PAÍS
Crédito: Agencia Uno (Contexto)
Estas dos obligaciones integran un conjunto de ocho medidas que tendrán que realizar, desde ahora de forma obligatoria, las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. La Superintendencia de Educación Superior informará a las casas de estudio sobre estas normativas.
Hasta el 29 de mayo las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales tendrán plazo para informar quiénes son sus controladores, ya sean personas naturales o jurídicas que ejercen el control y su porcentaje de participación, según una orden de la Superintendencia de Educación Superior.
Esta es una de las nuevas obligaciones, de un total de ocho, que regirán a las casas de estudio. La superintendencia está informando a los planteles a través de una normativa que está en consulta pública.
Otra de las obligaciones que tendrán será reportar dos veces al año sus estados financieros, y no una vez como se hacía hasta ahora. Este dato deberá incluir su liquidez, el endeudamiento, la diversificación de las fuentes de ingreso y las contingencias.
También deberán informar su listado de socios y directivos que participen en la toma de decisiones, entendidas como aquellas que involucren recursos institucionales iguales o superiores a las 2.000 UF, aproximadamente $57 millones de pesos).
Las universidades deberán notificar cuáles son sus partes relacionadas y “toda operación que implique una transferencia de recursos, servicios u obligaciones” entre la institución y ese tercero. Y acá se incluirá las operaciones que realicen los directivos, sus cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta segundo grado.
Finalmente, la superintendencia exigirá que las instituciones reporten información de donaciones acogidas a exenciones tributarias y los cambios a los estatutos. Para esto, también habrá plazo hasta el 29 de mayo.
Al respecto, el intendente Jorge Avilés explicó al diario La Tercera que anteriormente estos reportes no eran obligatorios «para los planteles, como lo es el registro de organizadores, miembros de la asamblea o asociados, socios, propietarios, fundadores y quienes ejerzan funciones directivas”.
Además, explica que ahora la ley incorpora a los controladores en su regulación y que pedirán los estados financieros dos veces al año “como una medida de fiscalización”, por lo que, con esos datos, podrían adoptar medidas “que permitan acreditar fehacientemente la sanidad financiera de los planteles”.
