Opinión
El reciente fallo de la Corte Suprema –que declara ilegales las resoluciones de la SEC y CNE– es una advertencia sobre la plena vigencia del Estado de Derecho, aun en circunstancias excepcionales. Luego de este fallo unánime y magníficamente fundado, se genera un antes y un después para todos los reguladores. Sus competencias son muy amplias, pero sujetas al cumplimiento de los principios de legalidad y reserva legal.
La crisis de los medidores inteligentes fue el comienzo de una serie de modificaciones regulatorias que se han ido implementando sobre la marcha y que, desde luego, han introducido incertidumbre en el sector eléctrico. Es indudable que cualquier política pública debe tener como primer objetivo el bienestar de la ciudadanía, sin embargo, el reciente fallo de la Corte Suprema, que declara ilegales las resoluciones de la SEC y CNE, muestra que no hemos seguido el camino correcto.
El sector eléctrico está totalmente regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos, donde se indican claramente los procedimientos a seguir y la separación entre las facultades de cada uno de los actores del sector.
Más allá de las consecuencias puntuales del fallo, su relevancia es más amplia y es una advertencia sobre la plena vigencia del Estado de Derecho, aun en circunstancias excepcionales. Luego de este fallo unánime y magníficamente fundado, se genera un antes y un después para todos los reguladores. Sus competencias son muy amplias, pero sujetas al cumplimiento de los principios de legalidad y reserva legal.
[cita tipo=»destaque»]En este sentido, es urgente dar un giro de timón y recuperar la “cordura” basada en la discusión y argumentación técnica para las políticas que se apliquen al sector. Los costos de una solución de corto plazo indudablemente están siendo muy altos y a la postre el usuario final tendrá que asumirlos.[/cita]
Es probable que no solo las autoridades del sector eléctrico, sino todas ellas en adelante, lo piensen dos veces antes de dictar resoluciones o normas que no cuenten con un expreso respaldo en la ley.
Muchos especialistas venían comentando hace tiempo que el respeto por las formas y procedimientos se habían perdido, que las decisiones se implementaban a través de acuerdos, oficios, interpretaciones y reacciones sobre la marcha. En este sentido, nadie parecía tener la capacidad de poner un freno de emergencia a esta situación.
Es un tremendo hito que una pequeña cooperativa lograse lo que industrias completas no se atrevían ni a intentar, y sorprenden con un fallo de la Suprema que será estudiado en las universidades por la siguiente década.
Durante los últimos dos años se han aplicado una serie de procedimientos que, de alguna u otra manera, han afectado al sector con un supuesto beneficio de “corto plazo”. Pero solo con el correr de los meses el tiempo ha mostrado un efecto totalmente contrario.
En este sentido, es urgente dar un giro de timón y recuperar la “cordura” basada en la discusión y argumentación técnica para las políticas que se apliquen al sector. Los costos de una solución de corto plazo indudablemente están siendo muy altos y a la postre el usuario final tendrá que asumirlos.
