¿Quién decide el desarrollo?

Durante los últimos meses, el Gobierno ha impulsado dos debates que, aunque parecen separados, podrían terminar convergiendo en los territorios. Por un lado, la modernización de la permisología para acelerar proyectos estratégicos de energía, minería e infraestructura. Por otro, la revisión del régimen jurídico de las tierras indígenas para ampliar las posibilidades de uso económico de esos predios.

Ambas iniciativas comparten una premisa: Chile necesita generar condiciones para el crecimiento, la inversión y el desarrollo. Sin embargo, también podrían abrir un nuevo ciclo de conflictividad socioambiental.

El Presidente José Antonio Kast ha insistido en que la agilización de permisos no implica rebajar estándares ambientales. La discusión apunta a reducir burocracia, eliminar duplicidades y mejorar la coordinación institucional. Algo similar ocurre con la propuesta sobre tierras indígenas, presentada como una forma de ampliar la autonomía económica de las familias y permitir que la propiedad pueda cumplir una función productiva más activa.

Sin embargo, los conflictos territoriales rara vez se explican únicamente por aspectos técnicos o jurídicos. La experiencia reciente demuestra que detrás de muchos proyectos existe una discusión más profunda sobre quién decide, quién se beneficia y cómo se distribuyen los costos del desarrollo.

En el caso de las tierras indígenas, el debate revela dos visiones distintas. Desde una mirada liberal, las restricciones actuales limitan la autonomía de los propietarios y reducen oportunidades de inversión y crecimiento. Desde perspectivas como las de José Bengoa o Fernando Pairicán, la tierra constituye mucho más que un activo económico: representa memoria histórica, continuidad cultural y una dimensión política vinculada a la autodeterminación.

Mientras la Comisión para la Paz y el Entendimiento que impulsó el Gobierno de Gabriel Boric intentó construir una hoja de ruta basada en reconocimiento, reparación y mecanismos institucionales para abordar la demanda territorial, la discusión actual parece desplazarse hacia la productividad y el aprovechamiento económico de las tierras existentes.

Una pregunta se relaciona con la restitución. La otra, con la autonomía económica. En tanto, ambas responden a diagnósticos distintos sobre los desafíos de La Araucanía.

Lo relevante es que este debate coincide con una agenda nacional orientada a acelerar inversiones estratégicas. En la macrozona sur existen decenas de proyectos energéticos, de infraestructura y transmisión eléctrica con distintos niveles de conflictividad. Algunos avanzan, otros permanecen judicializados y varios han debido rediseñar sus estrategias de relacionamiento territorial. La evidencia muestra que los permisos no son el único factor que determina la viabilidad de una iniciativa. La legitimidad social sigue siendo una variable decisiva.

Por eso, el verdadero gran trabajo para el Gobierno no será únicamente destrabar proyectos o flexibilizar marcos regulatorios. Será evitar que estas señales sean interpretadas como una reducción de los espacios de participación, protección ambiental o reconocimiento territorial.

Chile necesita inversión. Pero también necesita legitimidad. La aprobación administrativa puede acelerar una obra, pero difícilmente reemplaza la confianza que permite sostenerla en el tiempo.

Y es precisamente en ese enfrentamiento, entre desarrollo, autonomía y protección, donde probablemente se jugará la próxima etapa de los conflictos socioambientales en Chile, y deja la pregunta abierta sobre quién o quiénes deciden el tipo de desarrollo para el país.