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Crédito: Agencia UNO
En concreto, la acción legal busca la nulidad de derecho público respecto los actos realizados administrativamente por el Ejército de Chile, donde se traspasaron internamente terrenos que habían sido cedidos por el ministerio de Bienes Nacionales en una resolución exenta en el año 1989 a la institución castrense para “fines propios y habitacionales”.
El diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch junto a los concejales de la comuna de La Reina, Sara Campos y Álvaro Delgado (DC), presentaron una demanda contra el Ejército de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), para detener la licitación y venta de terrenos fiscales por cerca de 25 mil millones de pesos (862.872 UF), y para que sean devueltos a la comuna de La Reina.
En concreto, la acción legal busca la nulidad de derecho público respecto los actos realizados administrativamente por el Ejército de Chile, donde se traspasaron internamente terrenos que habían sido cedidos por el ministerio de Bienes Nacionales en una resolución exenta en el año 1989 a la institución castrense para “fines propios y habitacionales”.
En ese contexto, en 1991 y 1994, el Ejército de Chile se auto transfirió internamente los terrenos a la Dirección de Bienestar del Ejército, para que fuera objeto de considerarse “patrimonio de afectación fiscal” (PAF), pasando así a ser propietarios de terrenos que pertenecen al fisco.
Al respecto, el diputado de Acción Humanista (AH), Tomás Hirsch, expresó que “estamos presentando esta acción para que se declare la nulidad del ‘P.A.F.’, que le otorgó al Ejército un terreno de 6,8 hectáreas y que ahora están vendiendo en 25 mil millones de pesos. Lamentamos haber llegado a esto, pero tanto la Dirección de Bienestar del Ejército como el ministro de Defensa se negaron a nuestra solicitud de detener la licitación y de devolver los terrenos que pertenecen a la comunidad de La Reina y que se adjudicaron administrativamente”.
Por su parte, la Concejala de La Reina Sara Campos (DC) comentó que “resulta impresentable y un gran abuso que un terreno que fue comprado por el fisco, para destinarlo a un bien social como lo es la recreación de la comunidad, sea transformado en un negocio inmobiliario para el Ejército. Estos terrenos, comprados en 1965 por el fisco cuando la comuna nacía, quedaron en manos después del golpe militar. En 1989 fue entregado para hacer viviendas a los funcionarios del Ejército y se ha mantenido como sitio eriazo por más de 30 años un terreno de 6,8 hectáreas con el que hoy pretenden hacer negocio”.
Finalmente, el Concejal Álvaro Delgado indicó que “nuestra demanda busca la nulidad de las resoluciones que destinaron los predios a P.A.F., facultad que fue dada a las FF.AA. en 1971 por un plazo acotado de 90 días y que siguieron utilizando hasta 1998, gracias a la falta de fiscalización de las autoridades políticas y a una «especial deferencia» que la Contraloría tenía al momento de controlar a las instituciones armadas. Este último concepto, reconocido por el propio contralor Bermúdez ante la Cámara de Diputados.»
