Opinión
Indudablemente el cierre de la oficina de la ONU en Bolivia, ha limitado no solo las tareas de promoción de estos principios y valores, sino que también las de acompañamiento a la sociedad civil, elementos esenciales cuando se presentan momentos como este, de crisis sanitaria, política y social. Por ello, sería conveniente que las organizaciones multilaterales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos analicen de manera más profunda los alcances y las consecuencias que tienen, para los países y sus ciudadanos, las decisiones de cierre de una determinada sede local o regional.
Recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó un amplio y detallado informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia, con el título “La situación de los Derechos Humanos tras las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”. El informe señala que desde noviembre del pasado año se desplegó una misión técnica, con el apoyo de la Oficina Regional para América del Sur, que tiene su sede en Chile, para recabar información de primera fuente en las distintas ciudades del país andino. Cabe señalar que en diciembre de 2017, la organización mundial decidió cerrar la Oficina del Alto Comisionado en Bolivia –aparentemente por razones presupuestarias– y el seguimiento y cobertura de esta sensible temática lo delegó en su Oficina que mantiene en Santiago.
El señalado informe establece que su contenido está respaldado por más de 50 reuniones con autoridades e instituciones a nivel nacional y local, y por entrevistas con más de 100 víctimas y testigos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otros actores. OACNUDH analizó información proporcionada por las autoridades, testimonios de incidentes e información de diversas fuentes de acceso público.
En apretada síntesis, indica que entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre 2019 se registraron cientos de protestas, manifestaciones, huelgas, bloqueos en todo el territorio boliviano y, en particular, a partir del 10 de noviembre se registraron episodios violentos como incendios, saqueos de bienes privados, públicos y otras acciones de vandalismo. En dicho contexto, OACNUDH indica que durante dicho periodo ocurrieron diversas violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión.
[cita tipo=»destaque»]Asimismo, estiman que a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la persona de su actual Secretario General, le asistiría una cuota importante de responsabilidad política, al haber actuado de manera dubitativa frente a esta utilización de una convención interamericana por parte de Morales y de un régimen cuasipolicial, al que acusan de haber violado los Derechos Humanos, de haber perseguido a sus opositores y asfixiado económicamente a la prensa independiente.[/cita]
Cabe señalar que entre los casos más conocidos de violencia –que tuvieron lugar cuando el gobierno interino de Jeanine Añez apenas llevaba una semana en el poder– destacan los de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), donde según el informe de la OCNUDH «las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes, en violación a las normas y estándares internacionales aplicables». En ambas localidades mencionadas, los partidarios del MAS (Movimiento al Socialismo al que pertenece Evo Morales) se enfrentaron con las FF.AA. y la policía boliviana, lo que arrojó como resultado una treintena de muertos y un número indeterminado de heridos, cuya investigación oficial de los hechos aún está en curso.
El informe de OACNUDH concluye con una serie de recomendaciones que apuntan principalmente a que las autoridades bolivianas puedan: «Garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas, de todas las alegadas violaciones a los Derechos Humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares; asegurar que la Fiscalía General del Estado sea plenamente imparcial y que fortalezca sus capacidades para realizar investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos, lo que podría lograrse a través de la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos”.
Entre otras recomendaciones figuran temas de orden público y uso de la fuerza, Defensoría del Pueblo, no discriminación, privación de libertad, cooperación con organismos internacionales y el sistema de justicia. Con respecto a este último punto, se recomienda una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso. Esta reforma, indica el informe, debería incluir un diagnóstico profundo del sistema de justicia penal, revisar el proceso de selección de jueces, fiscales y Fiscal General, adoptar una ley sobre la carrera judicial, mejorar los mecanismos para evaluar el desempeño de los jueces y fiscales, así como los procedimientos disciplinarios.
Hoy, nueve meses después de los sucesos políticos que se analizan, Bolivia –que ha sido duramente golpeado por la pandemia del COVID-19 al igual que la mayoría de los países latinoamericanos– todavía registra protestas callejeras y bloqueos de caminos, que han sido denunciadas por el ministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, quien culpabiliza a Evo Morales por estar detrás de estos actos de violencia. Es del caso recordar que el expresidente se encuentra en calidad de refugiado en Argentina y enfrenta un cúmulo de cargos por parte de la Fiscalía Nacional, que van desde terrorismo de Estado, sedición y corrupción hasta trata de persona y abusos de menores.
Para muchos bolivianos –y no solo para el gobierno interino– Morales es el principal responsable político de esta violencia que se ha generado en Bolivia en los últimos meses, al no respetar la decisión expresada por la ciudadanía en el referéndum del 21 de febrero de 2016, por medio del cual se rechazó que el exmandatario se postulara por cuarta vez. Su gobierno solo contabilizaba tres, debido a que en su opinión a partir de la aprobación de la Constitución de 2009 nació un nuevo Estado Plurinacional, y así reelegirse como jefe de gobierno en octubre pasado, elecciones en las que según la misión de observación electoral de la OEA, Morales cometió fraude, por lo que se vio obligado a dimitir.
Para sus opositores, Morales utilizó al sistema interamericano de Derechos Humanos en su propio beneficio y para perpetuarse en el poder, al invocar el artículo 23 del Pacto de San José, a fin de evadir los límites a las reelecciones presidenciales, como así lo hicieron en el pasado Daniel Ortega en Nicaragua, Óscar Arias en Costa Rica y Juan Orlando Hernández en Honduras.
Asimismo, estiman que a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la persona de su actual Secretario General, le asistiría una cuota importante de responsabilidad política, al haber actuado de manera dubitativa frente a esta utilización de una convención interamericana por parte de Morales y de un régimen cuasipolicial, al que acusan de haber violado los Derechos Humanos, de haber perseguido a sus opositores y asfixiado económicamente a la prensa independiente.
