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Crédito: ATON
La acusada aceptó la responsabilidad en la investigación en una audiencia que se realizó el viernes de la semana pasada, siendo condenada a 300 días de presidio con remisión condicional. Además se le levantó la prohibición de salida del país.
La fiscal Viviana González comunicó ante el juez Rodrigo Fuentes, del Juzgado de Garantía de San Javier, un acuerdo con las defensas de los tres imputados por violar el artículo 318 del Código Penal, que establece el delito de atentado contra la salud pública.
Esto se da en el marco del caso «paciente cero de la variante delta», correspondiente al primer contagio por esta cepa del covid-19 en el país, una mujer de 43 años que llegó a Chile proveniente de Miami, quien rompió la cuarentena que debía cumplir para asistir al funeral de su padre.
De acuerdo a Emol, la acusada aceptó la responsabilidad en la investigación en una audiencia que se realizó el viernes de la semana pasada, siendo condenada a 300 días de presidio con remisión condicional. Además se le levantó la prohibición de salida del país.
En relación a la pareja que la acompañó en su viaje desde Santiago a San Javier, ambos fueron sometidos a un procedimiento de suspensión condicional por un año, además de una donación a la Cruz Roja de San Javier de insumos sanitarios equivalente a 300 mil pesos.
También tendrán que fijar domicilio por un año e informar de cualquier cambio a la fiscalía de San Javier, quedando sujetos al cumplimiento de estas condiciones para que sean sobreseídos.
Este hecho trajo consigo una polémica entre el alcalde de San Javier, Jorge Silva, con las autoridades del Ministerio de Salud, ya que el jefe comunal había denunciado que la mujer había asistido al cementerio, lo que en principio fue negado por el Minsal. Sin embargo, luego se confirmó que efectivamente, la mujer había asistido al funeral de su padre.
Al respecto, la seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán señaló que «al no tener certeza sobre si la ‘paciente cero’ había asistido o no al funeral, decidimos llevar a todas las personas que habían asistido (a la ceremonia) a residencias sanitarias y fueron testeadas; afortunadamente, todos salieron negativos».
«El equipo de fiscalizadores acudió al cementerio para verificar cuándo había sido el funeral y nos encontramos con que había sido realizado el 5 de junio y no el 4, como nos había relatado la paciente y su grupo familiar. En conversaciones con la paciente y su familia ellos reconocieron que la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica y que sí había llegado al final del funeral. Lamentablemente, la paciente no respetó las indicaciones que entregó la Seremi de Salud Metropolitana», agregó.
