Este domingo se llevó a cabo una nueva expulsión de extranjeros en Chile. En el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) se mantuvo detenidas a cerca de 30 personas de nacionalidad venezolana. La situación fue denunciada por distintas organizaciones que afirmaron que la situación no se estaba llevando a cabo de manera correcta por las autoridades, sin embargo, el propio Gobierno salió a defender su actividad matinal dominical.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó que «doy fe que este procedimiento se está ajustando a derecho», luego de que el Servicio Jesuita a Migrantes criticara la expulsión. El secretario de Estado precisó que se trata de una «expulsión administrativa por haber ingresado al país de forma clandestina y sin haber hecho nada en un año, no es que son personas que se estén identificando para ello», mientras que también hay personas condenadas por diversos delitos en el sistema judicial chileno.

«Hay personas condenadas por tráfico de drogas, por robo con violencia (…) y van a conmutar sus penas en sus respectivos países», agregó.

También respondiendo a las críticas el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, agregó que «la recomendación de Naciones Unidas fue no hacer expulsiones colectivas y Chile no hace expulsiones colectivas. Los expulsados judiciales como los administrativos (de hoy), tienen una resolución que les afecta individualmente».

Denuncia por no cumplir «debido proceso»

El sábado, entre las 6 y las 7 de la mañana, la PDI detuvo a las personas en sus hogares y a algunos en sus trabajos para trasladarlos a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) advirtió que la expulsión de extranjeros del país ocurría sin cumplir el «debido proceso», incluyendo a personas con hijos y sin antecedentes penales.

«Aquí estamos como por cuarta vez consecutiva que el Gobierno está deteniendo personas para expulsarlas colectivamente sin debido proceso. Estamos recabando información de cada uno de ellos para presentar recursos de amparo. También quiero mencionar que la ONU ha sido enfática en emplazar al Gobierno para que detenga de inmediato los procesos de expulsiones colectivas por carecer de apego a los Derechos Humanos», dijo la directora nacional de la SJM, Waleska Ureta, quien además hizo un llamado a la sociedad civil a «que no normalicemos este acto indigno de expulsar colectivamente a personas que merecen procesos justos y un trato digno».

Lo mismo hizo la Defensora de la Niñez en Twitter, Patricia Muño recalcó que se debe resguardar interés superior de niños, niñas y adolescentes «y su vínculo familiar es parte central de él». Y dijo esperar que los recursos de amparo presentados por diversas organizaciones sean acogidos para «detener esta política gubernamental que atenta contra los Derechos Humanos». Además, pidió a parlamentarios que controlen la política del Ministerio del Interior que «organiza expulsiones en fin de semana. Cortes no resuelven los amparos y separan familias, sin excluir ni siquiera a casos de Niños, niñas y adolescentes, vulnerando sus Derechos Humanos».

En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso cuatro recursos de amparo en favor de algunos de los migrantes, convocando para ello el principio de «reunificación familiar». Y anunció que se encuentra entrevistando a otros migrantes detenidos para evaluar nuevos amparos.

De acuerdo a la nueva Ley de Migraciones, recientemente implementada, el artículo 8° transitorio permitiría que las personas que ingresaron al país por pasos habilitados, previo al 18 de marzo del 2020, pueden acogerse a un proceso de regulación extraordinaria de su situación migratoria. Si se les venció la visa, por ejemplo, se pueden acoger a este proceso extraordinario. Las personas que entraron por pasos regulares e irregulares, después del 18 de marzo de 2020, no podrían acogerse a ningún proceso. Lo que sí pueden hacer es que tienen 180 días, a partir de la fecha de promulgación de la ley -plazo aún vigente-, y tienen derecho a salir del país a cualquier consulado en el exterior y solicitar algún tipo de visa o permiso para retornar a Chile, sin ser sancionado.

Según la directora del SJM, ellos recaban información durante el día de las personas que estaban detenidas y presentan recursos de amparo. «El problema es que las Cortes de Apelaciones no sesionan los domingos».

«Si los vuelos salen el domingo a las 5 de la mañana, esas personas se van a ir sin siquiera haber visto sus situaciones legales. Al parecer, el modus operandi del gobierno es hacer estas expulsiones durante el fin de semana y hacer que la cancha no quede pareja para los migrantes», declaró Ureta al respecto.