Opinión
La propuesta constitucional contiene 16 artículos y plantea, en primer término, que el Poder Judicial pase a llamarse Sistemas de Justicia de manera que se supere un concepto jerárquico y excluyente, y se transite hacia una lógica inclusiva y horizontal del ejercicio de la jurisdicción en el que el poder está en los jueces y juezas y no en la institución.
Hoy, la Convención Constitucional inicia una nueva etapa que se inaugura con una de las votaciones más transformadoras en cuanto a la modernización y democratización de la justicia en Chile.
En un país donde la gran mayoría siente discriminación respecto del acceso a la justicia y más del 80% evalúa como deficiente su funcionamiento, el informe constitucional que emana desde la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional, contiene una primera propuesta de articulado que plantea una profunda modernización de la justicia, respondiendo a una de las demandas más centrales en la configuración de una sociedad democrática y pluralista.
Para llegar a estas propuestas se deliberaron y votaron en general 25 iniciativas, de las cuales 21 fueron aprobadas y 4 rechazadas. Se procedió entonces a escuchar a expertos y expertas en las materias, mediante audiencias públicas adicionales. Entre ellos, Diego García–Sayán, relator Especial de las Naciones Unidas, quien expuso sobre independencia judicial y Flavia Carbonell, profesora de derecho procesal de la Universidad de Chile.
La propuesta constitucional contiene 16 artículos y plantea, en primer término, que el Poder Judicial pase a llamarse Sistemas de Justicia de manera que se supere un concepto jerárquico y excluyente, y se transite hacia una lógica inclusiva y horizontal del ejercicio de la jurisdicción en el que el poder está en los jueces y juezas y no en la institución.
Hablamos de Sistemas ya que nuestra propuesta establece una coexistencia del Sistema Nacional de Justicia con Sistemas Jurídicos Indígenas; esta última iniciativa pone al día a Chile respecto de las normas del Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional en esta materia.
Países como Colombia, Bolivia, Canadá y Nueva Zelanda, poseen este tipo de experiencias. Reconocen la diversidad y el derecho propio de los pueblos que tienen preexistencia al Estado que se ejerce por autoridades indígenas, se aplica hacia las y los integrantes de los pueblos indígenas y tiene como límite el respeto hacia los derechos humanos. También se reconoce la revisión judicial y el derecho al recurso.
En lo que respecta al Sistema Nacional de Justicia, el articulado establece Principios Generales del Sistema Nacional de Justicia tales como la independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad, manteniendo la inamovilidad hasta que los jueces y juezas dejen sus cargos cuando cumplan la edad para jubilación forzosa, es decir, 70 años.
Por primera vez en la historia de nuestro país se garantiza el derecho de acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos, se ordena que las sentencias sean redactadas en lenguaje claro e inclusivo y que el Estado promueva mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.
Hoy también podría ser un paso histórico para el feminismo con el reconocimiento del principio de paridad en la integración de los tribunales y la aplicación del enfoque de género que pone de relieve las razones de las desigualdades entre mujeres, hombres y disidencias sexogenéricas, asegurando que no se reproduzcan estereotipos discriminatorios en las sentencias y en el trato en tribunales.
Cada articulado que será sometido a votación es un avance significativo hacia una justicia democrática, pluralista y paritaria. Las ideas y experiencias redactadas en este informe son fruto de los relatos expuestos mediante las audiencias públicas de quienes se desempeñan en este ámbito, los planteamientos de las personas y un trabajo serio y constante por parte de quienes suscribimos hoy. Elementos que no pueden pasar desapercibidos en el debate.
