El tren a San Antonio y el deber del Estado

La sociedad chilena vive momentos de cambios y entre sus más importantes transformaciones se encuentra el nuevo rol que tendrá el Estado, institución que debería desterrar su carácter subsidiario para transitar a uno que defienda los derechos de las personas y se responsabilice socialmente de quienes habitan el país, especialmente de los grupos más vulnerables. La gente aspira a que se termine la desigualdad y que las oportunidades alcancen para todos en la perspectiva de mejorar su existencia y, a la vez, asegurar un aceptable futuro para sus familias.

En tal sentido, quienes vivimos algo alejados de los centros urbanos principales, a diario observamos cómo los distintos gobiernos aprovechan las ventajas que la naturaleza nos prodiga en favor de la economía central, focalizando sus actividades en la utilidad nacional y descuidando el interés regional. Es el caso de la suspensión del servicio de pasajeros de ferrocarriles en el Litoral Central, decretada por un Estado neoliberal que solamente se fijó en que no reportaba utilidades económicas inmediatas descartando el beneficio para la comunidad, argumento que muchos aún siguen esgrimiendo. No obstante, al sistema de transporte público de la capital se le ha inyectado una gran cantidad de recursos, con criterios atendibles, pero que deberían aplicarse en todo el país.

Por eso, los anuncios del presidente Boric en cuanto a impulsar una red nacional ferroviaria son alentadores y la ciudadanía espera que cumpla, ya que durante la administración anterior, en lo concerniente a la reactivación del sistema de trenes entre Santiago y el Litoral Central, inexplicablemente solo se aprobó el trayecto de pasajeros hasta Melipilla y el servicio de carga hasta San Antonio, vale decir, fue concebido de acuerdo al provecho de la capital, ya que se asegura la conectividad con una gran parte de su cordón hortícola y centros de dormitorio y, al mismo tiempo, se fortalece el sistema de carga y descarga desde el puerto por el que se transporta la mayor cantidad de insumos desde y hacia Santiago y toda la zona central de Chile. De esta manera, los habitantes de San Antonio y las comunas de Santo Domingo, Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo, así como de otros importantes balnearios al igual que varios asentamientos rurales, quedan abandonados a su suerte, debiendo utilizar el transporte privado, cuyo valor del pasaje es evidentemente abusivo al tener el monopolio de la movilidad.

Indudablemente se imponen elementos conceptuales del modelo económico que la gran mayoría de las y los chilenos rechaza, pero además, se insiste en descuidar la inversión social y la conectividad ferroviaria, factores vitales para sostener cualquier patrón de desarrollo que asegure progreso y equidad. Por eso, nos satisface.

Frente a tal situación, hemos decidido emprender una campaña de sensibilización y convencimiento para que se reanude el servicio de pasajeros entre Santiago y San Antonio, ojalá con una gran estación intermodal en Cartagena que permita conectar las comunas costeras del norte de la provincia. De esta forma, será una prestación de la cual nadie quedará excluido, porque de eso se trata, que en cualquier gestión pública se optimice el bien común y que ninguna localidad sea concebida como desechable, ya que el Estado debe hacerse cargo del bienestar de toda la sociedad, eso lo diferenciará del aparato excluyente y represivo que chilenos y chilenas hemos debido soportar durante décadas. Por lo mismo, nos satisface que otras comunas costeras de la región como Quinteros y Puchuncaví estén también exigiendo que el tren llegue a su territorio.

En definitiva, defendemos el derecho a una mejor calidad de vida y a exigir que las instituciones centrales se responsabilicen por la prosperidad de quienes habitamos en un litoral. Por ello, no descansaremos hasta conseguir nuestro objetivo porque estamos seguros de que tenemos la razón.