Opinión
Pareciera que las demandas históricas de autonomía serían rescatadas en mayor medida por los candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste. Si ninguno clarifica sus posiciones sobre las condiciones del diálogo y de la restitución territorial, hoy es difícil –salvo que uno revise la trayectoria de sus coaliciones en la temática– inclinarse con claridad por uno u otro. Mientras tanto, la facción de la derecha chilena mantendría y enfatizaría las mismas medidas adoptadas por los gobiernos de turno: el populismo punitivo, con la seguridad como eje primordial frente a las demandas políticas del movimiento mapuche. La propuesta es archiconocida, ineficaz y contraproducente: la solución policial para un conflicto eminentemente político.
La semana pasada la Organización de las Naciones Unidas ha lamentado una nueva muerte de un comunero mapuche en la Provincia de Arauco y ha manifestado la preocupación por la creciente militarización en la llamada Macrozona Sur de Chile. Todo esto en el contexto del Estado de Excepción Constitucional que se ha impuesto en gran parte del territorio mapuche, facultando el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La “desmilitarización” del territorio y la canalización política del conflicto son unas de las tantas demandas que el Pueblo Mapuche ha levantado sin ser consideradas por los gobiernos de turno. A este escenario convulso se suman las próximas elecciones ciudadanas que decidirán por la próxima o el próximo Presidente de la República, que tendrá que implementar eventualmente la nueva Carta Magna y además abordar el conflicto, atendiendo o no las principales demandas de los pueblos originarios, de manera general, y del Pueblo Mapuche de manera específica. El abordaje del conflicto es ineludible, dado el álgido momento que se vive, con una violencia que se reproduce y descontrola, posicionándolo en la agenda pública como un tema de urgencia nacional.
Así las cosas, algunos candidatos han puesto en relevancia diferentes estrategias para incorporar las principales demandas del Pueblo Mapuche a sus programas presidenciales. La tabla siguiente resume claramente la atención (o desatención) que han puesto la candidata y los candidatos presidenciales sobre las demandas históricas del movimiento político mapuche.
A primera vista, llama la atención la prácticamente nula atención que candidatos como Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés prestan a las demandas del Pueblo Mapuche, aun cuando se posicionan a la izquierda del espectro político. Por su parte, quienes atienden con mayor cuidado las demandas mapuche son los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste. Es curioso que la distancia ideológica entre estos candidatos parece reducirse cuando se trata de abordar las demandas del Pueblo Mapuche. Asimismo, destaca que ninguno se comprometa con una restitución territorial y un diálogo plural que incluya a las organizaciones movilizadas. Es decir, ni los más comprometidos con la causa mapuche comprometen desde ya tratativas con los directos involucrados, y podrían repetir la lógica de dialogar entre “amigos”, de sentarse a la mesa solo con los “mapuches bien portados”, sin los “mapuches rebeldes”, los verdaderos involucrados en el conflicto. Así sus programas arriesgan reincidir en este reiterado error de los gobiernos anteriores: el diálogo artificioso.
El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aboga por un modelo de desarrollo que no dependa de actividades extractivistas, mediante la transición energética y el impulso a la industria nacional como base. Compromete genéricamente un diálogo de carácter plurinacional con todos los pueblos originarios que permitan acordar los términos de restitución territorial y así permitir el ejercicio al derecho de la autonomía. Adicionalmente, fortalecería, a través de una propuesta educativa intercultural, la promoción del plurilingüismo y creación de normativas nacionales que promuevan la inclusión y la no discriminación de los Pueblos Originarios.
Yasna Provoste, por su parte, enfatiza la necesidad de la desmilitarización del Wallmapu, entendiendo que la naturaleza del conflicto es política y que debe ser resuelta a través de un “diálogo institucional efectivo”. Sin detallar el alcance de este diálogo, sostiene que la “participación indígena” y “el diálogo” son ejes claves de su programa de gobierno, con el fin de atender demandas como el reconocimiento de los derechos colectivos a sus recursos territoriales.
Los candidatos representantes de la derecha política chilena, Sebastián Sichel y José Antonio Kast, mantienen la lógica de seguridad pública hacia las demandas, con el rol clave que tienen las Fuerzas Armadas y del Orden en el sur del país. En ese sentido, el candidato por Acción Republicana procura mantener la participación activa de FF.AA. en el resguardo del territorio chileno en manos de lo que él define como “narcoterrorismo”. Así también busca prohibir la entrega de tierras y todo beneficio gubernamental a quien haya sido partícipe de algún acto violento o ilegal, excluyendo completamente a quienes hayan sido parte de la movilizaciones o reivindicaciones territoriales. Descarta así a gran parte del movimiento mapuche y, por cierto, a la facción autonomista del movimiento mapuche, criminalizando la protesta y la lucha territorial.
Por su parte, Sichel, si bien pretende avanzar hacia una nueva política de tierras que entregue más autonomía a los pueblos indígenas, al mismo tiempo se apoya en la experiencia de las fuerzas militares con el propósito de recuperar el control de la zona y encarcelar a quienes hayan cometido delitos y/o se encuentren prófugos en este sentido. Si bien existen matices entre estos candidatos, sus únicas concesiones a las demandas históricas se asocian a ámbitos que podrían evidenciar un sesgo hacia la folclorización propia de la ideología colonial (solo aceptando la oficialización de la lengua y la salud intercultural) y hacia el productivismo asistencial desde una mirada neoliberal (solo ofreciendo apoyo socioeconómico y productivo, sin restitución territorial).
Llama la atención que los pilares sobre los cuales se han realizado los mayores y más inefectivos esfuerzos en el territorio desde la vuelta a la democracia, vale decir, promoción de la cultura indígena y el apoyo económico productivo, sean los únicos elementos que generan consenso y que más repiten los candidatos, desde Gabriel Boric hasta José Antonio Kast. Mientras que la restitución territorial y el diálogo, las principales vías de canalización del conflicto, son aquellas demandas que menos compromiso generan y, cuando se incluyen, no queda claro cuán plural e inclusivo será.
Dadas las cosas, pareciera que las demandas históricas de autonomía serían rescatadas en mayor medida por los candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste. Si ninguno clarifica sus posiciones sobre las condiciones del diálogo y de la restitución territorial, hoy es difícil –salvo que uno revise la trayectoria de sus coaliciones en la temática– inclinarse con claridad por uno u otro. Mientras tanto, la facción de la derecha chilena mantendría y enfatizaría las mismas medidas adoptadas por los gobiernos de turno: el populismo punitivo, con la seguridad como eje primordial frente a las demandas políticas del movimiento mapuche. La propuesta es archiconocida, ineficaz y contraproducente: la solución policial para un conflicto eminentemente político.
