Fusión de ministerios: campaña versus gestión pública

En su primera Cuenta Pública, el Presidente Kast anunció la convocatoria a una Comisión de Expertos cuyo mandato será proponer una nueva arquitectura estatal que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones y reasigne los recursos. A partir de las conclusiones de esta comisión se enviará un proyecto de ley al Congreso.

En línea con lo anterior, el Mandatario señaló que en las próximas semanas se va a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica. No se han presentado mayores antecedentes al respecto.

Respecto de esto último, desde hace años se viene planteando la necesidad de rediseñar la gestión estratégica de gobierno a nivel de los ministerios políticos (Interior, Segpres y Segegob), generando lo que se denomina un Centro de Gobierno, cuestión que adquiere mayor sentido si se considera que a nivel central el Ministerio del Interior fue despojado de la agenda setting al perder su competencia sobre Seguridad Pública y que la figura de jefatura de gabinete todavía no encuentra su centro.

Por otra parte, a nivel central, el debilitamiento del Ministerio del Interior comienza el año 1995 con el traspaso de personal y competencias a los incipientes gobiernos regionales, continúa con el traspaso de personal y competencias al Servicio de Migraciones, sigue con la creación de Senapred, continúa con la elección directa de los gobernadores regionales y prosigue con la creación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad, que implican el traspaso de personal y competencias.

Todos estos procesos, completamente legítimos por lo demás, han significado un debilitamiento de la representación del Estado central en las regiones. Este debilitamiento progresivo podría abordarse si consideramos la fusión como una oportunidad que aproveche las sinergias que se dan entre programas de Gobierno Interior y Segegob a nivel central y en el territorio.

Por lo mismo, en la medida en que todas las competencias actuales del Ministerio Segegob sean traspasadas y no solo las relacionadas con lo comunicacional, el nivel de acuerdo acerca de la medida alcanza más viabilidad, lo mismo que la garantía de respeto a los derechos y el empleo de trabajadores y trabajadoras.

Finalmente, debemos considerar que la creación de un Ministerio del Interior más fuerte, como Centro de Gobierno, ya tuvo un ligero avance con el traspaso –en el marco de la creación del Ministerio de Seguridad– a la Subsecretaría del Interior de dos divisiones que antes formaban parte de Segpres: Coordinación Interinstitucional y Estudios.

Ahora, respecto del proceso de fusión de ministerios que se publicitó ampliamente en la campaña presidencial pasada, desde el mundo de los trabajadores parece obligatorio aportar algunos elementos que permitan generar una reflexión más amplia sobre este tipo de procesos.

En general, podemos decir que en la propuesta del Presidente se reitera una visión economicista o reduccionista de la gestión pública, en línea con el proyecto de ley sobre reforma tributaria impulsada por el Gobierno y con el mismo proceso presupuestario en curso. Son propuestas efectuadas sin la generación de una deliberación ciudadana y política amplia, cuyas conclusiones puedan convertirse en acuerdos sostenibles a lo largo de los años.

Al contrario, lo que ocurre hoy es lo más parecido a una invitación a revertir estas medidas en cuatro años más, en el curso de una próxima administración, en la continuidad de cambios de gobierno de distinto signo, que finalmente dificultan que el país avance.

Sin duda, se requiere modernizar el Estado, pero para ello es necesario que existan consensos básicos en el mundo político –que debe incluir a los actores involucrados– que resuelvan la pregunta central: ¿qué Estado queremos? (y todo lo que deriva de esta). Solo ponernos a pensar en ello nos permitirá saber cuánto Estado necesitamos.

Lamentablemente, hasta ahora no se ha constatado, desde el mundo de la política, una voluntad real de emprender este imprescindible proceso. Al contrario, la seguidilla de medidas en curso está más cargada de ideología que de diálogo y voluntad de acuerdo, por lo que no resulta prometedora.

Para quienes nos desempeñamos en el Estado, la discusión pública sobre su modernización es de primer orden desde nuestro rol como ciudadanos y también como servidores públicos, con vocación de servicio, y nos interesa hacerlo mirando el proceso completo, no solo en lo referido a la gestión de las personas.

Generalmente, la perspectiva de participación de trabajadoras y trabajadores del sector público se reduce solo a aquello relacionado con el ciclo de vida laboral de las personas, aspecto tratado en el Estatuto Administrativo y que incluye los mecanismos de ingreso, capacitación, evaluación del desempeño, así como mecanismos de incentivo del desempeño vía remuneraciones y egreso del servicio.

No obstante, desde las distintas perspectivas que se emplean para abordar el proceso de modernización, siempre habrá aspectos ineludibles que discutir y, en todos ellos, el incorporar al mundo público organizado a la agenda agrega valor público a las decisiones finales.

Sin duda es de nuestro interés participar en el debate acerca de qué Estado queremos y de sus características. Derivado de ello, pensamos que perfectamente podemos participar del debate en temas como Transformación Digital e Innovación Pública, Gestión del personal del Estado, Descentralización y Desarrollo Regional, Transparencia, Probidad y Lucha Anticorrupción, Calidad Regulatoria y Simplificación del Estado, Participación Ciudadana y Legitimidad Democrática, Gestión Financiera y Presupuestaria, Reforma y Coordinación Institucional, Estado al Servicio de las Personas, Gestión del Cambio y Cultura Organizacional.

Además, existe en este debate un tema que ha sido insuficientemente tratado a nivel del discurso presidencial y que, a diferencia de los otros temas o aristas de la modernización, es propio del siglo actual: la inteligencia artificial (IA).

La IA está transformando el mundo de un modo acelerado y abarcando amplios aspectos de la vida. A tal punto que el Papa León XIV, en su encíclica Magnifica Humanitas, hace un extenso análisis de los impactos que está teniendo y plantea desafíos a su desarrollo y uso a la altura de los riesgos que considera.

Entre ellos, en lo que se refiere a esta conversación, que la incorporación de la IA exige protección del empleo, formación y participación de los trabajadores; que las políticas públicas deben orientar la innovación tecnológica hacia el trabajo digno, la inclusión y la justicia social; y que los sindicatos deben abrirse a las nuevas formas de trabajo y a los nuevos trabajadores para representarlos adecuadamente ante un escenario de probable precarización.

El 01 de junio, el Presidente Kast presentó un discurso que, desde la perspectiva de lo que ocurre hoy en el mundo, pertenece más al siglo XX que al XXI, con apenas algunas menciones a la IA.

Para ser sinceros, desde el mundo sindical tampoco existen planteamientos al respecto y la verdad es que sobre todo para los trabajadores es un tema que debiera estar en los primeros lugares de la agenda, dados los riesgos que encierra, porque, además, este es un elemento transversal a cualquier proceso de modernización del Estado que se pretenda emprender.