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Con las velas de un entierro Chile conmemora el Día del Medio Ambiente

por 5 junio, 2020

Con las velas de un entierro Chile conmemora el Día del Medio Ambiente
Entre el estallido y pandemia, las urgencias por dotar al país de una mayor seguridad hídrica en momentos en que se padece una de las mayores sequías de la historia o por establecer justicia ambiental a los habitantes de las zonas de sacrificio, como la de Quintero y Puchuncaví, parecen dormir el sueño de los justos. Entre los compromisos del Gobierno del Presidente Piñera ante Naciones Unidas para adaptarse al cambio climático, dados a conocer en plena pandemia, no hubo una sola palabra sobre la protección de los glaciares, que constituyen la mayor reserva de agua dulce del país, misma que se encuentra amenazada por la actividad industrial y la contaminación urbana. Y en la bahía de Quintero, fuera de producirse nuevos peaks de emanaciones de dióxido de azufre, la norma que buscaba restringir la cantidad de material particulado contaminante (MP10), responsable de frecuentes cuadros de enfermedades respiratorias y que pueden verse agravados por el COVID-19, vuelve a aplazarse. Ante este hecho, las comunidades de las zonas de sacrificio conmemoran este Día del Medio Ambiente totalizando 22 años con el contaminante libre en el aire y sin ningún control.
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En el "otro" Chile, ese que pareció diluirse en la profundidad del estallido social del 18 octubre y que la pandemia global que enfrentamos hoy terminó de licuar, en "ese" Chile, el Presidente Sebastián Piñera explotaba su imagen internacional como el Mandatario de una nación sudamericana que buscaba sacar adelante una empresa titánica: poner en marcha los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático y detener el calentamiento global.

Pese a enfrentar contradicciones evidentes, como conmemorar un año de las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví con nuevas intoxicaciones masivas, la negativa a firmar el Acuerdo de Escazú o la decisión de restarse del Pacto Mundial Migratorio, con el cual Chile se había puesto del lado de los negacionistas, al rehusar la coordinación multilateral para hacer frente a las inminentes olas migratorias de refugiados climáticos, aun así, el Presidente Piñera se presentaba Ante la Asamblea General de Naciones Unidas como un líder medioambiental, al declarar que el cambio climático y el calentamiento global constituían "la madre de todas las batallas, porque es una batalla por la sobrevivencia".

Con una crisis económica  galopante, que había eclipsado su mensaje electoral de "los tiempos mejores", los compromisos  internacionales que estaba adquiriendo Piñera en materia medioambiental habían comenzado a poner nervioso al empresariado chileno, por el impacto que tendría en la agenda nacional. Era el tiempo en que corrían los descuentos para la realización de la COP25, que se desarrollaría en Santiago y que traería al país a figuras influyentes en la lucha contra el cambio climático, como Greta Thunberg  y Leonardo DiCaprio, motivo suficiente para despertar con fuerza una agenda ambiental dormida en todos los gobiernos anteriores.

Por entonces, los empresarios le mandaron mensajes claros al Presidente. Le hicieron saber que sentían temor de que el Gobierno se dejara llevar por la agenda verde y se terminara promulgando leyes que fueran contra el crecimiento, la productividad y el empleo. No tenían confianza. "El tono político ha impedido el debate técnico", acusaban.

A no más de dos semanas del 18 de octubre –terremoto social que hizo saltar todas las piezas del tablero político–, el empresario estaba particularmente preocupado por el destino de la Ley de Glaciares. Sin interrupciones, el lobby minero –particularmente de Codelco– había logrado entorpecer con éxito y de manera consecutiva seis iniciativas legales que buscaban proteger las reservas de agua dulce contenidas en los más de 2 mil glaciares que se encuentran a lo largo de Chile. Ni las protestas ni la sequía, ni el "Acuerdo de Chagal" de Bachelet, que le dio protagonismo al activismo socioambiental, habían podido con ellos. Pero ahora, con un Presidente encandilado con su agenda internacional verde, tenían miedo.

Y el miedo era doble, porque el cambio climático en Chile estaba mostrando su cara más dura con una megasequía feroz y una escasez hídrica que estaba matando animales, provocando migrantes climáticos internos y obligando al Gobierno a decretar vastas zonas del país en "emergencia hídrica".

Y vino el estallido. Bajo el eslogan "No son 30 pesos, son 30 años", la energía contenida desde fines del siglo XX se liberó en forma de terremoto político, económico y socioambiental. Cambiaron las prioridades, la COP25 se suspendió, lo mismo que la APEC, y el miedo cundió entre amplios sectores de la derecha y, especialmente, de la derecha económica. Ya el peligro no era una ley, se había puesto en peligro el modelo.

