Las inseguridades, extravío y descontrol de la ministra de Seguridad Pública

José Antonio Kast construyó gran parte de su capital político sobre la idea de que Chile estaba sumido en una espiral de inseguridad y violencia que solo él era capaz de frenar. Ejemplo de eso fue su franja presidencial, en donde se repetían episodios cruentos contados por sus víctimas, para que luego apareciera él diciendo que “los chilenos tenían el derecho a vivir sin miedo” y prometiendo que en su Gobierno la tranquilidad iba a retornar al país.

Esa promesa no se está cumpliendo y la persona elegida para conducir tal desafío, la abogada y exfiscal del Ministerio Público Trinidad Steinert –un cuadro técnico y no político–, todo indica que no es la adecuada para ello.

La ministra de Seguridad debutó como autoridad con la polémica salida de Consuelo Peña, entonces subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI. En Chile, las Fuerzas de Orden y Seguridad (Carabineros y la PDI) son por definición técnicas y no deliberantes, lo que significa que debe existir una frontera muy clara entre ellas y la política. El Gobierno tiene la obligación de proteger esa independencia, precisamente lo que la ministra Steinert no hizo cuando pidió la remoción de la hoy exsubdirectora Peña, lo que –para colmo– no forma parte de sus atribuciones. El director de la PDI luego tuvo que salir a respaldar a la ministra, señalando que la decisión había sido suya.

El segundo problema ha sido el debilitamiento de capacidades internas justamente en las áreas donde el Ministerio de Seguridad debe tener mayor valor agregado: información, análisis y coordinación.

La administración Steinert resolvió disolver la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad, creada durante la gestión del anterior ministro, Luis Cordero, cuyo objetivo era integrar información de instituciones como Carabineros, PDI, SII, Aduanas y otras, precisamente para aminorar inconsistencias y producir una mirada común del sistema.

La ministra defendió la decisión diciendo que “la unidad realizaba funciones que ya realizan otras unidades”, pero en la práctica significó ir, según la exministra Carolina Tohá, “en contra de todas las recomendaciones de los expertos”. Este constituye otro ejemplo de cómo la titular de Seguridad, lejos de fortalecer el rol institucional y coordinador del ministerio que encabeza, ha contribuido a desmembrar su rol articulador.

Además, resulta muy grave que la ministra Steinert haya formado parte de una sociedad profesional con un abogado (su expareja y padre de sus hijos) que está en la lista de Contraloría donde se registra a los abogados que han defendido a narcotraficantes. Más aún cuando se justificó señalando que esta sociedad “nunca tuvo movimientos”, lo que sería falso.

Trinidad Steinert no entiende que como ministra tiene una doble labor: por un lado, su rol es político, lo que significa que tiene que actuar con un cuidado institucional mucho mayor al que tenía como fiscal del Ministerio Público, en especial cuando se relaciona con las Fuerzas de Orden y Seguridad; por otro lado, el cargo también es técnico, pero no es persecutor propiamente tal, sino que organizador y coordinador.

Su tarea no es competir por protagonismo con policías y fiscales, sino que producir coordinación donde hoy existe fragmentación; información donde hay falta de comunicación; y evaluación estratégica donde suele haber más anuncios que otra cosa.

Pero el mayor problema es que todo indica que La Moneda no tiene un plan de seguridad que aplicar, sino solo –hasta ahora– pirotecnia menor, al contrario de lo ofrecido a lo largo de la campaña presidencial. Hoy, el Presidente está desnudo en este tema, y Steinert no lo arropa, de modo alguno.

La paradoja es evidente: el Gobierno que prometió recuperar la tranquilidad y enfrentar la delincuencia, ha terminado perdiendo el control de su propia agenda de seguridad.