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Crédito: ATON
Martorell señaló que la pena mínima establecida en este proyecto de ley es la de presidio perpetuo simple, y la máxima, presidio perpetuo calificado. En el caso de que la víctima sea un menor de 14 años o un adulto mayor 65, se aplicará la sentencia máxima.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley que busca endurecer las penas del delito de robo con homicidio, especialmente si las víctimas son menores de 14 años y adultos mayores de 65 años.
Martorell señaló que la pena mínima establecida en este proyecto de ley es la de presidio perpetuo simple, y la máxima, presidio perpetuo calificado. En el caso de que la víctima sea un menor de 14 años o un adulto mayor 65, se aplicará la sentencia máxima.
«Hemos visto una violencia que cruza todo límite, por lo que se ha presentado este proyecto que busca aumentar las penas», dijo Martorell, según consigna Biobío.
La subsecretaria de Prevención del Delito también hizo un llamado al Congreso para que apruebe este proyecto, haciendo hincapié en un aumento de la violencia.
«Esperamos que en el Congreso se tramite con la máxima urgencia, dada las situaciones de violencia que lamentablemente hemos visto en el último tiempo», dijo la subsecretaria.
«Esta iniciativa surge a raíz de los lamentables episodios que han conmocionado al país en días recientes, y que han derivado en la muerte de dos menores de edad en el contexto de hechos delictuales que han involucrado robos de vehículos», detalló el Gobierno a través de un comunicado.
Otra de las modificaciones propuestas incorpora un inciso nuevo al artículo 436 del Código Penal, y tiene por objeto tipificar de manera precisa la conducta de la denominada “encerrona”, entendiendo por tal la apropiación de vehículo motorizado, realizada en la vía pública, mediante la obstaculización de ésta por medio de otro u otros
vehículos motorizados, la que será sancionada con presidio mayor en su grado mínimo, esto es, pena de cárcel entre 5 a 10 años, salvo en aquellos casos en que medie violencia o intimidación, que puede llegar a 20 años de privación de libertad.
