Opinión
Puestos en la encrucijada del acuerdo de seguridad que las distintas fuerzas políticas están debatiendo, se corre el riesgo de que termine convirtiéndose en un listado de medidas cortoplacistas de mano dura, que llamen la atención de la ciudadanía pero que no necesariamente atiendan a los problemas de fondo. De nuevo, aumentar las penas por usar un arma de fuego no necesariamente inhibirá a una persona de usarla, si la probabilidad de ser atrapado es siempre muy baja. Pero, al mismo tiempo, ¿qué sería más eficaz? ¿Sancionar con mayor severidad una acción como esa o establecer una política más estricta de detección de armas ilegales y de trazabilidad para las armas legales?
Sin mayores novedades transcurre el debate sobre la seguridad pública en Chile. Por un lado, se ubican quienes plantean la “mano dura” como la única herramienta capaz de resolver los problemas de delincuencia e inseguridad en el país. Al frente, se ubica otro sector que lo que enfatiza es la necesidad de establecer medidas que sean eficaces y que toquen el corazón del problema de la inseguridad. A esta última visión la llamaremos “mano eficaz”.
Las políticas de “mano dura” buscan resolver las manifestaciones de la delincuencia a través de políticas que aumentan el costo de delinquir en el corto plazo y protegen, de paso, a la autoridad encargada del control del orden público. En concreto, se proponen políticas como el aumento de penas por cometer ciertos delitos, aumento de la prisión preventiva para determinados delitos, creación de nuevos delitos que hoy no se contemplan en la ley, entrega de nuevas atribuciones para las policías, y otorgar mayores recursos para estas.
Desde varios sectores políticos se han planteado medidas que apuntan en esta dirección. Por ejemplo, se ha propuesto que el uso de arma de fuego en la ejecución de un delito implique siempre decretar prisión preventiva; también, se ha propuesto que quien agreda a un policía en ejercicio de su cargo deba cumplir la pena siempre privado de libertad. El aumento de las penas de cárcel es quizás la manifestación más extrema de esta postura, en lo que se ha denominado el populismo penal.
Una revisión de los últimos tres meses de todas las mociones presentadas en el Congreso Nacional en materia de seguridad pública muestra que el 38% de ellas se asocia con el agravamiento de penas y el 18% se vincula con la tipificación de nuevos delitos. Por ejemplo, la moción 12.467-15, propone el agravamiento de penas por daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad. La moción 13.657-07 busca modificar las sanciones del delito de usurpación, equiparándolo con otros delitos a la propiedad. La moción 15.437-07 agrava las penas por delitos de homicidio y lesiones contra las policías. La moción 15.456-07 agrava las penas por daños en contra de bienes que protegen la seguridad pública, como cámaras.
La pregunta que inmediatamente surge aquí es sobre la efectividad de este tipo de medidas. Por lo general, cuando se aplican medidas como aumento de penas y atribuciones de las policías, lo que se está haciendo es buscar atender a las manifestaciones de los delitos, pero no se abordan los problemas de fondo asociados a la comisión de los mismos. ¿Acaso se reducirán los delitos con armas de fuego si se les sanciona con mayor severidad? ¿Se reducirá la violencia contra Carabineros si la sanción por cometer ese delito es mayor? ¿Se reducirá el crimen y la delincuencia si se envía más gente a la cárcel?
Una postura alternativa es la de utilizar una “mano eficaz”, esto es, una política que busca implementar medidas que permitan atacar el fondo de los problemas y no necesariamente sus manifestaciones cotidianas. Si el problema es el incremento en el uso de armas de fuego, entonces la política pública debiese asegurar que se corta el circuito de comercialización legal e ilegal de tales artefactos. La política pública, en este caso, debiese ser capaz de implementar sistemas para una mejor detección del tráfico ilegal de armas, perfeccionar los sistemas de trazabilidad del uso de armas de fuego, fiscalización y sanciones mayores a quienes comercializan armas de fuego, por citar algunos ejemplos.
La agenda de la mano eficaz consiste en evaluar las medidas que han permitido un mayor éxito en reducir los niveles de temor, inseguridad y delincuencia. ¿Implica esta estrategia abandonar medidas punitivas como las antes señaladas? No necesariamente. Algunas medidas de corto plazo podrían ser eficaces en el combate del delito en las calles, pero lo crucial es implementar aquellas medidas que atiendan a los problemas de raíz de la seguridad pública. Por ejemplo, en relación con bandas de crimen organizado, se debería tender a establecer políticas en tres dimensiones cruciales: a) medidas preventivas para recuperar el espacio público; b) medidas para cortar el vínculo del crimen organizado con el sistema financiero formal; y c) medidas para fiscalizar y sancionar a funcionarios públicos (políticos, policías, jueces, etc.) que se relacionen con bandas criminales o permitan su funcionamiento.
Lo anterior implica robustecer los sistemas de inteligencia, control de aduanas, las unidades de investigación financiera, unidades de investigación en el Ministerio Público, y a las propias policías en sus capacidades de análisis e inteligencia. Es tal la amenaza que el crimen organizado y el narcotráfico colocan frente a la sociedad y el Estado, que la única opción posible es robustecer muy sustantivamente el aparato de detección temprana desde el Estado.
Así, puestos en la encrucijada del acuerdo de seguridad que las distintas fuerzas políticas están debatiendo, se corre el riesgo de que termine convirtiéndose en un listado de medidas cortoplacistas de mano dura, que llamen la atención de la ciudadanía pero que no necesariamente atiendan a los problemas de fondo. De nuevo, aumentar las penas por usar un arma de fuego no necesariamente inhibirá a una persona de usarla, si la probabilidad de ser atrapado es siempre muy baja. Pero, al mismo tiempo, ¿qué sería más eficaz? ¿Sancionar con mayor severidad una acción como esa o establecer una política más estricta de detección de armas ilegales y de trazabilidad para las armas legales?
Del mismo modo, las políticas de seguridad pública debiesen articularse con un conjunto de políticas sociales para encarar transversalmente los desafíos que implica contar con calles iluminadas, viviendas o edificios diseñados para generar entornos seguros, actividades culturales que dinamicen zonas deterioradas o marginadas en la ciudad. Una mano eficaz es capaz de diseñar un conjunto de políticas que progresivamente van generando condiciones de seguridad para que, de este modo, la ciudadanía pueda libremente transitar por las calles. La seguridad es una condición necesaria para la libertad y, por lo mismo, se requiere de una política de seguridad extremadamente eficaz para garantizarla. De este modo, si el debate se centra en la eficacia de las políticas de seguridad pública para combatir el delito, tal vez se encuentre una vía muchísimo más expedita para alcanzar un acuerdo.
