Cambio de guardia en la Defensa Nacional

El 28 de julio de 2020 se realizó un cambio de gabinete, el cual implico la salida de Alberto Espina y la llegada de Mario Desbordes a un ministerio, al que muchos equivocadamente califican de poco importante por no ser parte del comité político, pero que independiente del hecho de que no pueda remover a los comandantes en jefe, al jefe del estado mayor conjunto y los subsecretarios de la cartera, es el secretario de Estado designado para la conducción política de todo lo que la Defensa Nacional implica en términos de poder, presupuesto y gente, importancia que se ve aumentada cuando las fuerzas están desplegadas controlando lo largo y ancho de todo el territorio, y que no debemos olvidar, que en años anteriores y en condiciones similares, catapultaron la carrera política de una ministra que salió fotografiada a bordo de un Mowag del Ejército.

Alberto Espina, un político de carrera al igual que Mario Desbordes, busco en la primera parte de su gestión desarrollar una agenda modernizadora de la Defensa, pero que quedo a medio andar producto del estallido social del 18 de octubre y que no se alcanzó a retomar, ya que al poco tiempo las tropas fueron requeridas para implementar el Estado de Catástrofe que el Gobierno decidió como necesario para manejar y mitigar los efectos del Covid-19.

Antes del estallido social había logrado reemplazar la llamada “Ley del Cobre” por una que financia capacidades estratégicas, pero que a la fecha aun está huérfana de la ley que se comprometió para regular las compras militares, pero más importante aun, está huérfana de la política de defensa que la debe guiar para que las inversiones y gastos que se realicen sean lógicos y efectivamente dedicados a defender y proteger los intereses nacionales como un todo e independiente de donde estén ubicados, y que su lógica no se deba solo a lo que las instituciones, en buena fe, creen son las que se deban realizar.

Si hay que rescatar el mérito de Alberto Espina en el sentido de que, a pesar de que no era un ministro en exceso popular con los institutos armados, sí logró colocar control y orden en donde antes había un ruido que no le hacía bien a la Defensa o a sus instituciones, y que daba lugar para algunos exigieran que pagaran justos por pecadores, o bien se diera pie y espacio para que se desarrollaran las agendas anti-fuerzas armadas de aquellos que históricamente tenían diferencias con ellas. Por otro lado, ¿es culpable un político de darle un uso expandido a las Fuerzas Armadas cuando las cosas se ponen complejas y feas? La verdad es que no es culpable, ya está haciendo lo que la Constitución le permite y, por otro lado, estaá usando algunas de las pocas instituciones bien valoradas, efectivas y eficientes de las que dispone la nación. Puede que estemos en desacuerdo en su uso para fines policiales como eran la protección de infraestructura crítica, el apoyo a las policías en las fronteras o que las reglas de uso de la fuerza (RUF) fueran poco prácticas y criticadas por quienes debían darles uso, pero aparte de eso, no se le puede hacer pagar por las circunstancias en las que le tocó desempeñarse, las que claramente no fueron producto de alguna mala decisión que hubiese tomado.

En lo personal, sí me hubiera gustado que a esta altura la política de defensa ya estuviese publicada y sociabilizada, pero quizás en las circunstancias actuales ello no era posible. Asumiendo que está lista para ser presentada, veremos cuando ello ocurra si es que efectivamente corresponde a un documento lógico y coherente que identifique claramente los tipos de amenazas con las cuales debemos lidiar, sean tradicionales o modernas, como también que es lo que nos interesa proteger a la vez que reconocemos que Chile es un país tri-continental con una alta dependencia económica del Pacífico Occidental. Tener claro quiénes somos, que nos importa y que debemos proteger es clave en una política de defensa. Si no tenemos eso claro, mejor nos quedamos con lo que tenemos.

¿Qué recibe el ministro Desbordes? Recibe a las Fuerzas Armadas en la calle producto de estar en un Estado de Excepción constitucional (que ya parece permanente), las recibe con 5 meses realizando labores de orden público que no son parte de su core fundamental, las recibe con el contingente de conscriptos del 2019 y presiones presupuestarias que buscan disminuir el gasto en defensa. Las recibe con una situación vecinal con Argentina que no es del todo ideal, las recibe con presiones de algunos para que se involucren en el orden público de La Araucanía, y se recibe de una agenda legislativa que considera modificar el sistema de compras militares, modernizar la ley de inteligencia, involucramiento de las Fuerzas Armadas en protección de infraestructura crítica, un presupuesto 2021 restrictivo, extensión de la carrera militar y presiones poco inteligentes y desinformadas que buscan realizar cambios previsionales que tendrían profundos impactos en la retención del talento humano. Las recibe con una política de defensa que aun no se publica, analiza, sociabiliza y explica, y las recibe en un ambiente político, económico y social enredado, con las implicancias que ello puede tener en el orden público y la seguridad nacional. Si después de esto alguien aun insiste en que este es un ministerio poco importante, le recomiendo que vuelva al comienzo de esta columna de opinión y relea los párrafos precedentes.

Todos los temas anteriores son críticos, pero el más crítico de todos es mantener las tropas realizando labores de orden público que exige el Estado de Catástrofe en el cual aun estamos después de 5 meses y al que aun le faltan semanas para que expire. Los estados de excepción constitucionales no pueden ser permanentes, ya que dejan de ser excepcionales. Esto tiene un indudable desgaste para las Fuerzas Armadas, las que obviamente, producto de esta situación, no ha realizado sus actividades de entrenamiento y mantenimiento habituales con la profundidad adecuada, y que bien puede implicar capacidades disminuidas en lo que a defensa se refiere. Para que decir lo que esto significa para los integrantes de los institutos armados y sus familias. No tengo registros de otros países que hayan necesitado tener a sus ejércitos desplegados por 5 meses por razones de pandemia. Esto no habla bien de Chile y de su autodisciplina para fines de controlar los efectos del Covid-19.

Tener a las fuerzas armadas a cargo del orden público, con generales y almirantes desempeñándose como jefes de defensa a cargo de regiones del país tiene un evidente riesgo de involucrarlas en política, ya que la delegación presidencial es bastante amplia y sus responsabilidades van más allá del orden publico. Están a cargo de las regiones y son para todos los efectos prácticos, la autoridad política y no solo son responsables de las labores que vienen relacionadas a la contingencia médica, sino que también de todo lo que ocurre en las zonas de las cuales están a cargo. Quizás a futuro deberíamos pensar en revisar y modificar la lógica de los estados de excepción, modernizándolos a la realidad del siglo XXI y de los países desarrollados, en donde las fuerzas armadas apoyan, pero no tienen responsabilidad ejecutiva fuera de sus ámbitos de acción directa como son la defensa y las labores propias que realizan por ley la DGTM y la DGAC.

Es de esperar que el ministro Desbordes pueda permanecer en esta cartera lo que resta del periodo presidencial de Sebastián Piñera, ya que esta secretaría de Estado necesita de estabilidad y tiempo para completar su modernización, y desarrollar todos los temas que están pendientes, en donde lo primero recomendable es devolver las instituciones a sus cuarteles y sus labores propias antes de que nos mal acostumbremos a tenerlas a cargo del orden público, y les pidamos resolver temas que no son de su responsabilidad, como son la tranquilidad de La Araucanía y la paz social saliendo de la pandemia. Nunca olvidemos que las Fuerzas Armadas resuelven y dan solución a temas militares, pero que no son adecuadas para solucionar problemas políticos, sociales y económicos.