El agua, una votación a río revuelto

Con las réplicas del estallido como pan de cada día, el estado de emergencia, los toques de queda, las declaraciones de guerra y un incipiente debate constitucional, la COP25 se trasladó a Madrid pero Chile mantuvo su presidencia, bajo la responsabilidad de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Fue un fracaso total. No solo quedó sepultado bajo escombros el liderazgo chileno en materia medioambiental, sino también las ambiciones de lograr frenar el calentamiento global, cuyos efectos devastadores en el contexto del cambio climático –según el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres– se prevén peores que los de la pandemia del coronavirus.

Con un Gobierno todavía paralizado por un estallido que no vio venir, un Congreso sobreestimulado por el desplazamiento de la discusión política desde los partidos a la calle y los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, senadores de Chile Vamos a río revuelto, en enero de este año, votaron en contra de la reforma constitucional que buscaba consagrar el derecho al agua como un bien de uso público. Una reforma que, desde antes de la discusión constitucional, formaba parte del eje central de la agenda medioambiental, dado el carácter estratégico y vital del agua, máxime para un país que enfrenta una de las peores sequías de su historia y que se distingue del resto del mundo por ser la única nación cuyos derechos de uso son comerciables. Los parlamentarios que echaron tierra a la reforma y que no se abstuvieron en la votación, eran poseedores de derechos de aprovechamiento de aguas.

Con la pandemia global ya desatada, la urgencia medioambiental se vio nuevamente desplazada. Fuera de los titulares pero sin dar tregua, la sequía y la escasez de agua, a marzo de este año, abarcaban a un total de 136 comunas del país, entre las regiones de Coquimbo y el Maule, que habían sido declaradas como zonas de escasez hídrica, alcanzando así un 39% de las comunas a nivel nacional en la misma condición.

Este panorama coincidió con el triunfo del empresario frutícola Juan Sutil en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el mismo que, a mediados del 2019, figuraba como el representante de la Corporación Reguemos Chile y principal impulsor del proyecto de carretera hídrica, que pretende llevar agua desde la Región del Biobío a la zona centro norte del país, para abastecer a la industria agroalimentaria. Un proyecto al que el consenso de la comunidad científica calificó como antesala de un desastre ecológico y como una "injusticia medioambiental".

La insólita exclusión de los glaciares en la NDC

Así como no todo lo que parece ser, lo es –o al menos no lo es del todo–, el 9 de abril y con mucho menos prensa que hace un año, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presentó el informe de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de Chile (NDC, por sus siglas en inglés) de aquí al año 2030. Este informe, cuya primera versión fue presentada por nuestro país previo al Acuerdo de París en 2015,  constituye el acto por el cual se comunica, a la secretaría de la Convención Marco contra el Cambio Climático, los objetivos, metas  y planes de acción para reducir las emisiones de CO2 y para adaptarse a los cambios climáticos.

El anuncio, que debió realizarse vía videoconferencia debido a la crisis sanitaria, fue calificado por las propias autoridades de Gobierno como “metas y compromisos ambiciosos” que permiten a Chile “avanzar a paso firme en la transformación hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima, con grandes ventajas sociales, ambientales y económicas para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Siendo el agua un tema tan central para el país, puesto que su escasez es la principal puerta por la que golpea el cambio climático a Chile, la protección de los glaciares se entendía como insustituible, debido a su papel en la seguridad hídrica.

Tras el análisis de los compromisos climáticos contenidos en la NDC de Chile, diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron que en el informe comunicado por Schmidt había una completa omisión sobre la protección de estas reservas fundamentales de agua dulce, elemento que la secretaría de ONU Cambio Climático considera prioritario para “la salud humana, la producción de energía, la productividad industrial y la biodiversidad, y además es la necesidad más básica del ser humano”.

La omisión del Gobierno sobre la protección de los glaciares llegó a tal nivel, que incluso los conceptos glaciar o criósfera no son mencionados en ninguna de las 51 páginas del documento. El dato no es menor.

Actualmente, en la Comisión de Minería y Energía del Senado está radicada y estancada la tramitación del proyecto presentado en julio de 2018 por los senadores Guido Girardi (PPD), Ximena Órdenes (PPD) e Isabel Allende (PS), luego que una iniciativa legal previa, impulsada por los diputados y que se tramitó durante 4 años en la Cámara y fue aprobada en su Comisión de Medio Ambiente, fuera desechada en el Gobierno de Sebastián Piñera al retirarle su apoyo.

