Opinión
Si en la anacrónica interpretación de “la causa de Malvinas” lo anterior constituye “una nueva provocación de los ingleses”, desde una perspectiva de futuro ese desarrollo es “otra señal” para comenzar a reflexionar sobre una “comunidad austral de intereses”, que no solo permita consensuar un sistema amplio y multisistémico de protección de los recursos naturales y del medio ambiente marino y polar, sino que, en igualdad de condiciones, permita también a isleños, argentinos y chilenos convertir al Cono Sur (de lo que alguna vez se llamó “el nuevo mundo”) en una región de paz y prosperidad para todos. En ese marco, las familias argentinas que –pasados más de 40 años– aún no pueden visitar las tumbas de sus hijos caídos defendiendo el honor de su país, podrían, finalmente, cumplir con un anhelo que hasta hoy el irredentismo de su propio país les niega. Esto, no obstante, requiere de “un ambiente” distinto al que impera en la actualidad.
En su reciente visita de Estado a Argentina, el Presidente Gabriel Boric ha suscrito una “Declaración Conjunta Presidencial” con la que ha renovado el apoyo de Chile a lo que el Gobierno argentino denomina “la causa de Malvinas” .
En su “núcleo duro” e “ideológico”, esa declaración ha transformado a los derechos humanos, de “género” y los derechos de la minorías en el epicentro de la agenda bilateral. Desde esa perspectiva cabe entonces preguntarse: ¿cuáles son los derechos humanos que los gobiernos de Chile y Argentina están dispuestos a reconocer a los habitantes de las Falkland/Malvinas, especialmente a las mujeres, a los niños y los del “colectivo LGTB”?
¿Tienen esas «minorías vulnerables” derecho a la autodeterminación, esto es, a decidir qué tipo de gobierno prefieren y a cuál país desean pertenecer? ¿Tienen las mujeres y el colectivo LGTB de las Falkland/Malvinas el derecho a la personalidad jurídica y/o la nacionalidad que ellos elijan?
O, en la acepción chilena y argentina, ¿son estos derechos privativos de “otros grupos vulnerables”, por ejemplo, los de aquellos que proponen el inventado concepto de “wallmapu” (que ha causado una grave y justificada preocupación en Argentina)?
En estricto sentido, y en tanto afectan la vida cotidiana de miles de personas, tanto el reclamo de soberanía argentina como el apoyo chileno podrían interpretarse como violaciones a los derechos humanos que, se supone, son “derechos universales”. En la práctica, podría tratarse de un bullying internacional justificado en un reclamo territorial de raíces geohistóricas que, los habitantes de las Falkland/Malvinas sostienen, son más que discutibles.
En la práctica podríamos estar en presencia de infracciones que –en los hechos y en el Derecho– también incluirían la negación sistemática por parte de dos Estados del derecho de los isleños a, por ejemplo, circular libremente (entre Chile y el Reino Unido está vigente un acuerdo de excepción de visas), o al derecho humano de libremente “elegir pasaporte”. ¿Qué ocurriría si –como medida compensatoria– el Reino Unido decidiera terminar con el convenio de visas?
Hasta la invasión militar argentina de abril de 1982 –y esto se sabe en Punta Arenas y Río Gallegos–, por muchas décadas ese grupo de “seres humanos” se conectó tanto económica como familiarmente con ambos países: tanto así, que la ganadería ovina (que fortaleció el desarrollo de la Patagonia y de la Tierra del Fuego) provino, precisamente, de las Falkland/Malvinas. Fueron esos contactos los que en 1896 justificaron el establecimiento en Punta Arenas de un “British School” (del cual el Presidente de Chile es exalumno).
En esa ecuación política los derechos de los casi 200 chilenos residentes en las Falkland/Malvinas tampoco parecen tener lugar. Dicho grupo de connacionales –en su mayoría magallánicos como el Presidente Boric– constituyen cerca del 6% de la población del archipiélago y, por lo mismo, son víctimas colaterales de las restricciones impuestas al contacto aéreo y marítimo con Punta Arenas.
No obstante que esos connacionales han hecho uso de su derecho humano a “migrar”, a diferencia de cientos de miles de inmigrantes beneficiados con “bonos” y subsidios del Estado chileno, hasta ahora no cuentan con ningún auxilio de su país.
Incluso más: sus derechos políticos y civiles (por ejemplo, el derecho a la protección en contra de la discriminación, el derecho al sufragio o el derecho a la salud), están coartados por la solidaridad del Gobierno de Chile con “la causa de Malvinas”. En la práctica, a diferencia de otros grupos de chilenos en el exterior, ese “colectivo” no solo no cuenta con auxilio consular, sino que en los hechos ha sido marginado de su propio país. ¿Implica todo esto una violación de sus derechos humanos, políticos, civiles o individuales?
