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El Ministerio Público emitió un comunicado ante las críticas a su actuación en este tema, dada la extensión de las prisiones preventivas vigentes, y también para aclarar el número de afectados tras las rejas, dado que desde ciertos sectores incluso se ha hablado de 2.500 personas en prisión preventiva. Según la Fiscalía, de los 25 imputados, ocho están acusados y en espera de juicio oral, “procedimiento que se ha visto postergado a consecuencia de la pandemia”.
En medio de la discusión por la idea de un proyecto de indulto para los denominados “presos de la revuelta”, la Fiscalía Nacional señaló que el número de personas que permanecen en prisión preventiva por delitos cometidos asociados al estallido social son actualmente 25.
El Ministerio Público emitió un comunicado ante las críticas a su actuación en este tema, dada la extensión de las prisiones preventivas vigentes, y también para aclarar el número de afectados tras las rejas, dado que desde ciertos sectores incluso se ha hablado de 2.500 personas en prisión preventiva.
El comunicado se suma a las declaraciones del fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, quien negó que se le hubiera pedido a estas personas «autoinculparse» para bajar penas, como señaló el alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue.
«Creo que el alcalde (Jadue) está mal informado respecto de lo que señala o derechamente le proveyeron de información falsa porque en ningún caso nosotros podríamos hacer eso», dijo Guerra en Radio Cooperativa.
Guerra fue enfático en que no hay presos políticos por el estallido social en el país, declaraciones que se suman a las del presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, quien en El Mostrador en La Clave defendió la actuación del Ministerio Público en estos casos, al señalar que “nosotros investigamos hechos, no miramos si la persona es de izquierda, derecha o de centro».
En este sentido, Bravo consideró que «si hay medidas como la prisión preventiva, es que hay elementos de juicio suficientes y contundentes para mantenerlas” y «no porque haya un capricho».
De hecho, al justificar su proceder, la Fiscalía señaló en su comunicado que “los 25 imputados fueron formalizados ante los Tribunales de Justicia, los que determinaron su privación de libertad, por cumplirse las causales legales para ello, en términos de que la Fiscalía presentó antecedentes que justifican la existencia del delito investigado y que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en tal ilícito como autor, cómplice o encubridor. Junto a ello, en todos estos casos los jueces evaluaron si la medida cautelar de prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de las diligencias de la investigación; si la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido; o si existe peligro de que el imputado se fugue”.
Los imputados, todos adultos, fueron formalizados por diversos delitos cometidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Entre otras causas, se cuentan: un imputado por la comisión de homicidio consumado y tres homicidios frustrados; tres personas por activación y/o lanzamiento de bombas molotov; dos imputados por robo con intimidación o violencia; siete por el delito de incendio; tres por porte ilegal de armas; y otros cuatro por robo en lugar no habitado, detalla el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, de los 25 imputados, ocho están acusados y en espera de juicio oral, “procedimiento que se ha visto postergado a consecuencia de la pandemia”. “Para ellos, la Fiscalía solicita diversas penas, entre las que destacan 20 años de presidio por el delito de homicidio consumado y frustrado; 14 años por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y municiones, y microtráfico; 12 años por el delito de incendio, y 5 años y un día por el incendio de una tienda comercial”, señaló el Ministerio Público.
De los imputados, la persona con mayor periodo privada de libertad corresponde a un adulto investigado por el delito de activación de bomba molotov, con 581 días y cuya medida cautelar ha sido revisada y en 9 ocasiones por los Tribunales de Garantía, confirmada 2 veces por la Corte de Apelaciones y ratificada 2 veces por la Corte Suprema. En tanto, quien menos tiempo ha permanecido en prisión preventiva es un imputado por el delito de robo no habitado, con 22 días.
