Chile Vamos anticipa rechazo de AC contra Grau en el Senado y costos políticos para el Ejecutivo

Con la Cámara Alta citada para votar como jurado el próximo martes, el oficialismo se prepara para enfrentar una factura política que podría comprometer tanto su estabilidad interna como su agenda legislativa más ambiciosa.

Diversas fuentes coinciden en que este proceso no solo ha fallado en su objetivo principal, sino que ha generado fracturas profundas y riesgos estratégicos que el Ejecutivo no previó adecuadamente.

En RN, dos senadores consideran votar en contra de la acusación constitucional; mientras que en la UDI otros dos se declaran en reflexión y uno en el Partido Republicano. Del mismo modo, los senadores de Demócratas Matías Walker y Miguel Ángel Calisto más Luciano Cruz Coke de Evopoli, podrían sumarse a rechazar el dossier.

La mesa del Senado citó a los legisladores para el próximo martes para votar como jurado la acusación contra Nicolás Grau (FA) con el objetivo de determinar pronto si el acusado es culpable o inocente de los cargos que le imputó la Cámara.

En la centroderecha y en la centroizquierda concuerdan en que, de terminar el episodio con un rechazo del Senado a la culpabilidad, el Gobierno y el partido del Presidente no estarán exentos de pagar costos políticos a mediano o corto plazo.

“La opinión pública y el electorado resienten el uso excesivo de las herramientas de impeachment. Al no aprobarse el libelo, el oficialismo pagará el costo de ser percibido como una clase política enfrascada en un asunto que no le aporta seguridad ni beneficios a la gente y disputas partidistas, descuidando las demandas prioritarias de la ciudadanía, tales como el empleo, la economía y la crisis de seguridad pública”, sostiene un parlamentario de centroderecha.

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO
El diputado Benjamín Moreno durante la votación en sala de la cámara de diputados por acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau.
FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

RN y la UDI advierten “efecto boomerang” sobre Gabinete

Uno de los costos más inmediatos y preocupantes es lo que expertos y parlamentarios denominan el “efecto boomerang”. Al impulsar una acusación basada en proyecciones económicas fallidas y errores de cálculo, en lugar de transgresiones constitucionales claras, el oficialismo ha “abierto la llave” para que cualquier futuro desvío presupuestario sea motivo de juicio político.

Esta falta de sustento jurídico sólido —evidenciada por la ausencia de constitucionalistas de peso en la defensa del libelo— deja al actual Ministro de Hacienda de Kast, Jorge Quiroz, en una posición de extrema vulnerabilidad.

La lógica es implacable: “el mundo es redondo” y, al validar este estándar, la izquierda queda legitimada para contraatacar con la misma herramienta ante cualquier incumplimiento en las metas fiscales del presente gobierno. Ministros del comité político, como Alvarado y García Ruminot, parecen comprender que se ha dado una señal de “falta de juicio” que podría terminar con una “soga al cuello” permanente para sus propios colaboradores.

Además, el libelo ha deslegitimado indirectamente al Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo técnico que había descartado transgresiones constitucionales en las proyecciones de Grau, lo que debilita la institucionalidad técnica que el propio gobierno debería proteger.

Fractura en la coalición y el estigma del “Matonaje Político”

El manejo de la acusación ha provocado un cisma dentro de las fuerzas oficialistas. Sectores de RN y figuras clave de la UDI han criticado abiertamente lo que califican como “matonaje político” por parte del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. La crisis interna se profundizó al revelarse que los partidos impulsores no informaron a sus socios de Chile Vamos sobre la presentación del libelo, lo que ha sido tildado de “error amateur” y una muestra de “falta de madurez para gobernar”.

Las tensiones han escalado a nivel público, con la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, advirtiendo que un juicio político no es algo que se anuncie por la prensa, y el presidente de su partido, Guillermo Ramírez, exigiendo respeto frente a las presiones de los sectores más duros.

Por su parte, senadores  como Javier Macaya y Gustavo Sanhueza han llamado a la prudencia institucional, rechazando caer en la “guerrilla parlamentaria” que tanto criticaron en el pasado. Mientras que el vicepresidente del Senado, Iván Moreira advirtió que en la centroderecha “no nos damos gustitos cuando se trata de votar”.

Esta división con los parlamentarios del Partido Republicano proyecta una imagen que no va en la línea de la promesa de unidad que el Presidente Kast ha intentado proyectar, y para algunos “evidencia que el mandatario parece hablarle más a sus propios diputados que a sus aliados estratégicos”.

Amenaza a la megarreforma y los puentes cortados

Otro costo fundamental radica en el bloqueo de la agenda legislativa. El Gobierno de Kast necesita capturar de manera urgente votos de la “oposición moderada” en el Senado para aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional y su megarreforma económica. Sin embargo, resulta tácticamente contradictorio “agredir a la oposición” a través de una acusación constitucional infundada y, simultáneamente, pedirle ayuda para aprobar leyes estructurales.

El rechazo del libelo dejará las relaciones parlamentarias dañadas y los puentes de diálogo legislativo debilitados. Mientras los ministros políticos intentan establecer mecanismos de funcionamiento que equilibren la gestión de Hacienda con la “sabiduría” del comité político, la desconfianza mutua tras el juicio a Grau dificulta que estos acercamientos fructifiquen.

El Gobierno depende ahora de factores inestables, como el PDG, lo que dejaría su piso político menos sólido, lo que lo obligaría a jugar “al límite” de los votos.

“En la Cámara muchos decían que había 90 votos y finalmente hubo 77. De los cuales 10 son del PDG. Claramente esto no es un triunfo político como para que los republicanos vayan a celebrar”, dice una legisladora.

Desconexión ciudadana y seguridad en segundo plano

Desde la perspectiva de la opinión pública, el costo podría ser el más alto. Existe una percepción de profunda desconexión entre las prioridades de la clase política y las urgencias de la gente.

Mientras la Cámara de Diputados dedicaba jornadas completas a debatir la culpabilidad de Grau, el país se veía sacudido por hechos de violencia extrema, como el asesinato de un niño en San Bernardo.

Al electorado le resulta difícil digerir que el oficialismo se enfrasque en disputas partidistas y “gustitos ideológicos” de corta duración mientras se descuidan las demandas prioritarias de empleo y protección ciudadana.

El riesgo es que el oficialismo sea percibido como una clase política que no aporta beneficios reales a la vida cotidiana de las personas.

Según explican en el Senado, la eventual caída de la acusación es vista por algunos como un momento necesario para la sensatez, donde la cultura de los acuerdos que promueve la presidencia del Senado logre “desactivar bombas” políticas antes de que el incendio sea mayor.

No obstante, en los moderados advierten que el daño ya causado a la cohesión del sector y el precedente de inestabilidad institucional podrían ser obstáculos difíciles de sortear para un gobierno que no cuenta con mayorías holgadas y que, tras este proceso, ha descubierto que, de requerirlos, “nunca buscó amigos más allá de los que ya tenía”.