NUEVA CONSTITUCIÓN
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Francisco Orrego Bauzá y Juan Pablo Olmedo Bustos ingresaron un Derecho de Petición para Consulta, dirigido al contralor Jorge Bermúdez, para que emita un “pronunciamiento y parecer jurídico sobre la Convención Constitucional y convencionales constituyentes”. Argumentan que “resulta imprescindible el parecer de la Contraloría para asegurar la eficiencia y eficacia de los recursos públicos que la Nación toda les ha asignado”.
La instalación de la Convención Constituyente ha abierto una serie de debates políticos y constitucionales, pero también una serie de interrogantes jurídicas que algunos expertos han pedido precisar.
Es así como los abogados Francisco Orrego Bauzá y Juan Pablo Olmedo Bustos ingresaron un Derecho de Petición para Consulta, dirigido al contralor Jorge Bermúdez, para que emita un “pronunciamiento y parecer jurídico sobre la Convención Constitucional y convencionales constituyentes”.
Hasta ahora se había informado que entidades como el Consejo para la Transparencia y la Contraloría no tienen facultades para fiscalizar a la Convención Constitucional, tal como se señaló ayer en la reunión que sostuvieron los titulares de ambos organismos con la mesa de la Convención. El argumento es que los mecanismos de transparencia, acceso a información y otras materias asociadas al funcionamiento de la Convención, deben ser definidas de manera autónoma y soberana por las y los convencionales constituyentes.
Sin embargo, los abogados Orrego y Olmedo recuerdan en su escrito que la labor de la Contraloría “es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable, financiero y de examen de cuenta y tiene el objetivo de cautelar el principio de legalidad y de probidad es decir, verificar que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos”.
Por eso, buscan que Bermúdez precise “si tanto la Convención Convencional se encuentra sujeta al control y rendición de cuenta de la Contraloría General de la República, así como sus convencionales constituyentes, respecto de la función pública que ejercen y de los recursos públicos que les son asignados”. Argumentan que “resulta imprescindible el parecer de la Contraloría para asegurar la eficiencia y eficacia de los recursos públicos que la Nación toda les ha asignado”.
Los abogados además aluden a la declaración sobre los presos del estallido, que aprobó la Convención la semana pasada, señalando que “siendo que la Declaración evidentemente generó sorpresa y preocupación en el país y excede la tarea que la Constitución Política asignó a la Convención, y que aún no existe un reglamento interno que regule su funcionamiento, el interés nacional exige dar claridad al mandato que la propia Constitución le asigna, sin que exista -en apariencia- órgano fiscalizador alguno que pueda intervenir para que se respete y observe el Estado de Derecho. Ello justifica plenamente la intervención de la Contraloría para velar por el pleno cumplimiento del trabajo constituyente al mandato y límites que fija la Constitución Política”.
