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“Se acoge a tramitación el requerimiento deducido; al primer otrosí, por acompañados los documentos; al segundo otrosí, como se pide a la suspensión del procedimiento solicitada, pero sólo hasta que se resuelva acerca de la admisibilidad del requerimiento”, dice la resolución tomada por la segunda sala del TC, liderada por la presidenta del TC María Luisa Brahm y los ministros Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo y María Pía Silva.
El Tribunal Constitucional (TC) suspendió el proceso penal presentada por la Fiscalía Sur en contra del profesor Roberto Campos, para quien se solicitan 8 años de cárcel por los daños ocasionados en la estación de Metro San Joaquín antes del inicio oficial del estallido social.
El TC tomó esta decisión luego de que los defensores penales públicos Mario Araya y Claudia Fierro acudieran al organismo cuestionando la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado (LSE).
Los abogados del docente piden al TC declarar inconstitucional la invocación de la LSE que a juicio de ellos se ha utilizado históricamente de manera política y que eso se ve reflejado en que la única forma de aplicarla es que el Gobierno la invoque como es el caso que afecta a Campos.
Según los profesionales, el hecho por el que se acusa a Campos impide al Ministerio Público calificar el delito, sino que al final lo hace el poder político, el Ejecutivo, y eso impacta en que la conducta delictual que se imputa no esté completamente descrita en la ley, lo que afecta el principio de tipicidad o taxatividad, garantizados en la Carta Magna.
“Se acoge a tramitación el requerimiento deducido; al primer otrosí, por acompañados los documentos; al segundo otrosí, como se pide a la suspensión del procedimiento solicitada, pero sólo hasta que se resuelva acerca de la admisibilidad del requerimiento”, dice la resolución tomada por la segunda sala del TC, liderada por la presidenta del TC María Luisa Brahm y los ministros Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo y María Pía Silva.
