Opinión
De ganar entonces el Apruebo, sobre las fuerzas de cambio en las que se sustenta, recaerá la gran tarea de consolidar el cambio constitucional que necesita el país para comenzar a dejar atrás sus traumas. La naturaleza democrática del proyecto constitucional al superar el carácter eminentemente pétreo de la Constitución del 80, deja un amplio espacio a las mejoras y a que se expresen las mayorías a través de los canales de la política, según sea la correlación de fuerzas y la emergencia de nuevos y amenazantes desafíos que afectarán mayormente a las generaciones venideras. En ellas hay que poner la mirada.
A la Convención se le pidió una propuesta de Constitución. Y la tenemos. Al cabo de la labor cumplida, habrá con toda seguridad muchos ex convencionales que aquilatarán la experiencia vivida, extraerán conclusiones y buscarán sintetizar los nuevos aprendizajes, porque las intrigas y la chimuchina irán quedando en el pasado o servirán de material para algún matinal.
Por el lado de lo positivo, existe hoy, disponible para todos, una nueva propuesta de Constitución. Esta recoge las demandas sociales más importantes que venían manifestándose desde 2006 en adelante. En condiciones adversas, ya sea por la fractura social expuesta que existe en el país, y casi en simultáneo, por la pandemia, la Convención logró cumplir con su cometido salvando quizá el escollo más complejo de superar: alcanzar los dos tercios.
Es sencillamente notable que varias de las normas aprobadas las haya incluso superado. Si en general en política es trabajoso y lento construir acuerdos, en el marco de la presión social y los medios de prensa, además de los plazos, resulta encomiable la capacidad desarrollada por los convencionales para haber construido mayorías, que es, sin duda alguna, lo que permitió finalmente cumplirle al país para que sea la soberanía popular la que dirima el contenido de la propuesta, el próximo 4 de septiembre. Pero me habría gustado que los temas que guardan directa relación con los sectores postergados de nuestro país tales como los de vivienda, salud, educación, pensiones, hubiesen tenido una mayor jerarquía en la discusión que se dio en la Convención desde su misma instalación. Pero ello no es condición para dudar del trabajo realizado.
El proceso deliberativo ha venido siendo acompañado de una brutal campaña de mentiras orquestada por el Rechazo, y durante la campaña lo será aún más. Nadie debiera llamarse a asombro, la mentira y el miedo forman parte del ADN de la derecha dura. Y la blanda no es que se ruborice demasiado. Esta última, que incluso con buenos aportes como algunos convencionales le reconocen en capítulos del texto Constitucional, al final del día sucumbe sin mucha defensa ni convicción ante la primera. La derecha responde a intereses, poco a ideas, aunque algunos de sus intelectuales busquen reconstruirle una trayectoria que no se condice con la realidad presente ni con la historia.
Por ello que, ante tanta distorsión, lo que no garantiza el mercado de las comunicaciones, en las mismas pocas manos de quienes poseen poder y riqueza, le corresponde hacerlo al Estado. En este caso concreto, se presenta como un deber que el gobierno del Presidente Boric siga adelante con determinación en la implementación de la campaña informativa que se encuentra desplegando.
Esto, porque el derecho a participar de los procesos electorales basados en información veraz y oportuna, es condición número uno de todo proceso democrático. Y como regla, esta consiste en que las personas dispongan de toda la información necesaria para poder formarse una opinión lo más fundada que ello sea posible y les permita por tanto ponderar el sentido y alcance del asunto a sancionar que, en este caso, corresponde a la propuesta de Constitución sobre la cual tendremos que pronunciarnos.
Pero no habrá que esperar al 5 de septiembre para comprobar cuál es la disposición concreta de la derecha política y empresarial para avanzar en cambios. En ese sentido, la primera prueba ácida para quienes de súbito declaran su pasión por los cambios, la podremos observar a partir de este martes, cuando el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ingrese a tramitación parlamentaria el proyecto de Reforma Tributaria.
Me temo, sin embargo, que seremos testigos, una vez más, de los mismos argumentos que estas últimas décadas les hemos escuchado a quienes han trabado las reformas necesarias para disminuir los elevados niveles de conflictividad social en el país. “No están las condiciones”, “la economía mundial está en su peor momento”, “disminuirá la inversión”, como si las reformas no fueran un modo de hacerle frente a las adversidades. Y pasando por alto, en este caso, que la propuesta de reforma disminuye la tasa impositiva para las empresas desde un 27% al 25%, habilitándoles la disminución de ese 2% para que sea reinvertido en ellas. Tampoco sería nada de raro que, para evitar pagar impuestos, sigan en el intento de hacer pasar a sectores acaudalados como “clase media” y a las grandes empresas como “pequeños emprendedores”. Espero equivocarme.
