con materiales no calificados. “No vamos a entregar casas falladas”, dijo. El Minvu presentó a su vez querellas contra las constructoras y pidió al Consejo de Defensa del Estado nuevas acciones penales contra las entidades patrocinantes por irregularidades que van desde la falsificación de certificados hasta el tráfico de influencias. “Son unos sinvergüenzas”, fustigó el ministro.

El cruce de versiones existe. Lo que no es interpretable es lo que dijo el tribunal.

El 16 de junio, el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso acogió parcialmente la solicitud de la Constructora San Sebastián y ordenó un peritaje técnico independiente antes de cualquier avance en la demolición. El argumento: destruir las viviendas antes de un peritaje eliminaría la evidencia necesaria para el juicio.

El Minvu insiste en que es solo una medida prejudicial probatoria, no una paralización. Que el procedimiento sigue vigente. Que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó las órdenes de no innovar de la empresa.

Pero el abogado de San Sebastián fue categórico a través de la prensa: “El ministro Poduje no puede continuar con su plan de demoler. Primero, porque se dice que está fuera de la ley, es contrario a derecho, y que su plan se sale de sus facultades, lo mismo para sus subalternos. Y segundo, para que se nombre peritos imparciales para determinar qué es lo que se construyó realmente y si coincide o no con lo proyectado”.

Para un ministro que construyó su capital político en la velocidad y la contundencia, que un tribunal le diga espere es un golpe de proporciones que ningún comunicado oficial mitiga.

El búmeran

En el Finco 2026 (Feria Inmobiliaria del Biobío), apenas esta semana, Poduje dijo ante industriales de la construcción en Concepción: “Los ministros somos parte; hay algunos que se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen en realidad”.

La frase, pronunciada entre risas, hoy resuena diferente. El mismo ministro que la lanzó enfrenta una querella que lo acusa exactamente de eso: de haber ejercido más autoridad de la que tenía. De haber actuado fuera de sus facultades. De haber actuado como si no tuviera contrapeso.

El estilo sin filtros que lo catapultó al primer lugar de las encuestas es el mismo estilo que hoy lo tiene en los tribunales.

El 14 de junio, la encuesta Criteria entregó un dato que pasó relativamente inadvertido bajo el ruido del caso El Olivar: Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, se convirtió en el ministro mejor evaluado del gabinete con 56%, desplazando a Poduje al tercer lugar con 55%.

Arrau —exministro de Obras Públicas, hoy al mando de Seguridad desde el 19 de mayo— no es un accidente en el tablero de La Moneda. Es el nombre que el propio Presidente Kast mencionó públicamente como presidenciable para 2029. “Les veo pasta de presidenciable a varios y varias”, dijo Kast en CNN Chile, incluyendo a Arrau en ese listado. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, lo ratificó al mismo medio: “Arrau tiene muchas cualidades para ser un buen candidato presidencial. Fue formado en la UDI, ese ADN se respira”.

El ministro que Kast proyecta como su legado presidencial ya lidera las encuestas. Y el ministro que hasta hace tres semanas era el favorito indiscutido del gabinete ahora es un hombre con una querella encima, un peritaje judicial frenándole el proyecto estrella, más de una decena de recursos de protección y una narrativa que ya no le pertenece del todo.

Poduje anunció más querellas contra tres Serviu regionales, nuevos sumarios administrativos y una auditoría interna de seis puntos sobre los Convenios Regionales de Asistencia Técnica en todo el país. La ofensiva judicial del Minvu es amplia, agresiva y puede ser completamente legítima.

Pero su credibilidad depende de que el ministro que la encabeza no termine siendo el investigado principal. Con una querella admitida, un peritaje ordenado por la justicia, acusaciones de presión sobre funcionarios públicos y un tribunal que frenó su plan de demolición, esa posibilidad ya no es una hipótesis.