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Reforma al sistema político: a un paso de ponerle candado a los díscolos
El proyecto está prácticamente despachado: el Senado ratificó todas las modificaciones de la Cámara salvo una norma sobre las declaraciones de principios de los partidos. El texto no reduce el número de congresistas ni establece un umbral electoral, pero endurece la creación de colectividades.
Mientras el debate político comienza a llenarse de propuestas para reducir parlamentarios, achicar distritos y elevar las barreras electorales, el proyecto que efectivamente está a un paso de convertirse en ley apunta en otra dirección.
La reforma impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric por el entonces ministro del Interior Álvaro Elizalde no modifica el número de congresistas ni redibuja el mapa electoral. Su objetivo es más acotado, aunque no menor: establecer más exigencias para la creación de partidos, lo mismo para la participación de independientes y entregar mayor poder disciplinario a los comités parlamentarios.
A 52 días de que el Senado la enviara a Comisión Mixta, la iniciativa sigue sin completar su último trámite. Sin embargo, la discusión pendiente es mínima: el Senado aprobó todas las modificaciones introducidas por la Cámara salvo una, referida a la declaración de principios que deberán suscribir los partidos políticos.
En consecuencia, el resto del articulado puede considerarse prácticamente despachado. Estas son sus consecuencias concretas.
Partidos más difíciles de crear
Actualmente, una colectividad puede constituirse en ocho regiones o en tres regiones geográficamente contiguas. La reforma elimina esta segunda alternativa: todo nuevo partido deberá acreditar presencia legal en al menos ocho regiones del país.
También aumentará la cantidad de militantes necesaria. La legislación vigente exige afiliados equivalentes al 0,25% de quienes votaron en la última elección de diputados, con un piso de 500 personas por región. El texto prácticamente aprobado eleva la cifra al 0,3% del padrón electoral definitivo, una base bastante mayor que el número de ciudadanos que efectivamente sufraga. La Cámara moderó la propuesta inicial del Senado, que buscaba subirla al 0,5% y establecer un mínimo de 750 afiliados.
Los partidos ya existentes dispondrán de 18 meses para reunir el nuevo mínimo de afiliados en las regiones donde estén constituidos.
La reforma también busca cerrar la puerta a colectividades creadas como vehículos electorales de corta duración. Quienes hayan organizado exitosamente un partido no podrán postular durante cuatro años como candidatos de otra colectividad.
En materia de financiamiento, se exige representación parlamentaria para acceder a los aportes estatales. Además, si un legislador abandona el partido por el cual fue elegido, esa colectividad continuará recibiendo íntegramente el aporte asociado a sus votos, mientras el eventual nuevo partido no obtendrá recursos adicionales por su incorporación.
Menos espacio para los independientes
Otro eje endurece las condiciones para competir sin militancia.
Los independientes incluidos en las listas de un partido no podrán superar el 50% del total de sus candidaturas a diputados o senadores. La sanción no es menor: si una colectividad excede ese límite, se rechazarán todas las candidaturas que haya declarado para la elección respectiva.
También aumenta indirectamente el número de firmas necesarias para presentar candidaturas independientes al Congreso. El 0,5% requerido dejará de calcularse sobre quienes votaron en la elección anterior y pasará a aplicarse sobre todo el padrón electoral definitivo del distrito o circunscripción. Al existir más personas inscritas que votantes efectivos, la barrera será más alta.
La misma sustitución —desde sufragantes hacia el padrón— se aplica a las candidaturas independientes municipales, de gobernadores regionales y de consejeros regionales. En cambio, la Cámara eliminó el cambio propuesto para las postulaciones independientes a la Presidencia, por lo que esa materia permanece fuera del texto prácticamente acordado.
Los comités ganan poder sobre los parlamentarios
El corazón de la denominada “Ley Antidíscolos II” está dentro del Congreso.
La reforma reconoce legalmente a los comités parlamentarios como los organismos encargados de coordinar políticamente a los partidos en cada cámara. Los congresistas de colectividades pequeñas podrán agruparse para formar uno, mientras los independientes podrán constituir su propio comité o adherir a otro que acepte recibirlos.
El jefe de comité tendrá facultades para coordinar pareos y reemplazos en comisiones, además de autorizar el ingreso y la salida de parlamentarios. Si un legislador abandona su comité, el grupo original conservará las asignaciones que recibía por él y el nuevo no sumará esos recursos.