En la opción Rechazo, con leves matices, se agrupan sectores que le conceden un suprapoder al mercado, promueven un Estado mínimo, niegan las causas del estallido social tanto como en su tiempo negaron las violaciones a los derechos humanos, mientras que sostienen posiciones valóricas conservadoras en torno a los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, promueve un productivismo extremo y consiguiente utilitarismo de la naturaleza, un consumo muy por debajo de las regulaciones de protección al consumidor en países con democracias avanzadas a la vez que reduce la libertad de la persona a su capacidad de compra. A ello se le agrega un anti indigenismo que linda con el racismo y también un acentuado desprecio hacía el resto de Latinoamérica, aunque conocido es también su anticomunismo, lo que comparte con otras tendencias conservadoras de nuestra sociedad.
Como forma de gobierno, esta concepción desemboca en el Estado subsidiario, al que se le busca dar continuidad independientemente incluso del resultado del Plebiscito de Salida del 4 de septiembre. Sea cual sea la motivación de quienes opten por ese camino, el Rechazo no es opción de cambio en la dirección y el sentido que el país necesita. Es más, si gana el Plebiscito aumentará su congénita resistencia al cambio y no quepa ninguna duda que la derecha más dura, se arrogará para sí el resultado de la votación y buscará enseguida encajonar al actual gobierno en las paredes de La Moneda. La consecuencia de ello, para un país fracturado, cuya ciudadanía no confía en las Instituciones y en particular de las políticas, en medio de una pandemia y las secuelas que va dejando tras de sí, en un mundo convulsionado y en crisis, solo podrá tener el efecto de agudizar las carencias de la sociedad con imprevisibles consecuencias para su convivencia.
El Apruebo recoge algunas de las mejores tradiciones de los gobiernos democráticos, las culturas progresistas, humanistas y laicas, las izquierdas tradicionales y nuevas y dentro de toda su amplia diversidad se expresan protagónicamente movimientos sociales de un amplio espectro surgidos en las últimas décadas, destacando entre ellos los movimientos feministas, de jóvenes y estudiantes, de trabajadores, organizaciones de diversidad de género, artistas, grupos culturales y trabajadores de la cultura. Y por cierto, todo el multicolor que aportan los pueblos originarios, entre muchísimas otras expresiones.
Es una fuerza de cambio democrático extraordinario. Ese es el lugar de quienes llevamos décadas completas bregando por profundidad democrática, justicia social y decencia. Cualquier otra postura, intermedia, a medias tintas, por protagonismos e intereses personales, buscando ubicarse por encima del bien y el mal, resulta incomprensible y es hasta cierto punto ahistórica. No es propio de quienes estemos de algún modo en política, ocultar su posición, menos en una circunstancia histórica tan decisiva para el futuro de nuestro país.
El escenario mundial viene cambiando, y ello hace que las fuerzas y adherentes del Apruebo contemos con otro elemento favorable en la región y el mundo. Los vientos no corren a favor del neoliberalismo. Desde México a nuestro sur austral, en la región estamos transitando desde gobiernos de derecha hacia la izquierda, lo que, desde las particularidades y convicciones específicas de cada gobierno, abre sin embargo un amplio campo para avanzar en acuerdos de cooperación en prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna. Ese espacio se ampliará, aún más, si Lula consigue la presidencia en Brasil. Pero en defensa de la democracia y la paz, en muchos países europeos como en el propio EEUU, cercados por la irrupción de corrientes ultraderechistas racistas y xenófobas, el espectro se amplía al mundo entero.
De ganar entonces el Apruebo, sobre las fuerzas de cambio en las que se sustenta, recaerá la gran tarea de consolidar el cambio constitucional que necesita el país para comenzar a dejar atrás sus traumas. La naturaleza democrática del proyecto constitucional al superar el carácter eminentemente pétreo de la Constitución del 80, deja un amplio espacio a las mejoras y a que se expresen las mayorías a través de los canales de la política, según sea la correlación de fuerzas y la emergencia de nuevos y amenazantes desafíos que afectarán mayormente a las generaciones venideras. En ellas hay que poner la mirada.
Sera necesario avanzar en los cambios al ritmo que el país lo demanda, construyendo mayorías y fuerza social, pero teniendo en mente que en Colombia ya existe una experiencia de Estado Social Democrático de Derecho, dilatada en el tiempo y convertida en papel mojado. ¿Cambia el escenario con Petro?, claro que sí, pero después de más de 31 años.
Chile no dispone de tanto tiempo. Por eso, esta es la hora de Aprobar sin condiciones.