Adicionalmente, ¿qué ocurre con el derecho de los agentes económicos de Magallanes para participar de los beneficios del Tratado de Libre Comercio vigente desde 2021 con el Reino Unido? ¿Existe en ese tratado una cláusula que margina al mercado de las Falkland/Malvinas (“autonomía” del Reino Unido) de los beneficios de ese instrumento bilateral? Si este es el caso, ¿qué opinan la parte británica y los gremios y la sociedad civil de Magallanes? ¿Ha sido tomada en cuenta la opinión de estos últimos?
Para comenzar a resolver esta circunstancia, la reciente declaración presidencial contiene una interesante plataforma conceptual para diversificar la cooperación binacional en el ámbito de las actividades antárticas y la generación de capacidades conjuntas para mensurar el estado del medio ambiente austral. En una interpretación realista, esos propósitos deberían considerar un hecho esencial: hoy la situación de las Falkland/Malvinas es cualitativamente distinta a la de abril de 1982.
No solo “el volumen” de la pugnacidad del reclamo argentino ha logrado que su comunidad recurriera al “enroque político”, sino que el descubrimiento de hidrocarburos en su plataforma continental, el aumento de las flotas que en sus aguas pescan bacalao y krill (incluidas voraces flotas chinas) y el rápido desarrollo de la industria del turismo marítimo antártico han, por una parte, fortalecido económicamente al gobierno de las islas y, por otra, lo han convencido de la necesidad (y oportunidad) de invertir en el desarrollo de nueva infraestructura, incluido un nuevo puerto de importantes dimensiones. Se trata de un desarrollo de alcance estratégico que ni Chile ni Argentina deberían ignorar.
Si en la anacrónica interpretación de “la causa de Malvinas” lo anterior constituye “una nueva provocación de los ingleses”, desde una perspectiva de futuro ese desarrollo es “otra señal” para comenzar a reflexionar sobre una “comunidad austral de intereses”, que no solo permita consensuar un sistema amplio y multisistémico de protección de los recursos naturales y del medio ambiente marino y polar, sino que, en igualdad de condiciones, permita también a isleños, argentinos y chilenos convertir al Cono Sur (de lo que alguna vez se llamó “el nuevo mundo”) en una región de paz y prosperidad para todos.
En ese marco, las familias argentinas que –pasados más de 40 años– aún no pueden visitar las tumbas de sus hijos caídos defendiendo el honor de su país, podrían, finalmente, cumplir con un anhelo que hasta hoy el irredentismo de su propio país les niega. Esto, no obstante, requiere de “un ambiente” distinto al que impera en la actualidad.
Para ello no solo son necesarias nuevas confianzas, sino que es preciso también un diálogo de buena fe para no seguir “escondiendo bajo la alfombra” cuestiones territoriales pendientes, o continuar insistiendo en argumentos irrendentistas que conducen a un comprobado callejón sin salida.
Esta fue precisamente la conclusión que, después de siglos de conflicto y –literalmente– millones de muertos, convenció a alemanes y franceses de construir la alianza que –con todas sus limitaciones– ha hecho posible la Unión Europea, una unión política y económica sin ganadores ni perdedores, que asegura a sus habitantes los más altos estándares en materia de derechos humanos, políticos y sociales.
Quizás un primer paso en esa dirección lo constituya una invitación a la comunidad isleña para participar de una comisión científica trilateral encargada de proporcionarnos –a todos– un estado de situación del medio ambiente austral, una mensuración de sus recursos pesqueros y una cartografía de las oportunidades para la creación de circuitos de turismo integrado. Quizás de allí salgan nuevas propuestas y los primeros objetivos conjuntos que nos ofrezcan una oportunidad para avanzar acercándonos.
Si para Chile y Argentina los derechos humanos son efectivamente “universales”, entonces aquellos que asisten a los habitantes de las Falkland/Malvinas también deberían respetarse, eliminando las restricciones que les impiden viajar libremente a Chile. Esto podría permitir comenzar a destrabar una situación que –al parecer ad eternum– amenaza la paz y la seguridad hemisférica, que no beneficia a nuestro país. No hacerlo –en la forma de declaraciones conjuntas–, significa optar por seguir acumulando expresiones de deseo que de ninguna forma permiten que argentinos, chilenos e isleños aprovechen las enormes oportunidades que nos ofrece “el sur más lejano del mundo”.
