Opinión
En el tema previsional, el Gobierno ha mostrado una grave falencia desde que asumió. La reforma debió ser elaborada durante la campaña. Era prácticamente la reforma estrella. Equipos disciplinarios para ello había. Al menos eso se nos dijo. Y debió ser anunciada y enviada al Parlamento a poco andar, para evitar mezclarla con el tema constitucional. Pero, en agosto, la postergación en presentar la propuesta previsional se justificó justamente con este argumento. Bueno, si es así, ¿quizás tengamos que esperar, ahora, a que concluya la extensión del proceso constituyente en su segunda versión? Lo cierto es que, así como están las cosas hoy, hay pocas posibilidades de materializar una reforma en el corto o mediano plazo.
Transcurridos ya casi dos meses del plebiscito, los efectos de su resultado, en lugar de irse asimilando y diluyéndose, más bien tienden a acentuarse. Las fuerzas opositoras al Gobierno están sacando todo el provecho posible del resultado, sin mostrar remilgos ante el hecho innegable respecto a que el 62% obtenido por la opción ganadora estaba constituido por una variedad de distintas clases de posturas frente a la propuesta constitucional fallida, que iban desde quienes rechazaron porque les bastó un solo aspecto de la misma que no compartían, hasta quienes lo hicieron porque consideraron insuficientemente progresista o revolucionaria la propuesta de la Convención.
La derecha hizo la tarea y se la jugó a fondo en ello. Es cierto que contó con recursos financieros enormes y que utilizó sin miramientos una versión renovada de las campañas del terror, bastante más básicas, de décadas pasadas. Aprovechó también, y muy bien, los temores reales o imaginarios de una sociedad que ha ido adoptando, sin advertirlo del todo posiblemente, una actitud competitiva e individualista, más allá de que simultáneamente pueda exteriorizar un discurso distinto.
En este último aspecto, quizás, la muestra más evidente se da en la temática previsional, en donde las AFP explotaron sin miramientos y obviamente sin restricciones presupuestarias, las ambivalencias y escaso conocimiento del tema que tiene el común de las personas y el hecho cierto de que, si bien todos se manifiestan por tener mejores pensiones, nadie quiere cotizar por más años ni más porcentaje de su sueldo ni, mucho menos, contribuir a fortalecer un pilar contributivo. En fin, este es solo un aspecto parcial de una realidad de mayor envergadura, complejizada por los efectos del discurso persistente de la industria de las AFP en cuanto a que “los fondos previsionales son tuyos”, discurso comprado sin reservas por los afiliados y que dificulta cualquier intento de introducir cambios que involucren componentes solidarios en un futuro sistema.
Así como señalaba que la derecha hizo la tarea, esta vez auxiliada por sectores de centro –lo que sea que signifique ello hoy en día–, los sectores que impulsaron el proceso constituyente, Gobierno incluido, pero principalmente constituyentes, fallaron en aspectos esenciales para lograr tener una estrategia con posibilidades de éxito. Al respecto ya todo se ha dicho, de forma tal que no me extenderé en el tema. Más bien me interesa centrar el análisis en la incertidumbre que rodea actualmente a la continuación del proceso constituyente.
Primero, debe reconocerse que existe un porcentaje, de quienes votaron rechazando la propuesta, que interpretan –erróneamente o no, ello es secundario– que el proceso terminó en el pasado plebiscito y que ni el Gobierno ni el Parlamento tienen derecho a imponer un nuevo proceso. Incluso se ha llegado a citar al efecto la “Doctrina Schneider”, que en su último párrafo señala que “la única limitación de este pensamiento legalista (se refiere a la no intervención para interrumpir procesos democráticos) está en que los poderes del Estado abandonen su posición legal. En tal caso las FF.AA. (…) quedan en libertad para resolver una situación que es absolutamente anormal…”. Claramente esta alusión pretende señalar que al menos dos poderes del Estado –Ejecutivo y Legislativo– estarían incurriendo en la causal para invocar la aplicación de este párrafo específico de la doctrina, al insistir en la continuación de un proceso que debió darse por finalizado, según lo establece el párrafo 142 de la Constitución.
Así las cosas, aun suponiendo que exista acuerdo para continuar el proceso constituyente, superando los desacuerdos en relación con cuestiones como conformación del nuevo órgano, número de convencionales, rol de expertos, etc., hay desde ya que contar con un número indeterminado de personas que rechazarán –a todo evento– cualquier propuesta que emane de dicho proceso, por estimar que este no debe llevarse a cabo o porque emanó de una “cocina”. Pero hay más: se dará la paradoja de que a los votantes anteriores se sumarán quienes rechazarían la nueva propuesta por considerar que los “bordes” o “límites”, que se evalúa incorporar actualmente, desnaturalizan los propósitos que originaron el proceso que partió hace ya casi tres años, es decir, que la eventual nueva propuesta constitucional será aún menos progresista que la recientemente rechazada. Por ejemplo: ya no habría posibilidad de eliminar el Senado.
Por otra parte, ¿se involucrará nuevamente el Gobierno con la propuesta que eventualmente emane de un nuevo órgano constituyente? Más derechamente: ¿propiciará su aprobación? Y por último: ¿en qué escenario queda el país frente a un rechazo a esta segunda propuesta?
El Gobierno, aun habiendo manifestado que la continuación del proceso constituyente radica en el Parlamento, continuará indefectiblemente amarrado al curso de dicho proceso, el cual de hecho actúa como un verdadero lastre, que no permite avanzar con la premura que se requiere, que se prometió y que la ciudadanía espera en el programa prometido. La oposición, basada en la apropiación del resultado del plebiscito, insiste en la postura de que el Gobierno ha quedado en gran medida inhabilitado para llevar adelante su agenda.
Un caso emblemático es la eternamente postergada reforma a las pensiones que abarca ya tres administraciones del Estado. No por nada el solo anuncio del contenido de dicha reforma ha sido postergado tres meses. Y los augurios no son buenos, porque se arriesga que nuevamente el proyecto se empantane en la eterna cuestión de cómo distribuir la cotización adicional de cargo del empleador. Resulta poco comprensible que, habiendo sido este el punto –más que ningún otro– que impidió materializar un acuerdo durante la administración anterior, el actual Ejecutivo vaya nuevamente con una propuesta en que este tema no se presente de manera distinta.
El Gobierno, en el tema previsional, ha mostrado una grave falencia desde que asumió. La reforma debió ser elaborada durante la campaña. Era prácticamente la reforma estrella. Equipos disciplinarios para ello había. Al menos eso se nos dijo. Y debió ser anunciada y enviada al Parlamento a poco andar, para evitar mezclarla con el tema constitucional. Pero, en agosto, la postergación en presentar la propuesta previsional se justificó justamente con este argumento. Bueno, si es así, ¿quizás tengamos que esperar, ahora, a que concluya la extensión del proceso constituyente en su segunda versión?
Lo cierto es que, así como están las cosas hoy, hay pocas posibilidades de materializar una reforma en el corto o mediano plazo. El Gobierno deberá optar, muy probablemente, por medidas administrativas para mejorar las pensiones autofinanciadas –léase pagadas por las AFP–, tales como introducir cambios en las tablas de mortalidad y en subir la PGU al nivel que se anunció en campaña. Pero esto seguramente requerirá previamente avanzar en la reforma tributaria, cuyo avance se visualiza aún más engorroso.
