Juntos, pero no revueltos: rearticulación del boricismo choca con fractura opositora en seguridad

La oposición comienza a afinar los flancos por donde atacar al Gobierno. La Moneda, en cambio, apuesta a sacar rendimiento legislativo de una vieja grieta: las diferencias de la izquierda y la centroizquierda en seguridad.

Desde Bellavista 77, la oficina del expresidente Gabriel Boric, y desde el circuito de exministros, partidos y centros de estudios que se está recomponiendo tras la salida del poder, empiezan a aparecer críticas focalizadas sobre lo que ese mundo considera los puntos débiles de la administración: la falta de una vocería política exclusiva, ministros sectoriales con baja figuración, educación, políticas sociales, género y la defensa del legado del gobierno anterior.

No hay antecedentes suficientes para hablar de un comando centralizado que distribuya tareas, pero sí de una rearticulación cada vez más visible y de intervenciones que convergen sobre flancos específicos de La Moneda.

La estrategia incluso tuvo un pequeño triunfo que fue celebrado en el entorno de Boric. Camila Vallejo puso en duda el diseño comunicacional del Gobierno y —en su comentada entrevista en el programa Animales Políticos— apuntó directamente al biministro Claudio Alvarado: “El vocero, ministro del Interior, no hace ni vocerías (…) Yo no hubiera hecho una sola (…) y me hubieran hecho pebre”. Días después, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), planteó que en el futuro debía existir “un vocero de dedicación exclusiva”. En Bellavista 77 interpretaron que la crítica había conseguido instalarse dentro del propio oficialismo.

El retorno del exgabinete

El método comienza a repetirse. Cuando el Presidente Kast cuestionó esta semana los resultados y la metodología de la Casen, aparecieron rápidamente dos exministras de Boric: Javiera Toro, quien encabezó Desarrollo Social, calificó de “gravísimo” que el Presidente pusiera en duda la institucionalidad estadística; y Carolina Tohá afirmó que sus cuestionamientos “no tienen fundamento alguno”.

En Educación, el exministro Nicolás Cataldo ha apuntado contra los cambios al Sistema de Admisión Escolar; en Mujer, Antonia Orellana ha ocupado el espacio opositor frente a controversias como el proyecto “Escucha su corazón”. Y el propio Boric ha aumentado sus intervenciones públicas y en redes sociales.

Son movimientos que coinciden con otro fenómeno: al menos 14 figuras del gobierno anterior han desembarcado en centros de estudios opositores, entre ellos Nicolás Grau en Rumbo Colectivo y Carlos Durán, Giorgio Boccardo y Javiera Toro en Nodo XXI. La apuesta declarada de esos espacios es participar en la discusión frente a las iniciativas del Ejecutivo y elaborar propuestas propias.

El propio Carlos Durán, exjefe de gabinete de Boric, puso nombre al proceso: la “rearticulación” tiene, dijo a principios de agosto a La Tercera, varias patas. Una está en el Congreso, otra en los centros de estudios y una tercera en la relación con la ciudadanía, el territorio y los alcaldes. También descartó que la oposición deba optar necesariamente entre dureza y negociación: para él, y según coinciden en la interna frenteamplista, ambas pueden coexistir.

Pero una cosa es reconstruir posiciones de ataque y otra, bastante distinta, reconstruir una oposición.

La piedra en el zapato: seguridad

La seguridad acaba de volver a demostrarlo.

Este martes, la Cámara despachó al Senado el proyecto que extiende la legítima defensa privilegiada a policías y militares que actúen estando de franco, parte de la denominada Naín-Retamal 2.0. La iniciativa obtuvo 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones en una primera votación y luego 106 respaldos y 36 rechazos en otra de las votaciones particulares.

La fotografía política fue difícil de encajar en una división clásica entre Gobierno y oposición. Jaime Araya, independiente de la bancada PPD y firmante de la moción; el socialista Raúl Leiva; el PPD Carlos Cuadrado, parlamentarios democratacristianos y otros opositores respaldaron disposiciones de la iniciativa. En contraste, el FA, el PC y parte importante del PS estuvieron entre quienes rechazaron.

No es una anomalía. En junio, el presidente del PPD, Raúl Soto, ya había responsabilizado al PC y a una parte del Frente Amplio por los “complejos ideológicos” que, a su juicio, llevaron al progresismo a perder credibilidad en seguridad. Fue más lejos: sostuvo que la falta de confianza que arrastró el gobierno de Boric en esa materia estuvo relacionada con parlamentarios de esos sectores que votaban contra iniciativas del propio Ejecutivo. Y cerró la puerta a debilitar la Naín-Retamal.

Pocos días después, Daniel Manouchehri (PS) también tomó distancia del PC y el FA y sostuvo que era partidario de “no restarle atribuciones” a Carabineros y las policías, sin renunciar al control frente a eventuales abusos.

El problema ahora es mayor, porque la seguridad dejó de ser solo un punto de divergencia opositora y se convirtió en una estrategia explícita del Gobierno para buscar votos al otro lado.

El fin de semana, en Canal 13, Alvarado prácticamente transparentó el cálculo. A diferencia de la megarreforma económica, sostuvo que actuar como bloque opositor para impedir avances en seguridad será “prácticamente imposible”, porque el costo sería aparecer rechazando una demanda ciudadana. Su pronóstico es “mucho diálogo, mucha conversación y mucho apoyo transversal”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, hizo la misma lectura. Dijo que la seguridad, a diferencia de la discusión económica, “tiende a unir”, aseguró que las propuestas ya han sido conversadas con parlamentarios oficialistas y opositores y afirmó que observa un respaldo “más o menos amplio” a buena parte de la agenda.

