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Desempleo y hambre: ¿Para quién está gobernando el Gobierno?

por 14 junio, 2020

Desempleo y hambre: ¿Para quién está gobernando el Gobierno?
Recordemos que Chile, además de una crisis sanitaria y económica, se encuentra en medio de una crisis social latente, lo que hace urgente un rol estatal mayor, que supere dogmatismos económicos y cumpla con su obligación de proteger la salud y la vida de las personas que hoy están pasando hambre. Es la única manera de garantizar un bienestar por sobre la línea de la pobreza, algo crucial para poder cumplir con el confinamiento obligatorio, dictado por la autoridad sanitaria y que el peso de la crisis deje de estar únicamente en los hombros de las y los trabajadores, quienes hasta ahora han tenido que echar mano a sus propios ahorros para poder financiarla.
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Han pasado más de tres meses desde el primer contagio por coronavirus en Chile y las condiciones económicas de las familias trabajadoras han ido empeorando con los días, obligando a miles de personas a salir a la calle a buscar recursos para subsistir, poniendo en riesgo sus vidas y la de sus familias. Ante eso nos preguntamos ¿Para quién está gobernando el Gobierno? ¿Cuáles son sus prioridades? Ya que las únicas medidas que han impulsado en materia laboral, han sido ambiguas, porque prometen mucho y garantizan poco.

Las medidas implementadas hasta la fecha, como la Ley de protección al empleo y el proyecto del seguro social para trabajadores y trabajadoras que emiten boletas a honorarios, que aún está en trámite, entregan poco a las familias en términos de seguridad económica. El Estado, técnicamente, no está gastando recursos en ninguna de las medidas que ha propuesto. En el caso de la Ley de protección del empleo, un tercio de los recursos los aporta el fondo solidario y los otros dos tercios restantes provienen de las propias cuentas individuales de las y los trabajadores, traspasando todo el esfuerzo a las familias trabajadoras. Para financiar ambas medidas, el Gobierno comprometió un préstamo del fisco de US$ 2100 millones en el caso de la Ley de protección del empleo y de US$300 millones en el proyecto de seguro social para trabajadores independientes. De esta manera, una vez pasada la crisis, tanto el fondo solidario de cesantía, como el fondo común en el caso de los honorarios, deberán devolverle al fisco los montos inyectados.

Por otro lado, los bonos con bajos montos y el Ingreso Familiar de Emergencia, que no alcanzan a superar la línea de la pobreza, han provocado el resurgimiento de las ollas comunes en las comunas más vulnerables de la RM, un grito de desesperación, de quienes están pasando hambre, y se ven impedidos de salir a la calle a ganarse el pan, el Estado una vez más llega tarde. En el caso de las mujeres y la negativa del Gobierno ante el postnatal de emergencia, y la solución que propone la ministra Zaldívar de teletrabajar y criar bebes de 7 meses, está obligando a las mujeres a decidir entre cuidar de sus hijos o conservar su trabajo, incentivándolas a dejar los empleos, precarizando aún más su situación económica. Si no apoyan a las mujeres y las labores de cuidado esto seguirá pasando.

En contraste se encuentra la realidad empresarial, ya que ellos están pidiéndole al Estado que los salve de la quiebra, y así recibir “dinero fresco”, ante esto los ministros de Economía y Hacienda evalúan opciones, sin embargo, esto no puede ser una entrega de dinero a ciegas, sin condiciones, sino que se deben establecer garantías laborales, financieras, de sustentabilidad y de género, que permitan proteger a las familias trabajadoras del desempleo y la precarización. Si no actuamos con urgencia, podemos llegar a niveles incontrolables de desempleo y desigualdad, por eso debemos ser audaces en las medidas, pero el Gobierno insiste en mantener la formula del “sálvese quien pueda”, un cuento viejo, que opera gracias al modelo económico, social y laboral que tenemos, basado en la precarización de las y los trabajadores, formales e informales.

No podemos seguir actuando con ambigüedades, tampoco creemos que sea el tiempo de “guardar cartuchos” para el futuro, sino que es el momento de enmendar el rumbo de manera urgente, de rediseñar una estrategia, ya pasó el tiempo de los dogmatismos neoliberales, hoy hay que escuchar a la sociedad. La propuesta de la Renta Básica Universal es una opción considerada a nivel global, para enfrentar el desempleo y la pobreza. Un ingreso financiado por el Estado para todos sus ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, a través de transferencia directa de recursos, la cual actúa como una herramienta de distribución de la riqueza, permitiendo a las familias adquirir alimentos para subsistir durante la cuarentena y poder quedarse en casa. Esto permite dinamizar las economías locales y acelerar la recuperación post pandemia.

Recordemos que Chile, además de una crisis sanitaria y económica, se encuentra en medio de una crisis social latente, lo que hace urgente un rol estatal mayor, que supere dogmatismos económicos y cumpla con su obligación de proteger la salud y la vida de las personas que hoy están pasando hambre. Es la única manera de garantizar un bienestar por sobre la línea de la pobreza, algo crucial para poder cumplir con el confinamiento obligatorio, dictado por la autoridad sanitaria y que el peso de la crisis deje de estar únicamente en los hombros de las y los trabajadores, quienes hasta ahora han tenido que echar mano a sus propios ahorros para poder financiarla.

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