Hoy la tramitación tiene bajas posibilidades de prosperar, luego que en marzo asumiera la presidencia de la comisión el senador Alejandro García-Huidobro (UDI), quien se ha mostrado a favor de las actividades mineras en los entornos glaciares.

Con estas acciones, la preocupación de los empresarios de que la agenda verde del Presidente pudiera alterar las prioridades de crecimiento y que le hicieran saber en septiembre del año pasado, quedaba superada.

PM10, el asesino intocable

Así como el peligro por la sequía se ha ido moviendo a lo invisible, la situación de la zonas de sacrificio, que tienen como triste ejemplo a Quintero y Puchuncaví, han seguido el mismo derrotero.

Cuando en enero la ministra del Medio Ambiente fue interpelada por el disputado Félix González –quien calificó el papel del Gobierno en la COP25 como "vergüenza mundial"–, Carolina Schmidt aprovechó la instancia para pedir perdón "a todas y cada una de las personas (de las zonas de sacrificio), porque nadie merece vivir en una zona contaminada".

Mientras la ministra pedía disculpas, estaba en plena marcha una demanda civil que buscaba reparar económicamente a los pescadores artesanales de la bahía de Quintero y Puchuncaví, por las consecuencias nefastas para su actividad derivadas de la contaminación producida por los continuos varamientos de carbón. Como se revelara más tarde en el reportaje "El acuerdo mordaza de Aes Gener", de El Mostrador, la demanda quedaría en nada, tras un acuerdo extrajudicial entre la termoeléctrica y los pescadores, en el que estos últimos se comprometían en ese acto a renunciar a cualquier intento de indemnización por daños, en el presente o en el futuro, asociados a los varamientos de carbón.

Tras destaparse el escándalo, el diputado Marcelo Díaz presentó el pasado 10 de marzo un oficio al Ministerio del Medio Ambiente para que aclarase esta situación, que calificó como "ética y moralmente reprochable". La Moneda, a través de la ministra del Medio Ambiente, fue clara: el Gobierno "no puede ni le corresponde disponer una investigación ni efectuar denuncias respecto de un acuerdo entre dos particulares".

Así como esta respuesta se suma a la persistente indiferencia estatal por la contaminación de las aguas, el aire y la tierra en esta bahía de la Quinta Región, un nuevo hecho que compromete al Estado se suma a lo que más bien se parece a una condena.

El 7 de abril se registró en Quintero y Puchuncaví un nuevo peak de emanaciones de dióxido de azufre, que levantó otra vez las alertas, pero en esta ocasión con mayor alarma, dado que se producía en plena pandemia. Científicos de la Universidad de Harvard y también expertos chilenos, comunicaron al mundo en esos días que la mortalidad a causa del COVID-19 podría verse incrementada por la contaminación atmosférica. La razón: que el virus podía ser transportado en el material particulado de la contaminación.

Dentro del material particulado, uno de los más peligrosos, junto con el fino, es el PM10, ya que tendría una directa relación con el aumento de enfermedades respiratorias a personas expuestas a esta contaminación, cuya fuente principal son las termoeléctricas que campean en las zonas de sacrificio.

Hasta el 2013, en Chile existía una norma ambiental, el DS 59, que regulaba las emanaciones de material particulado MP10 por el "grave riesgo" para la salud de la población expuesta. En pleno primer Gobierno del Presidente Piñera, se dictó un nuevo decreto supremo que derogó esta norma ambiental.

Debido a la falta de evidencia científica que respaldara esta decisión, en esos años habitantes de la zonas de sacrificio de Puchuncaví y Coronel, entre otras, como adelantándose a las intoxicaciones masivas que más tarde harían tristemente célebre a la comunidad, presentaron una impugnación al decreto. Un par de años después, el Segundo Tribunal Ambiental acogió la impugnación y el 2015 se dio un plazo de 5 años para que se repusiera la norma. Cinco años en que las partículas contaminantes de este tamaño siguieron emanando sin control.

Más allá de que el plazo, en los tiempos que corren, puede resultar inadmisible, este se cumplió a fines del año pasado, pero el Ministerio del Medio Ambiente, en este segundo mandato de Sebastián Piñera, no dio a conocer la nueva norma, debido a las contingencias derivadas del estallido. El Gobierno, entonces, pidió otro aplazamiento, que venció el pasado 31 de mayo. La norma no volvió a entregarse, esta vez por las contingencias de la pandemia.

Ante estos hechos, sumados a que en la práctica nunca la norma entró en funcionamiento efectivo desde su creación en 1998, las comunidades de las zonas de sacrificio conmemoran este Día del Medio Ambiente totalizando 22 años con el material particulado MP10 libre en el aire y sin ningún control.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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