La apuesta republicana es todavía menos disimulada. En declaraciones a la prensa, el diputado Luis Fernando Sánchez dijo esperar contar con los sectores opositores que calificó como “más razonables” y diferenció de la “izquierda radical”. Benjamín Moreno, por su parte, llamó a la oposición a sumarse y a no buscar “excusas” para “torpedear” la agenda de seguridad.

Leiva y Mulet: dos oposiciones dentro de la oposición

La reforma constitucional de la ACOT muestra hasta qué punto esa frontera es movediza.

Raúl Leiva, que ha respaldado iniciativas como la ampliación de la legítima defensa para funcionarios de franco, salió con artillería contra el componente constitucional de la agenda. “Es importante que en seguridad nos pongamos serios”, dijo el diputado PS, quien cuestionó la sucesión de cadena nacional, actos y reuniones antes de que los parlamentarios conozcan el texto definitivo.

Su crítica no es contra todas las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Leiva considera innecesario modificar la Constitución y acusa al Gobierno de querer llevar al país a un “debate ideológico” para polarizar y desplazar la discusión sobre remuneraciones y agenda laboral. En cambio, destacó como útil la idea de crear una agencia encargada de administrar bienes incautados.

El exministro de Seguridad de Boric, Luis Cordero, endureció este martes esa misma línea: calificó de “innecesaria” la reforma constitucional, sostuvo que lo prioritario es implementar las leyes ya aprobadas y consideró “innecesario y peligroso” el nuevo estado de excepción que estudia el Gobierno.

Pero Jaime Mulet (FRVS) está parado en otro lugar. El presidente de la Comisión de Constitución se declaró dispuesto a respaldar las propuestas del Ejecutivo, consideró relevante incorporar el deber de resguardar la seguridad pública y abrió la puerta a estudiar el quinto estado de excepción. Su exigencia es que cualquier mecanismo excepcional tenga control democrático del Congreso. También valoró la persecución patrimonial, el decomiso sin condena y la segmentación carcelaria.

Según reconocen en la interna, no es una oposición partida simplemente entre “duros” y “blandos”. Es algo que podría ser más incómodo: los alineamientos cambian según la iniciativa.

Y eso explica que las directivas opositoras hayan comenzado a reunirse para intentar construir una estrategia común. Este lunes, presidentes y secretarios generales convocaron a parlamentarios especializados en seguridad, entre ellos Leiva, Tatiana Urrutia, Jaime Araya y Patricio Pinilla. El objetivo declarado es evitar las descoordinaciones exhibidas durante la ley miscelánea. Pero incluso en esa reunión aparecieron diferencias frente a la reforma constitucional.

Los alcaldes tampoco entregaron una sola respuesta. Este martes, varios jefes comunales opositores abandonaron anticipadamente la reunión convocada por José Antonio Kast en La Moneda, aunque no todos lo hicieron como señal política: Karina Delfino y Claudio Castro tenían compromisos previamente agendados, mientras Matías Toledo planteó reparos de fondo. Al mismo tiempo, el socialista Christopher White, alcalde de San Bernardo, valoró el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

Rearticulados, pero todavía no ordenados

El dilema alcanza al propio Frente Amplio. A pocos días de su elección interna, la diputada Ericka Ñanco acusó en Emol que bajo la conducción vigente “no se logró construir una fuerza organizada” para enfrentar a la derecha y reclama una oposición con mayor despliegue y planificación. Diego Ibáñez, en cambio, planteó al medio Sabes que Boric puede intervenir, pero que corresponde a la oposición comenzar a levantar liderazgos propios y mantener una distancia institucional respecto del expresidente.

La interna opositora reconoce que esa rearticulación todavía está en construcción. Hay exministros que vuelven a escena, centros de estudios que absorben cuadros del gobierno anterior y una oficina de Boric que recupera gravitación política, pero aún no emerge una conducción única.

La ofensiva opositora sumó otro frente la noche de este martes y queda pendiente saber la opinión del resto del bloque. La bancada del Frente Amplio cargó contra el Gobierno por el “silencio” de los ministros citados a la sesión especial de la Cámara sobre los daños provocados por los sistemas frontales, luego de que —acusaron— las autoridades presentes —entre ellas Claudio Alvarado, Jorge Quiroz y María Jesús Wulf— no intervinieran para responder a los parlamentarios. La instancia pidió al Ejecutivo un plan nacional de reconstrucción en 30 días y financiamiento para 2026. Desde el FA acusaron una “decisión política” de no responder y Gonzalo Winter calificó el episodio como uno de los hechos “más bochornosos” de los primeros cinco meses de Gobierno.

De todas formas, en el tema seguridad, La Moneda tampoco tiene el camino completamente despejado. Andrés Longton (RN) ha cuestionado la necesidad de modificar el artículo 1° de la Constitución y planteado dudas sobre el nuevo estado de excepción; Guillermo Ramírez (UDI) ha pedido reducir los cambios constitucionales a “los justos y necesarios” y Ximena Ossandón (RN) incluso llamó a reevaluar la reforma en los términos anunciados. En medio de esos reparos, Martín Arrau se desplegó este martes en el Congreso para recoger observaciones, mientras el ingreso del proyecto se ha ido desplazando a la espera de cerrar su redacción.

Ahí está la paradoja que marcará los próximos meses. Los exministros de Boric comienzan a comportarse como un contrapunto sectorial del gabinete de Kast, pero la antigua coalición de Boric todavía no consigue comportarse como una sola oposición.