miércoles, 21 de octubre de 2020 Actualizado a las 20:52

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La hora de lo público: coordenadas para la oposición

La hora de lo público: coordenadas para la oposición
En Chile los derechos sociales mercantilizados y las desigualdades que arrastramos hace décadas, expresadas claramente en el estallido social de octubre, hacen aún más apremiante una respuesta basada en la solidaridad y lo público. Lamentablemente, el Gobierno de Sebastián Piñera ha decidido que sean principalmente los trabajadores y las familias quienes asuman el costo de la crisis. La gravedad de la situación requiere una voz que pueda hacer contrapeso al Gobierno para recordarle que el Estado se debe a las familias de todo el país, no a sostener paradigmas neoliberales que benefician a los más ricos. Un camino puede ser la coordinación de fuerzas de oposición detrás de un programa político de fortalecimiento de lo público, preservación de la vida y recuperación económica
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“No existe la sociedad, tan sólo individuos, hombres y mujeres.” Margaret Thatcher

La ideología hegemónica de los últimos 40 años ha sido el neoliberalismo. Gobiernos a lo largo y ancho del mundo hicieron del mercado una religión y desmantelaron sus servicios públicos, presionados por organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) e inspirados por líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Se instaló la ficción del individuo que enfrenta éxitos o fracasos exclusivamente en base a su esfuerzo personal, mientras se intentaba dar por muerta a la sociedad y los vínculos de solidaridad que la componen.

Pero contrario a lo que establece el dogma del neoliberalismo, la sociedad sí existe y la pandemia se ha encargado de evidenciarlo. ¿Por qué en una emergencia sanitaria que afecta al mundo entero un individuo puede tener acceso a la salud, o mantener su ingreso estable, mientras otro queda desamparado? Los Estados y las economías deben funcionar para todos los ciudadanos y ante eso, el único camino es fortalecer lo público.

Y hay quienes así lo han entendido. En Francia, hace solo unos meses se impulsaba el recorte al sistema de pensiones y de beneficios de desempleo. Luego del coronavirus el Presidente Macron congeló ambas medidas y declaró que el Estado de bienestar no es una carga, sino un bien precioso que debe estar fuera de las leyes del mercado. El FMI, que hace 10 años defendía a rajatabla las políticas de austeridad, ha planteado la idea de introducir impuestos a la riqueza e intervenciones estatales para nacionalizar empresas privadas por la crisis. Incluso en EEUU, Trump se ha visto obligado a anunciar que el Estado cubriría los costos de tratamiento por COVID19 de todas aquellas personas que no tienen cobertura, develando la urgencia de un seguro de salud universal.

En Chile los derechos sociales mercantilizados y las desigualdades que arrastramos hace décadas, expresadas claramente en el estallido social de octubre, hacen aún más apremiante una respuesta basada en la solidaridad y lo público. Lamentablemente, el Gobierno de Sebastián Piñera ha decidido que sean principalmente los trabajadores y las familias quienes asuman el costo de la crisis.

La gravedad de la situación requiere una voz que pueda hacer contrapeso al Gobierno para recordarle que el Estado se debe a las familias de todo el país, no a sostener paradigmas neoliberales que benefician a los más ricos. Un camino puede ser la coordinación de fuerzas de oposición detrás de un programa político de fortalecimiento de lo público, preservación de la vida y recuperación económica que incluya:

  • Protección a las familias, no a las fortunas chilenas: El principal foco del Estado debe ser la protección de familias y trabajadores. En primer lugar, se deben garantizar ingresos a las familias durante la crisis utilizando, por ejemplo, una Renta Básica de Emergencia que incluya al 90% del país. En segundo lugar, se deben hacer esfuerzos para aliviar los gastos, a través de medidas como la condonación de deudas educacionales y postergación de otras deudas financieras. Para que esto no signifique cargarle las manos a las familias trabajadoras en el futuro, en el mediano plazo se debe implementar un nuevo pacto tributario progresivo que exija solidaridad de las grandes fortunas del país.
  • Defensa de la salud y los derechos sociales: En una medida acertada, el Gobierno decretó la centralización de camas públicas y privadas, reconociendo la salud como un derecho, no un privilegio. Pero avanzar hacia el derecho social a la salud requiere más que un decreto y se pueden dar nuevos pasos a través de la implementación del Seguro Único de Salud y una mayor inversión en el sistema público de salud. Por otro lado, es clave que otras necesidades básicas, como la educación y la vivienda, se entiendan bajo el principio de derecho social también.
  • Plan de Inversión para una Recuperación Sustentable: Enfrentamos la crisis económica más profunda desde la Gran Depresión, lo que va requerir un plan de inversión pública sin precedentes para reactivar la economía y generar empleos. La inversión en energía limpia, obras públicas, fortalecimiento de servicios públicos, capital humano, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados deben estar diseñados para enfrentar el próximo gran desafío global: la emergencia climática. Necesitamos implementar una recuperación verde.

Es posible que algunos piensen que estos puntos quedan cortos o que sean muy ambiciosos para un programa político común que enfrente esta crisis. Lo que no es posible es que rehuyamos de ese debate. Chile no son solo individuos, hombres y mujeres, desamparadas a su propia suerte. En nuestro país creemos en la dignidad de todos y todas, y urge una alternativa efectiva que reivindique lo público, defienda derechos sociales y ponga primero a las familias y trabajadores. Debemos estar a la altura.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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