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Crédito: Aton
En un correo electrónico, Abbott señaló que «a nuestro juicio, las restricciones al derecho a voto son legítimas en el contexto de una emergencia sanitaria como la que se experimenta y en dicha medida, un enfermo de Covid no podrá esgrimir exitosamente, en su defensa, una causal de justificación en relación con su conducta infractora de una orden de aislamiento sanitario, bajo el pretexto de estar ejerciendo legítimamente un derecho».
El viernes, el fiscal nacional Jorge Abbott dio la instrucción los fiscales regionales y al jefe de la Unidad de Delitos contra el Crimen Organizado, Mauricio Fernández, de perseguir penalmente a aquellas personas que estando contagiadas con covid-19, acudan a votar en el plebiscito.
En un correo electrónico citado por La Tercera, Abbott señaló que «a nuestro juicio, las restricciones al derecho a voto son legítimas en el contexto de una emergencia sanitaria como la que se experimenta y en dicha medida, un enfermo de Covid no podrá esgrimir exitosamente, en su defensa, una causal de justificación en relación con su conducta infractora de una orden de aislamiento sanitario, bajo el pretexto de estar ejerciendo legítimamente un derecho».
El mail dice que «el ejercicio del derecho a sufragio de una sola persona contagiada constituye un comportamiento idóneo para poner en riesgo la salud e incluso la vida de muchas personas, posibilitando la generación de una cadena de contagios».
El jefe del Ministerio Público también argumentó que existe un enfrentamiento entre derechos fundamentales como lo son el derecho al sufragio y el derecho a la salud de las personas, imponiéndose el segundo.
«La colisión de derechos fundamentales que se constata en estos casos, por una parte el derecho a sufragio (derecho humano de carácter político, emanado de la ciudadanía, pero sin referente en un interés vital individual) y el derecho a la salud (sea que se entienda como salud pública o individual, indudablemente posee como referencia un interés vital», dice el correo.
El correo cierra señalando que «en definitiva: los enfermos de Covid que concurran a ejercer el derecho a sufragio, infringiendo la orden de aislamiento que pesa a su respecto como medida sanitaria, portan una enfermedad transmisible que es capaz de poner en peligro el derecho a la salud individual de un número de indeterminado de personas (dada la tasa incidencia que presenta esta enfermedad), personas que podrían exponerse a un contacto estrecho o cercano con el infractor, en recintos donde se producirá una aglomeración que favorece, sin duda alguna, el contagio».
