Cuenta pública de la Superintendencia de Educación Superior: 46 instituciones fueron clasificadas en algún riesgo financiero

La Superintendencia de Educación Superior (SES) presentó su cuenta pública correspondiente al año 2020. En ella, la institución detalla que se realizó 1.209 acciones de supervigilancia y fiscalización, y 444 acciones de fiscalización a 98 casas de estudio.

Una de las áreas que priorizó la Superintendencia fue la situación financiera de las instituciones (universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT)). Por ello, les solicitó información financiera y contractual, incluyendo estados financieros auditados, donaciones asociadas a exención tributaria, y operaciones celebradas con personas relacionadas, entre otras.

Con la información, el organismo concluyó que 46 instituciones se encontraban en alguna categoría de riesgo financiero. De ellas, a 38 se le realizaron recomendaciones financieras; a cuatro se le desarrollaron procesos de investigación formal.

Entre las cuatro entidades están la Universidad de La República (que la Superintendencia rechazó su plan de recuperación), la Universidad Pedro de Valdivia (cuyo plan de recuperación fue aceptado), la Universidad de Aconcagua y la Universidad Gabriela Mistral (que se fusionaron con otras instituciones).

Respecto si las casas de estudios entregaban servicios educativos correspondientes a las condiciones contratadas por los estudiantes, 77,8% de las instituciones fiscalizadas -que fueron 45- acreditó el cumplimiento del mínimo establecido por la Superintendencia. En tanto, el 22,2% no cumplió con ese mínimo, aunque con una incidencia en la matrícula del 1,3%.

Reclamos

Los reclamos en materia académica aumentaron en el 2020, en contexto de la pandemia del coronavirus.

El año pasado se tramitaron 4.148 casos, equivalente a 346 reclamos mensuales. Esto corresponde al doble de los 167 casos mensuales reportados en 2019.

Las universidades lideran el monto de reclamos (50,8% del total), seguidas de los IP(41,3) y por últimos están los CFT (7,6%). En tanto, las instituciones pertenecientes a las fuerzas armadas y de orden alcanzaron el 0,3% de los casos.

Si se disgrega por ubicación por zona, la Región Metropolitana acumuló el mayor número de reclamos (66,6%). Siguen la Región de Valparaíso (9,8%), la Región del Biobío (4,9%) y la Región del Maule (3,2%).