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La nueva Constitución y la interdependencia de los derechos políticos y socioeconómicos Opinión

La nueva Constitución y la interdependencia de los derechos políticos y socioeconómicos

Claudio Javier Barrientos
Por : Claudio Javier Barrientos Director Observatorio de Historia Reciente de América Latina y Chile, UDP.
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No basta con el acto nominal de reconocer constitucionalmente pueblos o grupos sociales específicos, sino también proveerlos de los medios, instancias e instituciones para ejercerlos. En este sentido, la nueva Constitución no solo es innovadora en el reconocimiento de nuevos derechos, sino también porque define efectivamente cómo estos se pueden hacer valer, instalando conceptos de igualdad que reconocen las diferencias y diversidad de sujetos titulares de derechos en una concepción interdependiente, de derechos políticos y socioeconómicos, porque la historia de nuestras sociedades determina que unos no pueden existir sin los otros, si de verdad aspiramos a mayores niveles de democracia y equidad.


La nueva Constitución política que se someterá a plebiscito es un texto que reactualiza una serie de debates no resueltos sobre derechos sociales y colectivos, como la plurinacionalidad, el reconocimiento de los pueblos originarios, los derechos económicos, ambientales y culturales, entre otros, que parecen ser nuevos o de segunda y tercera generación, pero que en realidad han estado históricamente situados en las luchas más importantes de las sociedades a nivel global, especialmente en nuestros países latinoamericanos, por más de doscientos años. Estas luchas habrían marcado hitos en los cuales distintos sectores de clase, raza o género pensaron y concibieron la organización social de nuestros pueblos desde principios y pactos que, en el transcurso de la historia de las repúblicas modernas, fueron obliterados y, por tanto, silenciados en procesos de construcción histórica que nos hacen creer que su reemergencia hoy tensiona, divide e incluso destruye el orden establecido.

En una reciente publicación editada por Steven L. B. Jensen y Charles Walton, titulada “Social rights and the politics of obligation in history”, en el capítulo llamado “La revolución haitiana y los derechos socioeconómicos”, escrito por el abogado y experto en literatura comparada de la Universidad de Carlton en Canadá, Philip Kaisary, se marca un punto de inflexión en la historia de los derechos sociales y económicos de nuestro continente en la revolución haitiana (1791-1804). Este evento, sin precedentes y por generaciones excluido de los contextos revolucionarios modernos que solo reconocían los procesos de Francia (1789) y Estados Unidos (1776), como los orígenes de las repúblicas liberales y el ordenamiento social del mundo tal cual lo conocemos hoy, fue un proceso que transformó una colonia esclavista en la primera república negra del globo.

Kaisary sugiere que, en el proceso haitiano, hay una formulación revolucionaria de conceptos de humanidad, libertad e igualdad, que sitúan el reconocimiento de los derechos de las personas en la abolición y prohibición de la esclavitud. Así, la revolución haitiana situaba la libertad de las personas en la transformación del sistema económico esclavista, sobre el cual se cimentaban gran parte de las economías globales del período. Por tanto, la libertad e igualdad de las personas estaba asociada a la desarticulación del principal modelo de producción y concentración de la riqueza de los sistemas coloniales globales de los siglos XVIII y XIX, y así, los derechos políticos en nuestro continente están históricamente imbricados con los sociales y económicos.

No hay un orden o jerarquía entre ellos, o que unos precedan a otros, o que unos sean más importantes o prerrequisitos de otros. Sin embargo, la matriz liberal e ilustrada que se impuso en las elites latinoamericanas que tomaron las revoluciones norteamericanas y francesas como ejemplos, construyeron repúblicas que privilegiaron los derechos de hombres blancos de sectores sociales dominantes, instalando una separación entre derechos políticos y socioeconómicos que posibilitaron la mantención de relaciones coloniales, el desarrollo del capitalismo global extractivista y la perpetuación de desigualdades, sociales, raciales y de género.

La nueva Constitución propuesta a los pueblos de Chile en el plebiscito del 4 de septiembre próximo instala nuevamente la relación de interdependencia entre derechos políticos y socioeconómicos, para garantizar mayores niveles de igualdad y libertad entre los ciudadanos de nuestro país. La superación de los niveles de desigualdad e injusticia social que desembocaron en el estallido y crisis de 2019, pasa por retomar estos principios en nuestra Constitución Política, y comprender que toda profundización de nuestra democracia implica transformar el actual sistema económico neoliberal, instalando derechos que redistribuyan la riqueza de manera más equitativa y fortaleciendo instituciones públicas que restituyan las obligaciones que el Estado tiene con las personas en el aseguramiento de estos derechos.

No basta con el acto nominal de reconocer constitucionalmente pueblos o grupos sociales específicos, sino también proveerlos de los medios, instancias e instituciones para ejercerlos. En este sentido, la nueva Constitución no solo es innovadora en el reconocimiento de nuevos derechos, sino también porque define efectivamente cómo estos se pueden hacer valer, instalando conceptos de igualdad que reconocen las diferencias y diversidad de sujetos titulares de derechos en una concepción interdependiente, de derechos políticos y socioeconómicos, porque la historia de nuestras sociedades determina que unos no pueden existir sin los otros, si de verdad aspiramos a mayores niveles de democracia y equidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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