Cuando el crimen organizado entre a sus anchas

El debate por la seguridad y el crimen se ha tomado la agenda pública del país hace varios años. De acuerdo con los datos de distintas encuestas de opinión pública el tema se ha convertido en la primera preocupación de las personas y el tema central de lo que va  del año. Incluso pasando cuentas políticas a quien debía liderar la cartera encargada del orden y seguridad en el país. 

Operativos, planes y medidas han apuntado a dar señales visibles de cambio, pero  parecen haber aportado poco a las causas de fondo de los problemas de seguridad.  Han apuntado más a los síntomas que a la enfermedad.  

Si hay algo en común detrás del crimen organizado y el narcotráfico es la codicia por el dinero. Por ende, la forma más efectiva de poder atacarlo, es justamente poniéndole obstáculos  a aquello que es más importante: el dinero. 

La denominada “Operación Tokio” evidenció las debilidades de nuestro sistema de prevención del lavado, expuso las grietas de responsabilidad de los distintos actores involucrados en evitar que este tipo de hechos ocurrieran y permitieron que se  movilizaran por cuentas bancarias más de $75 mil millones de pesos en tres años, utilizando empresas de papel y criptoactivos para sacar capitales  ilícitos del país.  

Lo que más sorprende es que el crimen organizado ha entrado a sus anchas al sistema  bancario, moviéndose con total libertad y comodidad por un sistema que ha sido diseñado, al menos en el papel, para evitar que situaciones como esta ocurran.

Lo que debió haber sido un remezón para los bancos, parece no haber provocado más que pequeños ajustes en protocolos y normas internas. 

Los desafíos del país no son pocos para evitar el lavado de activos y quitarle espacio al crimen organizado y el narcotráfico. Se requiere aumentar la comprensión del riesgo del lavado, facilitar y mejorar la calidad y unificar las fuentes de información disponible para la inteligencia financiera; fomentar la formación de personas en conocimientos específicos de prevención financiera del crimen organizado y por sobre todo avanzar en herramientas legales que permitan contar con información sobre dueños reales de personas jurídicas.