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Crédito: Aton
El documento describe un mecanismo que buscaba compensar a empleados de las categorías más altas del servicio la suma que tenían que pagar por impuesto a la renta.
Pagos excesivos a 53 personas -42 funcionarios vigentes y 11 retirados- fue el resultado de una auditoría realizada al Senado. El monto total de dichos pagos es de 208.913.576 pesos entre enero de 2017 y febrero de 2020.
Según información del diario El Mercurio, el documento describe un mecanismo que buscaba compensar a empleados de las categorías más altas del servicio la suma que tenían que pagar por impuesto a la renta.
El análisis realizado por el Departamento de Finanzas y la Unidad de Auditoría Interna del Senado, dio cuenta del «problema que causó el pago en exceso, tanto en sueldos líquidos como de impuesto a la renta, de 42 funcionarios».
El texto señala que «en la práctica, para evitar una merma en el sueldo líquido de 42 funcionarios, se estableció un pago adicional para cubrir los tributos, lo que les permitir la remuneración completa fuera de impuestos. La dificultad estuvo en que se sobrestimó el impuesto, por lo que se produjo un margen a favor».
En ese sentido se instruyó «un sumario administrativo para determinar y/o descartar responsabilidades administrativas. Y se elevó una propuesta de modificación al reglamento de personal, para entregar al jefe de servicio la facultad de otorgar, por razones fundadas, facilidades de pago para el reintegro de pagos percibidos en el exceso».
La investigación reveló además que 21 de las 28 metas para el incentivo institucional fueron replicadas para configurar todas las «metas colectivas de la corporación», situación que sugieren «tergiversa el objetivo pretendido por la Ley 19.533 de crear dos incentivos relacionados, pero distintos entre sí y que además poseen porcentajes diferentes de incremento remuneracional».
Agregan que «es común observar, en los servicios o instituciones afectas a los incentivos de la Ley 19.533, que algunas de las metas colectivas están relacionadas con las metas institucionales, pero en ningún caso ello implica que puedan estar idénticamente establecidas como ocurre en nuestra corporación».
Con todo esto, el Departamento de Finanzas y la Unidad de Auditoría Interna del Senado recomendó «que exista una regularización de todos los haberes que no están respaldados legalmente».
Al respecto, la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz dijo a El Mercurio que «estamos conociendo los resultados y contrastándolos con los funcionarios para ver qué acción seguir».
«Es una auditoría que se realizó durante la presidencia del senador Quintana y recién ahora se están dando a conocer los resultados, las distintas conclusiones que se sacaron», agregó.
