En el foro organizado con El Mostrador, la consejera del organismo, Natalia González, subrayó entre los desafíos prioritarios el perfeccionamiento de la ley de 1999, que proteja de manera adecuada la información personal de los usuarios de redes sociales y otras plataformas y la educación a los ciudadanos para que empujen por un aumento de los estándares, de manera de combatir usos abusivos.
Con un año “muy cargado” desde la perspectiva electoral, el Consejo para la Transparencia (CPLT) organizó un encuentro con especialistas para abordar diversos aspectos del tratamiento de datos personales en campañas políticas y la necesidad de impulsar un debate sobre cambios normativos para regular apropiadamente las tecnologías que operan en este ámbito.
En el foro organizado con El Mostrador, la consejera del organismo, Natalia González, subrayó entre los desafíos prioritarios el perfeccionamiento de la ley de 1999, que proteja de manera adecuada la información personal de los usuarios de redes sociales y otras plataformas y la educación a los ciudadanos para que empujen por un aumento de los estándares, de manera de combatir usos abusivos.
Sobre prácticas de uso de información personales en procesos electorales, González subrayó que “tenemos que prevenir y ayudar a incentivar que se prevengan prácticas cuyo fin último es anular a los individuos en el ejercicio de su derecho a informarse, que es parte del derecho a sufragio, y al derecho de sufragio mismo, la base sobre la descansa la legitimidad de los sistemas políticos”.
“Ajustar la legislación es uno de los desafíos prioritarios. Por cierto, no el único”, afirmó la consejera quien subrayó que a partir de la pandemia –y la consecuente aceleración del uso de plataformas digitales, redes sociales y acceso a Internet- resulta clave “educar a la ciudadanía respecto de los derechos que tiene” y a “estar conscientes que su autorización es la que gatilla el uso de esos datos por parte de terceros, y que si no ha consentido en ese uso tiene derechos que lo asisten y tiene derechos que hacer valer, hoy, al menos, ante los tribunales de justicia”.
En ese sentido, González hizo un llamado a los ciudadanos a empujar para que “se genere un marco regulatorio apropiado para que la tecnología sea usada compatiblemente con principios democráticos y nuestros derechos y no a pesar de ellos, o contra ellos”.
La consejera profundizó en el big nudging, práctica orientada a “empujar” ciertas conductas de los usuarios a partir de big data. “Que alguien esté controlando nuestro comportamiento resulta bastante totalitario e incompatible con los derechos humanos y con los principios de los procesos democráticos”, aseveró. Enfatizó en que las instituciones tienen que mirar a los ciudadanos como “socios” y no “como recursos a ser explotados por quienes pueden mal utilizar nuestra información disponible en redes sociales o plataformas digitales”.
En tanto, respecto al el uso del micro-targeting o micro-segmentación, Sebastián Sepúlveda, académico de la Facultad de Comunicaciones UC, apuntó que es relevante para entender el desafío que se impone en materia electoral mirar los incentivos que pueden impulsar a distintos actores para utilizar estas herramientas. En esta línea destacó la posibilidad de abrir la publicidad segmentada al fomento de la participación de segmentos desencantados de la política.
Cristóbal Huneeus, director DataScience Unholster y co-fundador de DecideChile, comentó que a nivel nacional no existiría evidencia de elecciones en las que este tipo de herramientas hayan incidido en los resultados del proceso.
Mencionó, sobre el particular, que la campaña en la que se acuñó el concepto de “Chilezuela”, correspondiente a la segunda vuelta presidencial en la que resultó electo Sebastián Piñera, sólo hay relatos de su efectividad pero no indicadores objetivos que apunten al efecto del micro-targeting.
Marcelo Mendoza, académico de la Universidad Federico Santa María, detalló que a partir de perfiles de los usuarios y de la micro-segmentación es posible aumentar las posibilidades de amplificación de un contenido. Esto a partir de un “umbral de reacción”, es decir, en función del sistema de creencias de las personas, que posibilitan establecer su mayor o menor disposición a propagar un mensaje particular.
En tanto, la directora de la organización Derechos Digitales, María Paz Canales, apuntó a que por motivaciones económicas que impulsan a muchas plataformas, esta polarización o fragmentación política “termina siendo un subproducto o efecto secundario de algo que tiene su origen en un diseño del funcionamiento de la plataforma que tiene todos los incentivos para llegar a este resultado”.