Recordemos que el expresidente boliviano, Jorge “Tuto” Quiroga, antes de las elecciones generales de octubre pasado, solicitó al gobierno de Colombia que en su calidad de garante de la Constitución boliviana de 2009, al igual que Brasil, presentara ante la Corte Interamericana de Justicia un recurso de nulidad del fallo 084/2017 emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que permitió la reelección de Evo Morales. Acción judicial que se concretó el 8 de enero de este año y de la cual ya hay novedades, por cuanto hace escasos días la Corte Interamericana fijó fecha para realizar una audiencia pública y tratar «la reelección presidencial indefinida en Bolivia”, convocando al procurador general del Estado, José María Cabrera, para que exponga sus argumentos sobre el recurso en el que se apoyó la cuarta candidatura consecutiva del expresidente Morales.
No obstante lo comentado con relación a la manipulación por parte del expresidente Morales del sistema interamericano con fines políticos y personales, hubo otro hecho previo que lamentablemente contribuyó a debilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales durante su gobierno en materia de Derechos Humanos. En diciembre de 2017 y después de diez años de una fructífera labor en el país andino, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia concluyó sus tareas en Bolivia.
La decisión adoptada por el organismo mundial de cerrar dicha Oficina, dejó un enorme vacío en la importante y sensible tarea de defender y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos en Bolivia. Precisamente el periodo que media desde su cierre hasta la fecha, coincide con un fuerte aumento en las acusaciones de violaciones a los derechos fundamentales en este país. Con todo, es del caso preguntarse cuál fue la real responsabilidad que le cupo a la Organización de Estados Americanos ante la inacción demostrada frente a la utilización del pacto de San José por parte de Evo Morales y si en algo falló nuestro sistema interamericano.
Al respecto, cabe señalar que al conocerse el fallo del TCP que, en virtud del Pacto de San José reconocía el derecho de Evo Morales a presentarse a la reelección, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, fue enfático en declarar a través de su Twitter que “en realidad el artículo 23 de la Convención Interamericana de DD.HH. citado en la sentencia del TCP no contempla el derecho a perpetuarse en el poder. Además la reelección presidencial fue rechazada en referéndum por voluntad popular en 21 F de 2016”. Con ello, la OEA adoptaba una inequívoca posición de rechazo al fallo del TCP.
Sin embargo, tiempo después habría un giro en dicha posición. En efecto, durante la controvertida visita realizada por el Secretario General en mayo de 2019 a Bolivia, en plena campaña presidencial, al salir del palacio de gobierno paceño y luego de firmar con Morales un acuerdo para facilitar las labores de observación de la OEA en los comicios que tendrían lugar con posterioridad, Almagro declaró que sería discriminatorio que el jefe de Estado boliviano no pudiera presentarse a las elecciones de octubre de ese año y defendió el concepto de que otros presidentes latinoamericanos pudieron igualmente optar a la reelección con base en un fallo judicial (en el caso de Morales, el del TCP).
Lo anterior produjo incertidumbre en la comunidad internacional y la indignación de los opositores de Morales. ¿Cuál fue el motivo que habría inducido a este cambio de posición del Secretario General de la OEA? Para algunos, los más críticos, fue que Almagro necesitaba el voto de este país para asegurar su reelección al organismo continental. Para otros, en cambio, era obligatorio respetar los procedimientos y plazos que establecían los estatutos de la Corte Interamericana, antes de concluir que el fallo del TCP era inconstitucional.
Lo concreto es que más allá de cuestionarse si cabía que un presidente en ejercicio invocara el artículo 23 del mencionado pacto, el elemento central es que Evo Morales no respetó la voluntad popular expresada en el referéndum de febrero de 2016 y con ello se puso automáticamente al margen de la legalidad constitucional de Bolivia y de la Carta Democrática Interamericana.
Igualmente, no existió una alerta temprana de parte del sistema interamericano de protección de la democracia y los Derechos Humanos, que consagra el capítulo II, que advirtiera de las consecuencias políticas que podría generar en Bolivia este tipo de acciones, ni tampoco los Estados miembros de la OEA rechazaron, con decisión y firmeza, un subterfugio legal que atentaba contra uno de los principios básicos de la democracia, que es la alternancia en el poder. Ante ello y con el propósito de evitar que estos casos se sigan repitiendo en el futuro en nuestra región, el sistema interamericano tiene la responsabilidad de corregirlo.
Con relación a los Derechos Humanos, cabe señalar que indudablemente el cierre de la oficina de la ONU en Bolivia, ha limitado no solo las tareas de promoción de estos principios y valores, sino que también las de acompañamiento a la sociedad civil, elementos esenciales cuando se presentan momentos como este, de crisis sanitaria, política y social. Por ello, sería conveniente que las organizaciones multilaterales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos analicen de manera más profunda los alcances y las consecuencias que tienen, para los países y sus ciudadanos, las decisiones de cierre de una determinada sede local o regional.
Finalmente, debemos concluir que el principal desafío que enfrenta el gobierno de facto de Jeanine Añez es el de conducir, de manera pacífica y ordenada, el actual proceso de transición que debiera finalizar con las elecciones generales del próximo 18 de octubre. Tarea nada fácil, considerando que ella misma es candidata y, por lo mismo, ha recibido fuertes críticas, principalmente de los candidatos presidenciales, el expresidente Carlos Mesa, apoyado por una coalición de centro, y el exministro de Economía y Finanzas del gobierno de Morales, Luis Arce, representante del MAS, que lideran las encuestas.
