Opinión
Es importante que en Chile exista una política de Estado, desde el punto de vista habitacional y social. Es él el garante para ayudar a mitigar los posibles desastres que pudieran seguir ocurriendo, como incendios, y focos de contagio de coronavirus. En el corto plazo es el Estado el que debe otorgar soluciones para evitar incidentes lamentables como el maltrato infantil, microtráfico, incendios, evaluar aislamientos dentro del hacinamiento, para evitar más contagios. Tras la pandemia, Chile debe modificar su política habitacional, es un cambio urgente si queremos dignidad para todos y todas las personas que habitan en nuestro país.
La pandemia del COVID-19 desnudó el rostro que Chile se empeñó en esconder por décadas. Megatorres con muchos departamentos, estrechos, a precios elevados, que para costearlos vive más de una familia, por otro lado, viviendas colectivas diseminadas en los barrios, lo que constituye la verdadera postal de lo que significa vivir en las grandes ciudades del país.
Según el último estudio de Citymap, Independencia es la comuna con mayor índice de hacinamiento en la Región Metropolitana, donde el 13,1% de su territorio se compone de viviendas colectivas precarias, muchas de ellas en estado crítico.
¿Nos sorprende esta realidad? Lamentablemente no. Según nuestros catastros como municipio, nos atreveríamos a decir que existen alrededor de 1.000 viviendas colectivas en Independencia. ¿Qué las distingue? Son casas principalmente antiguas, con un alto grado de clandestinidad, la mayoría de sus habitantes son migrantes, que en un principio están de paso y, finalmente, terminan acostumbrándose a vivir de esa forma.
Detrás de ellas prácticamente siempre existe un especulador que las subarrienda a precios que no corresponden con la realidad ni la calidad de estos espacios, pero que desafortunadamente terminan siendo pagados por sus arrendatarios, al carecer de papeles y una estabilidad económica que les permita acceder a una vivienda regulada.
Desde el punto de vista técnico, sabemos que son construcciones que no fueron diseñadas para abarcar ese nivel de densidad, cuyo punto crítico son las instalaciones eléctricas y sanitarias. Carecen de baños apropiados; las cocinas están al interior de una pieza, lo que genera un riesgo importante, y lugares que están habitualmente preparados para una cierta cantidad de electrodomésticos, se ven multiplicados por su cantidad de habitantes. Si a esto le sumamos que los sistemas eléctricos son antiguos, el colapso es inminente.
En Chile, no existe una política pública formal adecuada para enfrentar el hacinamiento. El Estado no se ha hecho cargo de generar los lineamientos correspondientes a raíz del déficit habitacional generado por una serie de factores, y la precariedad que esto acarrea consigo.
El sector formal no ha sabido dar una respuesta, fiscalizar, ni sancionar los abusos que hay detrás de las viviendas colectivas. Los municipios, dentro de nuestras atribuciones, pedimos colaboración para sancionar y poner fin a estos espacios, sin embargo, no recibimos respuesta. Hoy, es un tema que crece rápido, es dinámico y cuesta catastrarlo.
En tiempos de pandemia, el desalojo tampoco es la solución, pues lamentablemente las familias se encuentran en un estado de desprotección absoluta, y quitarles el único espacio con el que cuentan, no contribuye a mejorar su realidad.
Es importante que en Chile exista una política de Estado, desde el punto de vista habitacional y social. Es él el garante para ayudar a mitigar los posibles desastres que pudieran seguir ocurriendo, como incendios, y focos de contagio de coronavirus. En el corto plazo es el Estado el que debe otorgar soluciones para evitar incidentes lamentables como el maltrato infantil, microtráfico, incendios, evaluar aislamientos dentro del hacinamiento, para evitar más contagios.
Tras la pandemia, Chile debe modificar su política habitacional, es un cambio urgente si queremos dignidad para todos y todas las personas que habitan en nuestro país.
