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Crédito: ATON
De acuerdo a los firmantes de la petición, con esto se cumplirá «con los tratados internacionales suscritos por Chile», recordando que «el Estado tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin distinción alguna de nacionalidad o estatus migratorio, lo que incluye prestar asistencia humanitaria».
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitaron al Gobierno implementar un Plan de migración que garantice los derechos de quienes ingresen a Chile, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo a los firmantes de la petición, con esto se cumplirá «con los tratados internacionales suscritos por Chile», recordando que «el Estado tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin distinción alguna de nacionalidad o estatus migratorio, lo que incluye prestar asistencia humanitaria».
En cuanto a los hechos de violencia registrados este fin de semana, ambos organismos reiteraron su rechazo, instando al Ejecutivo a adoptar todas las medidas necesarias para «que se investiguen y sancionen los hechos de violencia, junto con incorporar medidas para reparar y otorgar protección a las víctimas».
Sobre los desalojos que ocurrieron en la Plaza Brasil, de Iquique, señalan que «deben realizarse respetando los estándares internacionales, evitando que las personas desalojadas queden sin albergue o expuestas a violaciones de otros derechos humanos, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes».
Con lo anterior, enfatizaron en que el plan de migración debe «garantizar el respeto de los derechos de las personas que ingresan al país en situación migratoria, lo que significa asegurarles acceso a un lugar de acogida; pero también debe resguardar los derechos de las personas que viven en el país y que se ven afectadas por la llegada de personas en dicha situación, recordando que es responsabilidad del Estado velar por la convivencia pacífica y respetuosa de las personas que viven en el país, entregando las herramientas necesarias para ello».
