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Chevesich señaló que «el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular no puede comentar ni valorar el ejercicio de las prorrogativas que la Carta Fundamental le entrega a parlamentarios. Y será en esa sede, en el Congreso Nacional, donde deberá analizarse si es pertinente o no que sea ley de la República una indulte a las personas a las que se refiere esa dicha ley».
La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, descartó que los jueces fallen de acuerdo a la postura política de la persona imputada, en relación al proyecto de ley de indulto general para los detenidos durante las protestas del estallido social.
Chevesich señaló que «el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular no puede comentar ni valorar el ejercicio de las prorrogativas que la Carta Fundamental le entrega a parlamentarios. Y será en esa sede, en el Congreso Nacional, donde deberá analizarse si es pertinente o no que sea ley de la República una indulte a las personas a las que se refiere esa dicha ley».
«No puede un juez o jueza hacer una anticipación previo a conocer los antecedentes de la causa, pero hay que tener certeza y tranquilidad en que los jueces no fallan según la postura política o ideológica que puede tener un imputado», agregó, según consigna Emol.
Chevesich explicó que los jueces resuelven «conforme a las pruebas que rinden partes, Ministerio Público, Defensoría Penal, sea pública o privada,, analiza la prueba, y con su mérito deberá considerar le hecho, ya sea como delito común, político, y deberá dictar las medidas que estima pertinentes».
También resaltó que «los tribunales, tanto de Garantía como de lo Oral en lo Penal, resuelven los asuntos que son puestos en su conocimiento a través de la acusación o requerimiento que formula el Ministerio Público, y esto tiene que dar origen, si así lo estima pertinente, a un juicio de características oral y público».
Sostuvo además que «es en esa instancia que las partes deben presentar las pruebas, en este caso el Ministerio Público, para acreditar los hechos y la participación que le atribuye a determinadas personas (…) Y la Defensoría Penal deberá hacer sus planteamientos y rendir pruebas que estime pertinente».
Detalló que el Poder Judicial tendrá que resolver «en el caso concreto y previa entrega de antecedentes por ambas partes».
Junto a la Corte Suprema, ya son varias las voces que se han manifestado en contra del proyecto de indulto para los presos del estallido social. Ayer, en un punto de prensa, el Presidente Sebastián Piñera su rechazo a la iniciativa y amenazó con acudir al Tribunal Constitucional (TC) para vetarlo.
Este martes, fue el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien se sumó a las críticas a esta moción parlamentaria. “No creo que corresponda una Ley de Amnistía para aquellos que han cometido delitos y que han destruido la propiedad del país y de todos los chilenos”, dijo el exmandatario, al ser consultado durante una actividad con el canciller Andrés Allamand para conmemorar los 50 años de relaciones diplomáticas con la República Popular China.
El Ministerio Público también salió al paso del proyecto impulsado por senadores de oposición, recalcando que «las personas sometidas a la acción de los Tribunales de Justicia no están en esta condición por su pensamiento o por sus opiniones», por lo que «no puede compartir aseveraciones en orden a que existirían cientos de personas privadas de libertad por delitos menores, o contra quienes se habría hecho un uso indebido o desproporcionado del derecho penal».