El incumplimiento de los acuerdos del comité será considerado una infracción grave a la disciplina interna del partido. Los propios comités podrán dictar estatutos y aplicar sanciones proporcionales, aunque deberán respetar el debido proceso y no podrán impedir que un parlamentario vote, presente proyectos o ejerza sus atribuciones legislativas.
La reforma, por tanto, no hace perder el escaño a quien renuncie a su partido, tampoco anula su voto ni lo expulsa del Congreso. Lo castiga políticamente, le dificulta cambiarse de comité y deja los recursos en su grupo de origen, pero preserva sus facultades constitucionales.
La única norma pendiente
La Comisión Mixta deberá resolver una sola divergencia: la redacción de la declaración de principios exigida a los partidos políticos.
El Senado había aprobado una fórmula que obligaba a condenar el uso de la violencia, así como propugnarla o incitarla, como método de acción política. La Cámara amplió esa disposición al incorporar la condena a los sistemas totalitarios y a los actos de corrupción, además del compromiso con la probidad y la transparencia.
Cabe mencionar que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abrió el último debate señalando que existía un “acuerdo mayoritario de varios comités” para rechazar solo esa letra.
En dicha ocasión, el senador Arturo Squella (Partido Republicano) explicó que había conversado con Andrés Longton (RN) y Claudia Pascual (PC), y que existía coincidencia en un punto: el texto aprobado por la Cámara reproducía una norma constitucional, pero con diferencias de redacción que podían generar “problemas interpretativos”.
La solución acordada fue reenviar esa disposición a Comisión Mixta para ajustar su formulación y hacerla coincidir con el texto constitucional vigente.
El resto de las modificaciones introducidas por la Cámara fue ratificado el 9 de junio, con votaciones de entre 25 y 37 apoyos y el cumplimiento de los quórums exigidos para las normas de rango orgánico constitucional.
Lo que la reforma no toca
La discusión de la Ley Miscelánea reabrió en el Congreso una agenda institucional más amplia, pero las propuestas avanzan a velocidades distintas.
La reforma de Elizalde no reduce los actuales 155 diputados, no crea distritos más pequeños, no modifica el sistema proporcional ni establece un umbral nacional para acceder a escaños. Tampoco eleva los requisitos de las acusaciones constitucionales ni incorpora test de drogas o nuevas causales de cesación del cargo.
Esos cambios corresponden a iniciativas separadas. Entre ellas figura una reforma constitucional que establece un umbral electoral del 5%, aprobada por el Senado en 2025, pero congelada desde entonces en la Cámara de Diputados.
Distinto es el caso de las propuestas que comenzaron a tomar forma en las últimas semanas. Parlamentarios como Constanza Hube y Luciano Cruz-Coke han pedido priorizar una agenda institucional, mientras Cruz-Coke y Diego Schalper impulsan mayores exigencias para las acusaciones constitucionales. En paralelo, Eduardo Cretton anunció un proyecto para reducir el número de diputados y achicar los distritos.
Diagnóstico compartido, recetas distintas
En el oficialismo, fuentes cercanas a las bancadas reconocen que la negociación de la Ley Miscelánea volvió a exhibir los costos de la fragmentación parlamentaria y abrió espacio para discutir medidas como la reducción del número de diputados. En ese sector plantean avanzar hacia un sistema que facilite mayorías estables, aunque admiten que corresponde al Ejecutivo definir cuándo y con qué alcance se abrirá esa agenda.
Desde la oposición, fuentes parlamentarias comparten el diagnóstico sobre la necesidad de revisar el sistema, pero advierten que cualquier reforma debe construirse mediante un acuerdo amplio y sin sacrificar el pluralismo ni la representación democrática. También recalcan que los cambios institucionales deben traducirse en una mayor capacidad del Congreso para responder a las prioridades ciudadanas, como seguridad, empleo y costo de la vida.
La coincidencia es que el sistema está atomizado. La disputa comienza cuando se define quién pagará el costo de ordenarlo: los partidos pequeños, los independientes o los parlamentarios que se aparten de las decisiones de sus bancadas.
Por ahora, la única reforma que tiene gran parte de ese camino recorrido sigue esperando una Comisión Mixta. Y mientras el Congreso discute fórmulas más ambiciosas, el proyecto de Elizalde avanza con una lógica mucho más concreta: fortalecer a los partidos y sus jefaturas antes que cambiar el tamaño o la composición del Parlamento.
