Opinión
El Gobierno se enfrenta a un dilema político que excede la mera gestión de sus integrantes: la aguda fragmentación que exhibe el sistema político, con un Congreso en el que no solo es minoría (producto del magro desempeño en primera vuelta), sino en el que también predomina una dinámica personalista e identitaria entre sus integrantes, la misma de la que se acusó en su momento a la Convención Constitucional. A esto se suma el control creciente que sobre la derecha han asumido los grupos más radicales, dedicados a la abierta obstrucción de cualquier proyecto de reforma sustantivo, en detrimento de aquellas fuerzas de derecha que protagonizaron los acuerdos en tiempos de la política de la transición.
A inicios de noviembre, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, tuvo lugar un cónclave que reunió a las distintas formaciones políticas que integran el actual Gobierno, cuya articulación se produce en la segunda vuelta de la elección presidencial, sin las resoluciones programáticas que las ubicaron en la primera vuelta en candidaturas distintas. De ahí que muchas discusiones estaban pendientes. Se trataba de la agenda oficialista de una “alianza de Gobierno” –como se denominó la relación entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático– para los tres años que restan del mandato de Gabriel Boric, en gran medida precipitada por el ascenso de una derecha agresiva que se proyectó a la cabeza de aquella primera vuelta.
El dilema mayor correspondía a las interrogantes acerca de la celeridad y profundidad de las transformaciones estructurales que se habían puesto en el debate público desde la revuelta popular de 2019, la más grande de la historia inmediata y, seguido, con el proceso constituyente y su posterior clausura al menos de momento, bajo el rotundo rechazo popular a la propuesta emanada de la Convención con tal finalidad.
En dicha reunión, aparte de los lógicos ajustes organizativos para viabilizar cualquier agenda, en especial en un contexto de aguda fragmentación política, se distinguió entonces entre “urgencias ciudadanas” y “reformas estructurales”, ubicando del lado de las primeras la seguridad, el costo de la vida y el sistema de salud, mientras entre las segundas se incluyó la reforma tributaria, la reforma de pensiones, las 40 horas y una “agenda antiabusos”.
Estos focos puestos por el Gobierno se ubican bajo el entendido que otro tipo de reformas requieren de un cambio constitucional, perspectiva que permanece en una situación de inmovilidad tras el plebiscito del 4 de septiembre. De modo que estas muestran el núcleo a observar respecto a las posibilidades del actual Gobierno para actuar en respuesta a las demandas socioeconómicas aún vigentes desde la revuelta social de 2019.
Frente a este itinerario fijado, el Gobierno se enfrenta a un dilema político que excede la mera gestión de sus integrantes: la aguda fragmentación que exhibe el sistema político, con un Congreso en el que no solo es minoría (producto del magro desempeño en primera vuelta), sino en el que también predomina una dinámica personalista e identitaria entre sus integrantes, la misma de la que se acusó en su momento a la Convención Constitucional. A esto se suma el control creciente que sobre la derecha han asumido los grupos más radicales, dedicados a la abierta obstrucción de cualquier proyecto de reforma sustantivo, en detrimento de aquellas fuerzas de derecha que protagonizaron los acuerdos en tiempos de la política de la transición.
De otra parte, en términos de la sociedad, queda también el diálogo con los actores sociales y la capacidad de articulación y generalización de intereses. Aquí, el gran empresariado, a través de los reajustes de sus gremios fundamentales, de momento parece haber aflojado la perspectiva de confrontación que adoptara en personajes como Sutil, opuestos no solo a cambios sino al propio diálogo que tendían a desdibujar abiertamente. Queda por ver cuánto pueden permitir estos cambios en un horizonte de acuerdos sociales que alimenten un diálogo político más conducente que el espectáculo vacío que a ratos se impone. Esto último, sobre todo, porque los grupos de interés siguen activamente con su labor de presión, tal como ocurre en el caso de la reforma de pensiones, donde las actividades de lobby sobre los ministerios de Economía, del Trabajo y la Superintendencia de Pensiones se intensifican, así como sobre el propio Parlamento, incluso de parte de importantes gestores de inversión con intereses en el sistema chileno (1).
El otro protagonismo, del cual dependerá en gran medida la legitimidad de los cambios, es el que corresponde a los actores sociales del mundo subalterno y, especialmente, popular. El Gobierno, más allá de la realización de una serie de diálogos ciudadanos en los meses previos al envío de los proyectos de ley al Congreso, aún no ha apuntado a salvaguardar esta situación mediante su vinculación con los actores sociales, a los que podría recurrir para acrecentar su propia capacidad de negociación, invitándolos a construir en conjunto y defender los proyectos a presentar. Más bien, se ha concentrado en la difícil disputa por los votos en la esfera legislativa, en medio del escenario caótico antes apuntado.
La necesidad de considerar e implicar en forma gravitante a estos actores sociales remite a la oportunidad de avanzar en la conformación de un sistema legítimo de procesamiento de los conflictos, muy necesario en una sociedad fracturada, a fin de avanzar en una institucionalización del malestar latente, capaz de evitar eso que llaman desborde de lo político, con los costos humanos que todos conocemos. No hacerlo significa mantener en pie un problema social y político largamente arrastrado en gobiernos anteriores de la Concertación, redundando aquello en una inconclusa recomposición del vínculo entre política y sociedad.
