La Convención y el mito de la minoría silenciosa

Desde hace meses, la opinión pública ha sido testigo de las críticas de sectores de la oposición hacia la Convención Constitucional (CC) por, supuestamente, estar construida sobre la base de una “distorsión electoral” y estar produciendo una Constitución excluyente y unilateral. En esta columna, se intenta refutar la que, a nuestro juicio, es la mejor versión de dicha crítica; a saber, que la Convención Constitucional, debido a su composición, es incapaz de representar los anhelos de una minoría relevante del país.

De acuerdo a esta tesis, la composición de la CC, lejos de ser un espejo de la sociedad chilena, es una imagen distorsionada de ella, pues los partidos de derecha han terminado muy por debajo de sus resultados históricos. En consecuencia, estos, que se ven a sí mismos como expresivos de una cultura política que aglutina entre un tercio y dos quintos del país, estiman que la Convención no está en condiciones de expresar, en su justa medida, esta sensibilidad.

En nuestra opinión, si es atendida con cuidado, esta crítica no resiste escrutinio. Consideremos, primero, el aspecto institucional: si observamos el proceso de formación de las reglas que determinaron el mecanismo de elección, vemos que estas fueron fijadas de común acuerdo, en un espacio en el que la derecha política poseía, de hecho, capacidad de veto. Tampoco desde el punto de vista del resultado puede decirse que la derecha fue injustamente perjudicada. Habiendo obtenido solo un 20.6% de la votación para los escaños generales, la derecha obtuvo el 26.8% de dichos escaños. ¿Y el efecto de los escaños reservados y listas de independientes? Es cierto que su existencia permitió que más actores ingresaran a la Convención, pero eso disminuyó tanto los escaños de la oposición como de las otras coaliciones. En ese escenario, la práctica ausencia de posiciones de derecha entre independientes y pueblos originarios es un problema político, no institucional.

Consideremos ahora un aspecto teórico crucial: esta crítica se funda en el supuesto de que una composición representativa de la Convención debiera ser consistente con las preferencias históricas del electorado. Esta creencia pasa por alto que la población es capaz de ponderar las atribuciones que un cargo otorga en su decisión electoral. Es, por ejemplo, totalmente comprensible el votar por una lista de concejales diferente a la que escogería si la elección fuese parlamentaria, pues con mi voto otorgo un mandato diferenciado, y es razonable requerir elencos distintos para tareas diferentes.

De lo anterior, se desprende que la crítica sobre la representatividad de la Convención no es sostenible ni aun en su versión más depurada. En lugar de insistir en ella, la actual oposición se beneficiaría más de comprender el carácter fundamentalmente político de los resultados de mayo pasado: el electorado se decantó con claridad por aquellas listas que percibió como comprometidas con producir una nueva Constitución, y castigó a aquellas que en el pasado se dedicaron a obstaculizarla. Los partidos de derecha aún están a tiempo de contribuir significativamente al proceso constituyente, tanto a nivel de implementación, a través de la discusión de artículos transitorios, como desde el punto de vista simbólico, en la Comisión de Preámbulo. Desde ese lugar pueden hablar a ese tercio del electorado que se identifica con su cultura política. Pero, para ello, deben decidirse a contribuir con el proceso constituyente en lugar de obstruirlo.

Como investigadores, sabemos que la “crítica de la crítica” no es suficiente para disipar la campaña de desinformación y miedo que se ha instalado en torno a la nueva Constitución. Frente a este escenario, la coalición de mayoría porta sobre sus hombros la responsabilidad de defender el cambio constitucional. Para lograrlo, debe ante todo evitar poner en riesgo la integridad del documento y volver a hablar de los contenidos de la nueva Constitución, del conjunto de limitaciones heredadas con las que termina, de cómo esto fortalece la deliberación democrática y, por sobre todo, del impacto que muchos de sus artículos pueden tener para la vida cotidiana de ciudadanas y ciudadanos.