Japón y la seguridad como estrategia de desarrollo

Mientras buena parte del mundo observaba con atención el contenido del nuevo Libro Blanco de Defensa de Japón, esta potencia asiática dejaba en evidencia una transformación que va mucho más allá del ámbito militar.

El documento, presentado hace pocos días por el Ministerio de Defensa, sostiene que el fortalecimiento de la industria de defensa debe convertirse también en un motor para el crecimiento económico, la innovación tecnológica y el desarrollo industrial del país. No se trata de un cambio menor, ya que es la confirmación de que Tokio está redefiniendo su estrategia nacional frente a un entorno internacional cada vez más complejo.

Conviene detenerse un momento en el significado de un Libro Blanco. Estos documentos, publicados anualmente por el Ministerio de Defensa japonés (y de muchos otros países) desde 1970, constituyen mucho más que un informe administrativo. Son la declaración oficial sobre cómo el gobierno evalúa el escenario estratégico, identifica amenazas y establece sus prioridades en materia de seguridad. En otras palabras, permiten comprender cómo un Estado interpreta el mundo que lo rodea y cómo se prepara para enfrentarlo.

Durante casi ocho décadas, Japón fue el paradigma de una potencia económica que había renunciado a convertir su enorme capacidad industrial en poder militar. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial y la entrada en vigor de la Constitución de 1947, cuyo artículo 9 estableció la renuncia a la guerra como derecho soberano de la nación, el país concentró sus esfuerzos en el desarrollo económico, mientras la alianza con Estados Unidos garantizaba su seguridad. Ese modelo fue lo que convirtió a Japón en una de las principales economías del planeta y en un referente del desarrollo tecnológico.

Sin embargo, el entorno estratégico cambió profundamente, dado que Corea del Norte consolidó un programa nuclear y de misiles balísticos capaz de amenazar directamente al archipiélago japonés. Al mismo tiempo, China protagonizó la expansión naval más acelerada del siglo XXI, incrementando su presencia militar en el Mar de China Oriental y alrededor de las islas Senkaku, además de aumentar la presión sobre Taiwán. A ello se sumó una Rusia nuevamente activa en el Pacífico Norte y la creciente incertidumbre que caracteriza al sistema internacional.

En ese contexto, Japón llegó a una conclusión que probablemente marcará las próximas décadas: la seguridad dejó de ser únicamente un gasto, para convertirse en una inversión estratégica.

Este proceso no comenzó con el actual gobierno. Fue el exprimer ministro Shinzo Abe quien inició la mayor transformación de la política de seguridad japonesa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.  En 2014 reinterpretó el artículo 9 de la Constitución para permitir el ejercicio limitado del derecho de autodefensa colectiva y, un año después, impulsó una profunda reforma legislativa que amplió las capacidades de las Fuerzas de Autodefensa. Paralelamente, promovió el concepto de un Indo-Pacífico Libre y Abierto, fortaleció la cooperación con Estados Unidos, Australia e India a través del QUAD, y flexibilizó las restricciones para la exportación de equipos de defensa.

La actual primera ministra, Sanae Takaichi, no ha alterado ese rumbo. Por el contrario, lo ha profundizado. Japón ya decidió elevar su gasto en defensa hasta el equivalente al 2% de su Producto Interno Bruto, un objetivo que durante décadas habría parecido impensable y que hoy responde tanto al deterioro del entorno estratégico como a la expectativa de Washington de contar con aliados más capaces de asumir responsabilidades en la estabilidad del Indo-Pacífico.

Pero el aspecto más novedoso del Libro Blanco 2026 de Japón no es el incremento del presupuesto militar. Lo verdaderamente innovador es que integra, dentro de una misma estrategia nacional, la seguridad, la innovación tecnológica y el desarrollo industrial. En otras palabras, la industria de defensa deja de ser concebida únicamente como una herramienta para producir armamento y pasa a entenderse como un ecosistema capaz de impulsar investigación científica, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, construcción naval, sensores, sistemas autónomos y materiales avanzados. Y que son los sectores que definirán buena parte de la competitividad económica durante las próximas décadas.

En el fondo, Japón no está militarizando su economía. Está reconociendo que, en el siglo XXI, la seguridad nacional también depende de la capacidad de un país para diseñar, producir e innovar. Y que, por lo tanto, la base industrial y tecnológica se ha convertido en un componente esencial de la disuasión y de la autonomía estratégica.

Esta evolución también merece ser observada desde Chile. Nuestro país mantiene una larga relación de confianza con Japón, basada en el comercio, la inversión y la cooperación. Sin embargo, la transformación de la industria de defensa japonesa también abre nuevas oportunidades para profundizar esa asociación, particularmente en el ámbito marítimo. Es que la eventual disponibilidad de unidades navales de segunda mano, la cooperación en construcción naval, la transferencia tecnológica, el desarrollo de sensores, sistemas electrónicos o plataformas no tripuladas representan posibilidades que merecen ser evaluadas con una visión estratégica de largo plazo por nuestro país.

Naturalmente, ello no significa abandonar la vocación pacífica que ha caracterizado la política exterior chilena. Al contrario. La mejor forma de preservar la paz consiste en disponer de capacidades de disuasión modernas, fortalecer la base tecnológica nacional y cooperar con países democráticos que comparten valores e intereses comunes. Y, en ese contexto, el camino recorrido por Japón representa una valiosa experiencia para Chile.