Opinión
Valoramos el anuncio del Gobierno de que en marzo presentará un proyecto a través de una ley corta que aborde la actual situación, y que fije las bases para una reforma a la salud. Dicha reforma debe considerar mínimos comunes, donde la lógica de seguridad social debería ser el principio rector. Es clave que la reforma contemple una etapa de transición, que incluya el diseño de un plan universal de salud de cobertura integral, fortalecer la red de salud pública y el modelo de atención sobre la base de la APS, eliminar la selección de riesgo en base a cualquier consideración de edad, género o estado de salud, regulación de las condiciones de pagos a los prestadores, y establecer mecanismos de contención de costos, entre otros.
La llamada “crisis de las isapres” es la punta del iceberg de un problema estructural que involucra al sistema de salud en su conjunto, resultado de décadas de funcionamiento de un modelo que incluye a aseguradoras privadas como parte de la seguridad social, con modalidades de cobros inconstitucionales, y discriminación por edad, género y enfermedad.
Durante años se ha eludido dar solución al problema, que ha llegado a un punto crítico tras los fallos de la Corte Suprema. Hoy se requiere de un cambio estructural del sistema, que asegure una salud de calidad para todos y todas, sin discriminación.
En lo inmediato, necesitamos mecanismos para salir de la coyuntura en la que nos encontramos, y acabar con la incertidumbre que hoy viven usuarios y prestadores, con convenios que se están cerrando, pagos que no se realizan, pacientes que no están accediendo a atenderse o han tenido que acudir a recursos propios para hacerlo.
Pero es fundamental también una solución de base, una hoja de ruta para transitar a un modelo de salud más justo y eficiente, que responda a las necesidades de la población, que entienda la salud como bien social de las personas y las comunidades, y que abarque desde la promoción y prevención a lo curativo.
Valoramos el anuncio del Gobierno de que en marzo presentará un proyecto a través de una ley corta que aborde la actual situación, y que fije las bases para una reforma a la salud. Dicha reforma debe considerar mínimos comunes, donde la lógica de seguridad social debería ser el principio rector. Es clave que la reforma contemple una etapa de transición, que incluya el diseño de un plan universal de salud de cobertura integral, fortalecer la red de salud pública y el modelo de atención sobre la base de la APS, eliminar la selección de riesgo en base a cualquier consideración de edad, género o estado de salud, regulación de las condiciones de pagos a los prestadores, y establecer mecanismos de contención de costos, entre otros.
Como nunca antes en nuestra historia, existe un importante consenso sobre la necesidad de abordar la crisis de la mano de una solución de fondo. Propuestas hay muchas, la experiencia internacional nos da luces de posibles caminos, pero en el actual escenario, cualquier reforma requiere de un acuerdo transversal, que deje afuera los intereses particulares, y que ponga el bienestar de la población al centro de las preocupaciones. Hoy tenemos esa oportunidad. Es de esperar que estemos a la altura.
