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El veto tenía como objetivo negar algunos artículos de esta iniciativa que retrasaban su implementación. Con eso, se podrá implementar con urgencia el nuevo Servicio, ya que dejó supeditada la vigencia del Servicio a la publicación de la ley de sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
El Senado aprobó este miércoles el veto presidencial al proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que busca acelerar su puesta en marcha y reemplazar al Servicio Nacional de Menores (Sename).
El veto tenía como objetivo negar algunos artículos de esta iniciativa que retrasaban su implementación. Con eso, se podrá implementar con urgencia el nuevo Servicio, ya que dejó supeditada la vigencia del Servicio a la publicación de la ley de sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
Según indicó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, que «el Sename, tal como lo conocemos, dejará de existir. Terminar con el Sename es una deuda histórica que tiene nuestro país con la niñez y adolescencia, especialmente a partir de la crisis que ha sufrido la institucionalidad de protección durante los últimos año».
En esa línea, recordó que el proyecto cuenta con el apoyo transversal de distintos sectores políticos, además del aporte de los distintos Gobiernos anteriores en materia de niñez, juntos con los que han realizado diversos actores de la sociedad civil.
Por su parte, la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, indicó que «queremos agradecer al Senado que ha dado la oportunidad a los niños más vulnerables de Chile, de creer, de confiar, de no perder la esperanza en un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que nos va a permitir rescatar lo más valioso que tenemos como sociedad: los niños, niñas y adolescentes que más han sufrido y que no queremos que sigan sufriendo».
El nuevo Servicio implementará una mayor supervisión y mejor fiscalización, mayores exigencias al personal público y privado, presupuesto adicional (40% más respecto de Sename en su área de protección), un enfoque más familiar y mejor coordinación entre servicios.
El siguiente paso del proyecto es el Tribunal Constitucional, donde se revisará antes de ser promulgado y publicado. Después de esto existe un plazo máximo de un año para instalar, hacer los reglamentos, las calificaciones de quienes se contraten y comenzar a operar.
